Público
Público

Corrupción La consulta anticorrupción en Colombia no supera el umbral para ser aprobada

Era necesario que una tercera parte del censo electoral —que es de 36,4 millones de personas— acudiese a las urnas. Según datos de la Registraduría Nacional, en la consulta han participado 11,6 millones de personas.

Publicidad
Media: 5
Votos: 2

El presidente de Colombia, Iván Duque, vota en la consulta popular anticorrución. / Europa Press

La consulta popular sobre siete medidas contra la corrupción celebrada este domingo en Colombia no ha logrado superar el umbral de 12,1 millones de votos que exige la ley para su aprobación, según ha informado el diario local 'El Espectador'.

La consulta no ha logrado el número de votos necesarios para ser aprobada dado que para ello era necesario que una tercera parte del censo electoral --que es de 36,4 millones de personas-- acudiese a las urnas. Según datos de la Registraduría Nacional, en la consulta han participado 11,6 millones de personas.

No obstante, la propuesta se ha saldado con el respaldo del 99% de aquellos que sí depositaron su voto. "Nos faltaron cinco centavos, pero aquí hubo una zarandeada para la clase política tradicional, la ciudadanía quiere un cambio real y genuino en las prácticas políticas", ha manifestado la senadora del Partido Alianza Verde Angélica Lozano, una de las impulsoras de la consulta.

Lozano, junto a la senadora Claudia López recogieron entre enero y julio más de 4 millones de firmas superando así el umbral del 5% que establece la ley colombiana para impulsar una consulta popular.

La Cámara Alta dio su visto bueno el 5 de junio en una votación que se resolvió con 84 votos a favor y cero en contra. En un último trámite, el presidente saliente, Juan Manuel Santos, firmó el decreto emanado del Senado. Su sucesor, Iván Duque, que tomó posesión del cargo el 7 de agosto, será quien gestione la consulta popular.

La medida más fuerte incluida en la consulta es la que propone "que las personas condenadas por corrupción (...) deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel, sin posibilidad de reclusión especial, y que el Estado pueda dar por terminados los contratos con ellas, sin que haya lugar a indemnización ni posibilidad de volver a contratar".