Un juez chileno procesó y ordenó la detención el lunes de 98 agentes y colaboradores de la represiva policía secreta del fallecido ex dictador Augusto Pinochet, en el arresto más masivo, hasta el momento, por violaciones a los derechos humanos en el país.

El procesamiento de ex militares, policías y civiles colaboradores de la entonces Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) fue ordenado por el juez Víctor Montiglio para investigar responsabilidades en el asesinato encubierto de 42 personas en la Operación Colombo, en los primeros años de la dictadura de Pinochet (1973-1990).

Una treintena de los ex agentes y colaboradores del caso Colombo, incluyendo a los ex jerarcas de la DINA, ya están encarcelados por otros casos de violaciones a los derechos humanos.

La operación Colombo consistió en el encubrimiento del secuestro y asesinato de 119 opositores a Pinochet, aunque en la época se informó de que habían huido del país y, posteriormente, que habían muerto en rencillas internas.

'Falta conocer en el fondo el destino de las personas desaparecidas, si fueron realmente eliminadas o no, cómo lo fueron y en qué circuntancias', dijo Montiglio a periodistas.

Para encubrir los asesinatos, la policía secreta de Pinochet contó con el montaje y colaboración de las agencias de inteligencia de Argentina y Brasil en el marco de la 'Operación Cóndor', una acción coordinada entre las dictaduras militares que entonces gobernaban en América del Sur.

'Fue una operación yo diría especialmente siniestra, no sólo porque significó asesinatos de numerosos opositores al régimen militar, sino que además acciones de encubrimiento bastante, yo diría, repugnante', dijo a periodistas el ministro de Justicia, Carlos Maldonado.

Durante la dictadura de Pinochet, unas 3.000 personas fueron secuestradas y asesinadas, mientras que otras 28.000 sufrieron torturas, incluida la actual presidenta chilena, Michelle Bachelet.

El Ministerio de Justicia dijo que los militares y ex militares procesados por la Operación Colombo permanecerán detenidos en recintos militares, mientras que los civiles serán enviados a las cárceles de Punta Peuco o Santiago 1.