El Tribunal Constitucional francés ha declarado este viernes la inconstitucionalidad del matrimonio entre parejas del mismo sexo, dejando en manos del Parlamento la responsabilidad de decidir sobre un eventual cambio de la regulación en el futuro.

El debate comenzó con la iniciativa de una pareja de mujeres que por medio del recurso llamado Cuestión Prioritaria de Constitucionalidad, pidió al Constitucional revisar los artículos 75 y 144 del Código Penal. Las mujeres, que tienen cuatro hijos, querían casarse para darles una mayor seguridad jurídica a los pequeños.

Sin embargo, según la interpretación del tribunal, estos puntos que establecen que el matrimonio es la unión de una mujer y un hombre, son perfectamente constitucionales y no constituyen una ruptura del principio de igualdad, ya que el legislador es libre de establecer una diferencia entre parejas homosexuales y heterosexuales.

'No corresponde al Consejo Constitucional sustituir la apreciación del legislador sobre la toma en consideración, en este tema, de esa diferencia de situación', indicó. De esta forma, el Consejo adoptó una postura similar a la que tuvo hace unos meses cuando de le preguntó por la constitucionaidad de la autorización de adopción a parejas homosexuales. Como en aquella ocasión, el organismo no quiso condicionar los cambios legislativos y remitió a los parlamentarios esa labor.

Las asociaciones de homosexuales han mostrado su decepción por la decisión que han considerado 'carente del coraje que se le supone a una instancia que pretende ser una Corte Suprema'.

Para el abogado Emmanuel Ludot, que representa a la pareja de lesbianas que llevó la cuestión hasta el Constitucional, la decisión del Consejo es 'política'. 'A un año de las Presidenciales no han querido intervenir y han enviado la patata caliente a los candidatos', ha declarado el letrado.

Pese a su decepción, el abogado aseguró que seguirá buscando resquicios legales para tratar de hacer avanzar la causa del matrimonio homosexual.

En concreto, Ludot tiene previsto ahora que el Constitucional se pronuncie sobre el derecho de que se inscriban en los registros franceses las bodas contraídas por ciudadanos galos en otros países, incluidas las de homosexuales que se hayan casado en países donde estas uniones son legales.

Así, el abogado anunció que sus clientas irán a casarse a Barcelona y, posteriormente, pedirán que su unión sea aceptada en Francia, aunque eso les lleve a retornar ante el Constitucional. 'Cuando uno no puede alcanzar la cima por la cara norte tiene que intentarlo por la cara sur', dijo el abogado.

Más dura se mostró la letrada de la Asociación de Padres Gays y Lesbianas (APGL), Caroline Mecary, quien acusó al Constitucional de 'falta de coraje'. 'Han dejado escapar una ocasión histórica de acabar con una discriminación que sufren tres millones de homosexuales franceses que no pueden casarse', señaló la letrada.