MADRID.- Cada vez son más los países que hacen uso de la pena de muerte o dictan sentencias de ejecución contra personas que cometen delitos de drogas. Entre estos países se encuentran Arabia Saudí, China, Indonesia, Irán y Malasia. Estos justifican el uso de la pena de muerte como manera de hacer frente al narcotráfico.

Así lo denuncia Amnistía Internacional en vísperas del Día Internacional contra la Pena de Muerte. La pena de muerte sigue utilizándose en estos países incumpliendo el derecho internacional, el cual limita su uso a “los delitos más graves”. Los delitos de drogas no entran dentro de esta categoría. 

Estos Estados hacen caso omiso de las pruebas que demuestran que, para poner fin a las muertes relacionadas con las drogas y evitar la transmisión de enfermedades infecciosas, la respuesta que ha resultado efectiva ha sido la basada en los derechos humanos y la salud pública, incluidos la prevención del consumo de sustancias y el acceso a tratamiento. 

China llevó a cabo más ejecuciones que todo el resto del mundo junto pero, puesto que las cifras sobre la pena de muerte se tratan como secreto de Estado en el país, resulta imposible determinar el número exacto. En los últimos años, China ha hecho algunos intentos de reducir su uso de la pena capital, por ejemplo reduciendo el número de delitos punibles con la muerte. Sin embargo, los delitos de drogas siguen castigándose con la muerte.

Indonesia ha ejecutado este año a 14 personas, todas ellas acusadas de tráfico de drogas. Esto ha supuesto un retroceso para un país que, hace tan sólo unos años, contemplaba poner fin a las ejecuciones, y que se ha esforzado con éxito por conseguir la conmutación de las condenas a muerte impuestas a ciudadanos indonesios en otros países. El uso de la pena de muerte en Indonesia está plagado de errores, ya que los sospechosos son torturados de forma habitual para que “confiesen” o son sometidos a juicios injustos.

Irán es el segundo verdugo más prolífico del mundo, superado sólo por China, y en las últimas décadas ha ejecutado a miles de personas por delitos relacionados con las drogas. Sus draconianas leyes respecto a las drogas significan que una persona puede ser condenada a muerte por estar en posesión de 30 gr de heroína o cocaína. Tan sólo en 2015 se han llevado a cabo más de 700 ejecuciones, muchas de ellas de extranjeros y de personas procedentes de entornos socioeconómicos desfavorecidos.

El tráfico de drogas se castiga en Malasia con la pena de muerte preceptiva, y las personas halladas en posesión de ciertas cantidades de sustancias ilegales son automáticamente consideradas narcotraficantes. Malasia no hace pública la información sobre las ejecuciones, pero la labor de observación llevada a cabo por Amnistía Internacional sugiere que la mitad de las penas de muerte impuestas en los últimos años lo han sido por narcotráfico.

Las ejecuciones por delitos relacionados con las drogas han experimentado un espectacular aumento en Arabia Saudí en los últimos tres años. En 2014, casi la mitad de las 92 personas de cuya ejecución se tuvo noticia habían sido condenadas por delitos de drogas. El sistema de justicia saudí carece además de las salvaguardias más básicas para garantizar que se protege el derecho a un juicio justo. En muchos casos, las condenas se imponen después de procedimientos injustos y sumarios que en ocasiones se celebran en secreto.

“Resulta descorazonador que tantos países sigan aferrándose a la falsa idea de que matando a personas conseguirán de algún modo terminar con la adicción o reducir la delincuencia.”

“El uso de la pena de muerte para los delitos de drogas no es ni mucho menos el único motivo de preocupación. Shahrul Izani Suparman, por ejemplo, tenía sólo 19 años cuando fue hallado en posesión de más de 200 gr de cannabis, por lo que automáticamente se le consideró culpable de tráfico de drogas y más tarde fue condenado a una pena preceptiva de muerte en Malasia”, ha manifestado Chiara Sangiorgio, experta de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte.

En muchos de los países en los que se impone la pena de muerte por delitos de drogas, la injusticia se ve agravada por el hecho de que las condenas a muerte se dictan tras juicios manifiestamente injustos. En países como Arabia Saudí, Indonesia o Irán, a los acusados se les niega de forma habitual el acceso a abogados, o se los coacciona, mediante tortura y otros malos tratos, para que realicen “confesiones” que se admiten como prueba.

En abril de 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas, principal órgano deliberante de la ONU, se reunirá en un periodo especial de sesiones sobre las drogas para debatir las prioridades sobre el control mundial de drogas, incluido el uso de la pena de muerte para los delitos de drogas. El último periodo especial de sesiones en torno a este tema tuvo lugar en 1998.

“El periodo especial de sesiones que celebrará la Asamblea General de las Naciones Unidas el año que viene brindará a los Estados una oportunidad crucial de garantizar que las políticas de drogas tanto nacionales como internacionales cumplen el derecho internacional de los derechos humanos. Como primer paso hacia su abolición total, los Estados deben terminar de una vez por todas con el uso de la pena de muerte para los delitos de drogas”, ha manifestado Chiara Sangiorgio.