El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, ha decidido abrir una investigación en Venezuela por presuntas violaciones de derechos humanos. Khan ha firmado un acuerdo de colaboración con Nicolás Maduro, con el que el presidente venezolano ha mostrado su compromiso para cooperar en el proceso.

El anuncio de la investigación se hizo mediante un acto en el Palacio de Miraflores, en Caracas, donde se firmó el memorando de entendimiento. Maduro aseguró que no comparte la decisión, pero al mismo tiempo evidenció que la respeta. El documento recoge que Venezuela "interpreta que no se cumplen los requisitos del artículo 53 del Estatuto de Roma para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la fase de investigación". "Venezuela considera que las denuncias deben ser investigadas en el país por las instituciones nacionales existentes creadas para tal fin", defiende el Gobierno.

"Soy plenamente consciente de las fallas que atraviesa y tiene Venezuela, de las divisiones geopolíticas que existen", pero "nosotros no somos políticos, nos guían principios de legalidad y el Estado de derecho", remarcó, por su parte, Khan.

El fiscal de la CPI dio por concluido el examen preliminar iniciado en 2018 por supuestos abusos que habrían cometido las fuerzas de seguridad venezolanas durante las protestas contra el Gobierno de 2017 y contra algunos políticos encarcelados. El documento firmado por Khan y Maduro destaca que en la primera fase del proceso "no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo y que la investigación tiene por objeto determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona".

Las partes acordaron que Venezuela, como jurisdicción nacional, "adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia, de acuerdo con los estándares internacionales, con el apoyo y el compromiso activo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en virtud del principio de complementariedad".

También "establecer mecanismos para mejorar la cooperación entre las partes y facilitar el efectivo desempeño del mandato del fiscal" en Venezuela. Además, han optado por "esmerarse por concertar medios y mecanismos que contribuyan eficazmente a los esfuerzos de la República Bolivariana de Venezuela para llevar a cabo auténticas actuaciones nacionales". Finalmente, acordaron "trabajar para que el principio de complementariedad tenga un efecto adecuado y significativo", recoge la agencia EFE.

Tras el anuncio del inicio de la investigación, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo, dijo que su país pedirá una revisión de las pesquisas de la CPI. Cabello argumentó que la primera fase no se ha cumplido y puso de ejemplo a Colombia, "17 años en fase preliminar".

En tanto, la oposición venezolana aplaudió la decisión de la CPI. "Es un paso firme hacia la búsqueda de la justicia en Venezuela por los crímenes de lesa humanidad de la dictadura", dijo Julio Borges, representante de Juan Guaidó.

Asimismo, organizaciones como Human Rights Watch (HRW) se manifestaron en la misma línea. "Esta decisión -la primera en la historia de América Latina- le da una esperanza de justicia a las cientos de víctimas de la represión brutal del régimen de Maduro", escribió José Miguel Vivanco, el director para las Américas de HRW en su cuenta de Twitter.