La Comisión Europea ha puesto en marcha por primera vez un mecanismo que permite imponer sanciones a un Estado miembro por violar las reglas europeas del Estado de derecho. El proceso se ha abierto contra Polonia por varios cambios impulsados por el nuevo Gobierno ultraconservador, en especial en relación al Tribunal Constitucional.

"Les he pedido específicamente que nos expliquen por qué dos sentencias (del TC polaco) no han sido cumplidas por parte de las otras instancias del Estado polaco", señaló en rueda de prensa el vicepresidente primero de la CE, el holandés Frans Timmermans, quien hoy mismo remitió una carta a Varsovia para iniciar este diálogo que en última instancia podría desembocar en sanciones al país.

Bruselas también requiere aclaraciones sobre las modificaciones introducidas en el proceso de nominación del presidente y vicepresidente de este alto tribunal, así como sobre los cambios que potencialmente podría limitar su margen de acción como la exigencia de una mayoría de dos tercios en lugar de la mayoría simple para declarar una ley inconstitucional.

La misiva también pide explicaciones a Polonia sobre el refuerzo del control gubernamental que supone la nueva ley de medios públicos aprobada por el Ejecutivo de la primera ministra polaca, Beata Szydlo, del partido ultraconservador y nacionalista Ley y Justicia, liderado por el exmandatario Jaroslaw Kaczynski, y ganador de las elecciones del pasado 25 de octubre.

"El propósito del proceso que hemos lanzado es aclarar los hechos de manera objetiva, evaluar la situación con más profundidad y empezar un diálogo con las autoridades polacas sin prejuzgar ningún posible próximo paso", explicó Timmermans.

Según el vicepresidente primero, la medida ha contado con un amplio respaldo del colegio de comisarios europeos, en el que están representado los 28 países de la UE, que volverá a evaluar la situación del Estado de derecho en Polonia en marzo y decidirá entonces si propone recomendaciones a Varsovia o cierra el proceso.

La fase preliminar de evaluación que comienza ahora es la primera de tres posibles dentro del marco para salvaguardar el Estado de derecho en la UE. En un segundo momento, la Comisión puede proponer recomendaciones al país afectado y, en última instancia y si las violaciones a los valores comunitarios son "graves y persistentes" puede proponer imponer sanciones, como la suspensión del derecho de voto del país en el Consejo de la UE.

Hungría se opone

El primer ministro húngaro, el conservador Viktor Orbán, que protagonizó hace algunos años tensiones similares con la UE por la incompatibilidad de polémicas reformas legislativas con el Derecho de la Unión, ya ha adelantado que su país no apoyará eventuales sanciones contra Polonia.

El Ejecutivo comunitario y el Gobierno polaco han intercambiado hasta ahora una serie de cartas sobre las polémicas reformas impulsadas por Varsovia.

El ministro de Justicia, Zbigniew Ziobro, contestó a un primer escrito de Timmermans con una carta en la que se declaraba "asombrado" por la misiva que le había remitido el vicepresidente primero de la CE y aseguraba que constituía "un intento de ejercer presión sobre un parlamento elegido democráticamente y un gobierno de soberanía en Polonia".

El presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, que dijo la semana pasada que no estaban "vapuleando" a Polonia y abogó por un diálogo constructivo, mantuvo una conversación telefónica el martes con Szydlo, a petición de ésta, para explicarle la posición de Bruselas.

Polonia ha criticado las informaciones "inexactas" sobre el país que se han publicado recientemente y el "escaso conocimiento de la realidad polaca" de algunos periodistas y políticos europeos.

Hoy mismo, Szydlo aseguró antes de conocer la decisión de la CE que "grupos de intereses" extranjeros no podrán parar las reformas impulsadas por el Gobierno.

La primera ministra polaca pretende asistir además a la sesión plenaria del Parlamento Europeo (PE) que abordará la situación política en el país el próximo 20 de enero en Estrasburgo (Francia).