No habrá convocatoria de elecciones anticipadas en Ecuador. Tras la sublevación policial que acabó el pasado jueves con el presidente Rafael Correa retenido durante horas y ocho muertos en los disturbios, el mandatario ha anunciado que da marcha atrás en su intención de hacer uso de la facultad constitucional conocida como la muerte cruzada, que le permite disolver la asamblea y convocar comicios.

El objetivo de la muerte cruzada es evitar el bloqueo en el Parlamento. Correa analizaba la posibilidad de aplicarla después de que una parte de su grupo parlamentario, Alianza País, se sumara a la oposición el pasado miércoles y rechazara diversos artículos del veto presidencial a la polémica Ley de Servicio Público, cuyos recortes a los funcionarios policiales causaron la revuelta.

A pesar de discrepancias en ciertos temas, en general el bloque legislativo de Alianza País se ha mantenido sólido e indivisible en esta legislatura. Muchos de sus diputados están en contra de la muerte cruzada, ya que no tienen claro que pudieran ser reelegidos y que Alianza País pudiese lograr, si se celebran elecciones, la misma mayoría con que cuentan actualmente. Tanto por el desgaste del Gobierno en los tres últimos años como porque hay dudas sobre qué percepción ha quedado en el público sobre lo ocurrido el pasado jueves.

Y es que el monto de la factura de los sucesos del llamado jueves negro no está todavía claro. Aunque el Gobierno ha enviado un mensaje de que existió un golpe de Estado premeditado, cada día más voces sugieren que, en lugar de un golpe de Estado, lo que hubo fue una mala gestión del descontento de un grupo de agentes de la fuerza pública que terminó en el violento enfrentamiento que dejó estupefactos a los ecuatorianos.

Existe la percepción de que la actitud desafiante de Correa y su estilo de gobernar beligerante es un caldo de cultivo para generar situaciones extremas. 'La prepotencia en la forma de aprobar leyes con la pirueta burda del veto, sin tomar en cuenta las observaciones de la oposición y de grupos posiblemente afectados, ha terminado por explotar', escribió en El Comercio el columnista Martín Pallarés.

En cuanto a la Ley de Servicio Público, el origen de la rebelión policial, fue aprobada ayer por el mecanismo del ‘ministerio de la ley', como se denomina al mero transcurso del plazo para aprobarla sin que exista votación.

El pasado miércoles, la Asamblea no consiguió la mayoría para ratificar la ley, lo que allanó el camino al veto presidencial, que incluye un texto alternativo de Correa.

Si carece de mayoría, como era el caso, el bloque de Alianza País deja sin quórum la sesión de debate de los vetos para que se cumplan los plazos para votarlos y se aplique el ‘ministerio de la ley'.

El Ejecutivo queda fortalecido porque no cedió frente a la presión de los policías, pero su descontento es un problema latente que puede volver a estallar.