El 19 de enero, una mujer de 35 años de la localidad de Snohomish, en el Estado de Washington (extremo noroeste del país), fue diagnosticada con neumonía tras cuatro días de tos y fiebre; había regresado el día 15 de un viaje familiar a la ciudad china Wuhan. Era el primer caso de coronavirus en Estados Unidos. Casi un mes y medio más tarde, el país ya ha contabilizado 104 casos y seis personas fallecidas, las cuatro últimas anunciadas ayer mismo.

El desconcierto mostrado por la administración Trump, las lagunas de la legislación laboral y la estructura sanitaria del país, basado en un sistema de sanidad y pólizas privadas, han hecho lanzar la voz de alerta entre diversas organizaciones y medios de comunicación: temen que el virus se cebe con Estados Unidos si el gobierno de Trump o los Estados no toman medidas urgentes y contundentes para tomar el timón de la salud pública para frenar o al menos afrontar con eficacia la expansión del virus por el territorio estadounidense.

Los mayores riesgos del país para la expansión incontrolada de la enfermedad son dos: que no existe un sistema sanitario público, por lo que un 20% de la población o no tiene cobertura o tiene una cobertura limitada, y que no existe el derecho a la baja laboral.

Lo primer llevaría a millones de personas a no pedir asistencia médica en caso de estar infectados; lo segundo, a acudir al trabajo estando enfermos y acelerar la expansión de los contagios.

De momento ya hay un dato que no cuadra del todo. Hasta ahora se han contabilizado 104 contagios y 6 muertes. Esto indica un índice de mortalidad del 5,77%. Sin embargo, la tasa de muerte para el coronavirus se estima en torno al 0,7%.

Corea del Sur, que ha realizado pruebas masivas para detectar el virus en su población (ha realizado más de 100.000 test) ha identificado
5.186 casos con un total de 28 muertos. Es decir, una mortalidad del 0,54%, incluso más baja que ese 0,7% calculado por la Organización Mundial de la Salud.

¿Qué indican, entonces, los números de Estados Unidos? Que habría muchos casos sin identificar y que la epidemia podría ir circulando bajo el radar por el país. Una tasa de letalidad del 0,7% implica que habría al menos 865 infecciones en Estados Unidos frente a las 104 detectadas hasta el momento.

Trump confía la crisis del coronavirus al vicpresidente Pence

Desde el principio la administración Trump no ha dado muestras de confianza entre la población. En primer lugar, el presidente designó al vicepresidente Mike Pence al frente del grupo de coordinación de respuesta al coronavirus, una designación muy criticada por los medios de comunicación y diversas organizaciones, que reclamaban a alguien de un perfil más experto.

Otro ejemplo del desconcierto que transmite la administración Trump se halla en el Centro de Prevención y Control de Enfermedades (DCD, en sus siglas en inglés), el organismo encargado de la información oficial sobre contagiados y muertes. Su página web señala que "será actualizada regularmente lunes, miércoles y viernes" y no todos los días, de manera que la población tiene que recurrir a la contabilidad que están realizando al minuto los medios de comunicación.

Para colmo, cuando el propio Trump informó en rueda de prensa el propio el sábado del primer fallecimiento por el coronavirus en el país, mencionó a una mujer. Horas después, el DCD rectificó al presidente. La víctima era un hombre. Así que todo lo que viene de la Casa Blanca están siendo señales de desconcierto.

Con todo, en Estados Unidos las autoridades sanitarias han admitido que sospechan que el virus llevaría circulando seis semanas en el Estado de Washington, donde se han dado los primeros casos. La agencia del medicamento norteamericana (FDA, por sus siglas en inglés) ha anunciado el pasado fin de semana que ya se ha puesto a trabajar para expandir las pruebas para testar el coronavirus entre ciertos laboratorios y hospitales. Medios de comunicación como The New York Times habían denunciado la carencia de estos test en el Estado de Nueva York, en el que viven 20 millones de personas y que el domingo ya alertó del primer caso de coronavirus.

Sin embargo, la decisión de la FDA para expandir los test para detectar a personas contagiadas por el coronavirus llegó 42 días después de que se confirmara el primer infectado en el Estado de Washington.

Además de una pronta respuesta, la estrategia principal para atajar una epidemia como la del coronavirus pasa por que el sistema sanitario controle los casos de personas infectadas y que éstas tengan como referencia a la administración sanitaria en todo momento y no huyan de su radar.

Sin embargo, en Estados Unidos podría estar sucediendo lo contrario: que personas que están infectadas o lo sospechan no acudirían al centro de salud por miedo a la factura que tendrían que asumir.

Cobertura sanitaria para los que se lo pueden permitir

Estados Unidos tiene unos 330 millones de habitantes, que no están cubiertos bajo un sistema de sanidad pública sino a través de pólizas privadas. Una de estas pólizas puede llegar a costar más de 1.500 euros mensuales; en general, de hecho, las personas están aseguradas a través de su trabajo (así, el empleador paga una parte de la póliza). Si están contratadas por una empresa con recursos, el seguro será mejor (aunque siempre hay copagos y elementos no cubiertos); si son, por ejemplo, autónomos, el seguro corre por cuenta de uno.

Es por este motivo, según denuncia la organización Public Citizen, que 28 millones de personas, entre ellos 4,3 millones de menores de edad, no tienen ningún tipo de cobertura médica y otros 40 millones tienen una cobertura limitada. Esto es el 20% del país. Conclusión: unos mimbres nefastos para afrontar una epidemia con una elevada velocidad de propagación como es el coronavirus.

El Miami Herald contó hace unos días el caso de Osmel Martínez Azcue. Tras regresar de un viaje a China, Martínez Azcue empezó a encontrarse con síntomas de gripe. Acudió a un hospital de Miami y le hicieron las pruebas del coronavirus: un análisis de sangre y otro de saliva. Dio negativo. Era gripe corriente. Hasta ahí todo tranquilizador hasta que pocos días después una factura llegó al buzón de su vivienda: el hospital le requería pagar 3.270 dólares.

Martínez Azcue aseguró al Herald que tenía un seguro privado limitado que, en principio, le cubriría 1.870 dólares de esa suma total. Sin embargo, la aseguradora le informó de que para ello debería aportar un informe de su salud de los últimos tres años para probar que su gripe no estaba relacionada con condiciones médicas preexistentes. Si Martínez Azcue no puede aportar ese informe o si la compañía considera que puede existir un vínculo entre algún proceso anterior y esta gripe, puede rechazar cubrir ese gasto.

Un caso aún más paradójico es el que le sucedió a Frank Wucinski, un ciudadano estadounidense que llevaba 15 años trabajando en China y que fue evacuado en febrero por el Departamento de Estado norteamericano (el equivalente el Ministerio de Exteriores).

Wucinski fue trasladado desde China hasta San Diego (California), donde él y su hija fueron puesto en cuarentena durante seis días en un hospital. Al término de ese plazo y con los análisis en negativo, fueron dados de alta. Días después le llegaron dos facturas: una de 2.200 dólares por el vuelo y la hospitalización y otra de casi 2.700 dólares por la ambulancia que lo trasladó del aeropuerto al hospital y por una radiografía que le hicieron en el hospital dos técnicos que no eran plantilla del hospital sino de otra empresa que se hace cargo de este servicio.

Wuckinski, quien al vivir en China no tenía un seguro médico que le dé cobertura en Estados Unidos, rehusó pagarla con el argumento de que fue un traslado y una cuarentena impuestos por el gobierno. Tras salir este caso en medios como The New York Times o Los Ángeles Times, el hospital aseguró que todo había sido un error y que le reclamaría el pago de la factura al gobierno. Con todo, la compañía de la ambulancia y la empresa de rayos X siguen reclamándole el pago de los 2.700 dólares.

El miedo a ir al médico, algo habitual en EEUU

Una encuesta de la Universidad de Chicago publicado en 2018 ya encontró que entorno al 40% de los americanos afirmaban haber evitado una prueba médica recomendada o un tratamiento debido a su precio y un 44% aseguraba que habían evitado ir al médico durante el último año y a pesar de estar enfermos, debido a su coste.

Por otro lado, en cuanto a que las leyes norteamericanas no recogen la posibilidad de bajas laborales pagadas, un estudio de 2010 de la Universidad de Pennsylvania ya reveló que durante la epidemia de la llamada gripe porcina (que se inició en marzo de 2009 en el sur de Estados Unidos y México), tres de cada diez trabajadores no dejaron de acudir al trabajo a pesar de estar enfermos con el virus.

El estudio calcula que al menos 26 millones de norteamericanos mayores de edad que contrajeron la gripe y asegura que siete millones de esas infecciones fueron causadas por personas que fueron a trabajar enfermos ante la inexistencia de bajas laborales pagadas.

Esta investigación ya alertaba de que el 38% de los trabajadores del sector privado no tenía el derecho siquiera a un día de baja laboral pagado, un porcentaje que se elevaba al 73% en el caso de los trabajadores a tiempo parcial. El sector público tiene mejores condiciones, pero eso sólo significa que sus empleados tienen derecho a un máximo de seis días de baja pagados.

Ya en previsión de esta situación, el pasado 20 de febreros, 46 congresistas norteamericanos, liderados por el demócrata de Illinois Jan Schakowsky, dirigieron una carta a Donald Trump para reclamarle que el gobierno federal garantice que los tratamientos y posibles vacunas para el coronavirus tengan un precio razonable y asequible.

"Los objetivos [de lograr una medicación o vacuna con un precio asequible] no podrán lograrse si se les concede a las farmacéuticas la potestad de fijar los precios y determinar su distribución ni poniendo el interés en el beneficio por encima de la salud pública. Los norteamericanos tienen que beneficiarse de los resultados de la inversión pública", aseguraba la misiva a la Casa Blanca.

"Si no se produce una acción contundente para proteger la salud pública de los ciudadanos", concluía la carta, "tememos que especialmente las personas con ingresos medios y bajos no sean adecuadamente protegidas contra la epidemia del coronavirus".

Un estudio de Public Citizen ha cifrado en casi 700 millones de dólares la cantidad de dinero público destinada por el Gobierno de Estados unidos a la investigación y desarrollo de un tratamiento o vacuna para los diferentes tipos de coronavirus desde 2002, esto incluye las variantes anteriores del SARS (2002) y el MERS (2012).

Este estudio critica que la ingente financiación pública, "el gobierno no ha puesto ninguna condición a las farmacéuticas para garantizar la asequibilidad de los precios, lo que significa que las empresas podrán aplicar el régimen de monopolio para cobrar lo que consideren por un medicamento que los contribuyentes ayudaron a desarrollar".