Los casos de espionaje a periodistas, activistas de derechos humanos o dirigentes políticos mediante la herramienta de vigilancia Pegasus, propiedad de la empresa israelí NSO Group, han provocado este viernes nuevas reacciones a ambos lados del Atlántico. Por un lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestaron su preocupación ante los nuevos hallazgos sobre la utilización de Pegasus para espionaje.

"El uso de software de vigilancia ha estado vinculado al arresto, intimidación e incluso al asesinato de periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos, lo cual es sumamente preocupante", señalaron los organismos en un comunicado de prensa conjunto.

El pasado 18 de julio, una investigación a cargo de distintos medios internacionales destapó que varios países intervinieron 50.000 teléfonos con el programa Pegasus, de los que 15.000 casos fueron en México durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la cifra más alta.

Amnistía Internacional (AI), que ofreció apoyo técnico a esa investigación, denunció que "al menos a 180 periodistas de 20 países que fueron seleccionados como posibles objetivos de ataques con el software espía de NSO entre 2016 y junio de 2021". "Entre ellos hay periodistas de Azerbaiyán, Hungría, India y Marruecos, países donde la represión contra los medios de comunicación independientes se ha intensificado", destacó el organismo de derechos humanos en julio pasado.

"El Proyecto Pegasus pone al descubierto que el software espía de NSO es el arma preferida de los gobiernos represivos que intentan silenciar a periodistas, atacar a activistas y aplastar la disidencia, poniendo en peligro innumerables vidas", afirmó entonces Agnès Callamard, secretaria general de AI.

En el comunicado conjunto dado a conocer este viernes, la CIDH y la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos advierten que "es imperativo que los Estados limiten el uso de cualquier tipo de tecnología que pueda tener injerencia en las comunicaciones privadas de acuerdo a estándares internacionales de derechos humanos".

Destacan además que este uso "debe estar delimitado en forma clara y precisa en la ley, ser excepcional y operar en función de lo estrictamente necesario; además, debe contar con autorización judicial previa y una supervisión constante de los organismos estatales pertinentes". Del mismo modo, reclamaron "la moratoria inmediata sobre la venta, la transferencia y el uso de la tecnología de vigilancia hasta que se establezcan marcos normativos en línea con los derechos humanos".

Denuncia de periodistas

De forma paralela, Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha dado a conocer este viernes que 17 periodistas de siete países que "figuraban como víctimas confirmadas o potenciales del programa espía Pegasus" han formulado una serie de denuncias ante la fiscalía de París contra NSO Group y "todas las demás personas que la investigación identifique".

"Sus denuncias completan la que RSF y dos periodistas con doble nacionalidad francesa y marroquí ya presentaron el 20 de julio", explica la organización, que destaca además que "también ha remitido sus casos a Naciones Unidas". "Los 17 periodistas forman parte de la lista de cerca de 200 periodistas identificados por la investigación del Proyecto Pegasus como objetivos potenciales o víctimas reales de la vigilancia clandestina del programa espía Pegasus de NSO Group", apunta.

El periodista español Ignacio Cembrero, especializado en el Magreb, figura entre los denunciantes. Su número de teléfono apareció en la lista de objetivos del programa Pegasus que manejaban las autoridades marroquíes. Asimismo, entre los periodistas que han formulado denuncias por espionaje hay también dos reporteros de Azerbaiyán, cinco de México, cinco de India, dos de Hungría, uno de Marruecos y uno de Togo.

Marruecos amenaza con denuncias

En ese contexto, Marruecos ha fichado al bufete de abogados Ernesto Díaz-Bastien para responder judicialmente a informaciones sobre supuestos espionajes a ciudadanos españoles a través de Pegasus. Así lo ha trasladado la firma de juristas en un comunicado recogido por Europa Press, en el que ha explicado que ha recibido el encargo profesional de iniciar acciones judiciales ante los tribunales españoles por la "reiterada publicación en territorio español de pretendidas noticias falsas, maliciosas e injuriosas contra el Reino de Marruecos y alguno de sus ciudadanos y funcionarios sobre pretendidos espionajes ilícitos a ciudadanos españoles". 

En esta clave, han asegurado que Marruecos "no ha adquirido nunca ni ha utilizado" el software espía Pegasus, al tiempo que han asegurado que las noticias difundidas sobre esta materia "son falsas y maliciosas". "Quienes han venido afirmando o afirmen lo contrario habrán de responder por ello ante los Tribunales de Justicia", advierten en el comunicado.