Los ataques a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) responsable de las investigaciones a diputados vinculados con el paramilitarismo que marcaron la etapa de Álvaro Uribe han cesado. Pero el presidente del tribunal recela de otros intentos de quitar competencias al alto tribunal.

¿Qué consecuencias han tenido las investigaciones de la llamada parapolítica'?

A raíz de estas investigaciones supimos que era una realidad la frase que había pronunciado en una ocasión uno de los líderes paramilitares y que en su día se escuchó con incredulidad: dijo que tenía el 40% del Congreso. Se han abierto investigaciones a muchos congresistas, un 25-30% del congreso. Se han producido bastantes condenas y alguna absolución. Lo que ha pasado es que se ha pretendido quitar la competencia a la CSJ para este tipo de juicios. Afortunadamente, el país cerró el paso a eso. No es conveniente ninguna reforma que altere las competencias de la Corte Suprema, porque está siendo eficaz.

¿El nuevo Gobierno de Juan Manuel Santos tiene alguna reforma en mente?

Hay una iniciativa del Gobierno que pretende una reforma de la Justicia para que las decisiones de la CSJ sean revisadas por la Corte Constitucional (CC). Eso no es conveniente, porque la CC es elegida por el Congreso. Al final, personas elegidas por los congresistas terminarían revisando las decisiones que condenan a los congresistas. No tiene sentido. Reformas de ese tipo no se pueden abrir paso. Las decisiones de la CSJ son de cierre y no pueden ser objeto de revisión por ninguna otra autoridad judicial. Y menos por una Corte Constitucional votada por el congreso para revisar leyes, no para revisar procesos.

Usted y sus compañeros están en las listas de magistrados a los que los servicios secretos hicieron seguimiento ilegalmente.

Es un hecho bochornoso y que tiñe una página de nuestra historia. Por mucho menos cayó Nixon, por espiar a un partido, mientras aquí estamos hablando de la CSJ. Las responsabilidades las aclarará la fiscalía. ¿Qué se pretendía? Desacreditar a la Corte. Como estaba siendo eficaz en juzgar la parapolítica, había que quitarle la confianza de la opinión pública. La columna de hierro era la Justicia y había que minarla. El propósito macabro era asociar a sus magistrados con la mafia, con narcotraficantes. ¡Eran difamaciones!

¿Cómo se trabaja así?

Es muy difícil. Tienes la presión de la prensa, amenazas contra la vida de los magistrados, dejas de usar el teléfono excepto para saludar, pero no como instrumento de trabajo. Sabes que te están investigando la vida patrimonial, fiscal, privada es un atropello que tu vida privada la vulnere quien debería defenderla y protegerla. Pero no lo lograron. La CSJ mantuvo su independencia, no se arrodilló y ha seguido adelante.

Bernardo Moreno, el que fuera secretario de la Presidencia de Álvaro Uribe, ha sido inhabilitado por 18 años en relación al escándalo del espionaje.

La CJS no lleva esta investigación. No señalamos a ningún responsable y pedimos a la fiscalía que sea totalmente independiente en el análisis de la responsabilidad y rigurosa en el examen de la prueba, como debe ser. Tenemos por fuero la atribución de investigar y juzgar a congresistas, pero a los ministros, jefes de departamento, generales, magistrados, embajadores o el jefe del Estado los investiga la fiscalía, y la CSJ sólo los juzga. Los secretarios de la Presidencia de la República se consideran jefes de departamento administrativo, que es equivalente a ministro. Por ello, lo investiga la fiscalía y si decide formular cargos, nosotros lo juzgamos. Por eso yo no me puedo pronunciar.

¿Tampoco llevanla investigación de los falsos positivos?

No, la CSJ sólo lo investigaría si algún militar con fuero, un general o almirante, estuviera involucrado. Pero la sensación que uno tiene como simple ciudadano es que hay orfandad probatoria en estos procesos. No ha habido la prueba suficiente para formular imputaciones. Y por eso a los jueces les ha tocado poner en libertad a muchas personas que han sido detenidas. Creo que la Fiscalía debería crear una unidad especial para investigar este tipo de crímenes. Y ver si se alimentan los procesos penales con mejores pruebas, para poder llegar a condenas. Si no, esos procesos se van a morir por inanición.

¿Qué lecciones saca tras cinco años de aplicación de la ley de Justicia y Paz, que preveía la desmovilización de actores armados y la reducción de sus condenas a cambio de que cooperen y cuenten sus crímenes?

Ya empezamos a ver sentencias, yo creo que pronto habrá más. Se ha avanzado, pero ha habido grandes problemas, las extradiciones lo complicaron [14 líderes paramilitares fueron extraditados a EEUU por narcotráfico en 2008, impidiendo que continuaran con su testimonio]. Hay mucho que mejorar y lo ideal es que se llegue a sancionar por lo menos a los grandes responsables. Pero el proceso de Justicia y Paz es muy importante y hay que apoyarlo con otras acciones. A las masacres, asesinatos, fosas comunes, delitos sexuales, hay que responder con una política de Estado. Yo creo que hay que pensar seriamente en una Comisión de la Verdad, que rescate esa verdad de lo que sucedió que las víctimas puedan saberlo y que no se vuelva a repetir.

¿La Justicia no basta?

No. Hace falta verdad, justicia y un tercer ingrediente, la reparación. Estos factores hay que aplicarlos simultáneamente porque cada uno, aisladamente, no produciría ningún resultado eficaz.