Al descontento que lleva movilizando Colombia durante una semana por las medidas económicas del Gobierno se añade la conmoción que ha causado la muerte de Dilan Cruz, el joven de 18 años que resultó gravemente herido por el impacto de una granada aturdidora lanzada por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) durante las manifestaciones del sábado pasado.

“A Dilan lo mató el Estado”, sentencia duramente Tania, estudiante presente en el paro de este miércoles. La muerte del joven ha abierto el debate y ha llevado a los sindicatos a incluir el desmantelamiento del Esmad en el pliego de propuestas entregadas al presidente Iván Duque. Lejos de quedar en el olvido, Dilan se ha convertido en el símbolo de las protestas, que no permiten que exista duda alguna: "Dilan no murió. A Dilan lo mataron".

Asesinatos de líderes sociales, indígenas y campesinos

Otra de las motivaciones de las protestas en Colombia es el asesinato de líderes sociales. Según el informe anual del Alto Comisariado de la ONU para los Derechos Humanos sobre el país, en 2018 se reportaron al menos 110 asesinatos a líderes sociales o defensores de los derechos humanos. “Decimos que se está cometiendo un genocidio de los líderes sociales, entre los que estamos los sindicalistas, porque son asesinatos sistemáticos por la condición política”, explica a Público Jaime Salamandra, uno de los portavoces de SINTRAUNAL (Sindicato Mixto de Trabajadores de las Universidades Públicas Nacionales).

El informe Violaciones a los Derechos Humanos en tiempos de Paz, elaborado por el Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz), revelaba unas cifras más desalentadoras para 2018, denunciando el asesinato de 282 líderes sociales. El mismo estudio desvelaba que a principios de septiembre de 2019 las cifras ascendían a 155 muertos.

Un indígena durante la manifestación en Colombia contra la política social y económica del presidente Iván Duque. EFE/ Mauricio Dueñas

Wilson, médico de profesión e integrante de SINTRAUNAL, explica como hace años su trabajo en los páramos le permitió ver la persecución de los indígenas y la expulsión de sus tierras para “terminar con sus niños pidiendo dinero en las carreteras”. “Hay que entender que esta gente tenía su forma de vivir, alejada de cualquier idea que nosotros tengamos. Tenían su tierra, que era su trabajo. Y ahora son apartados, excluidos y ninguneados por el Gobierno”, continúa el sanitario con gesto de tristeza, provocado por el recuerdo de esos episodios.

En cuanto al asesinato de exguerrilleros de las FARC que se acogieron al proceso de paz de 2016, el sindicalista se lamenta al contar que “se hizo un acuerdo de paz que buscaba pasar a un capítulo distinto de la historia colombiana que, por cierto, ha sido una historia que se ha caracterizado por tener muchísima violencia”. “Pensábamos, por lo menos soñábamos, que íbamos a dejar toda esa ola de violencia y de conflictividad atrás para empezar a construir un país”, lamenta el sindicalista.

Los colombianos resisten

Millones de colombianos volvieron a manifestarse este miércoles para mostrar su descontento con el Gobierno de Iván Duque. Con apenas 15 meses en el mandato, el presidente se enfrenta a las duras críticas representadas en las multitudinarias protestas que se registraron en todo el territorio. Las marchas, que se iniciaron la semana pasada y continuaron con multitud de protestas y cacerolazos, conservan su eje central contra la política económica del Ejecutivo, llamada el paquetazo. Sin embargo, el asesinato de Dilan Cruz centró las críticas hacia la represión ejercida por las fuerzas de seguridad. Colombia se mantiene así en el séptimo día de protestas.

La escasa respuesta de Duque a las marchas del pasado 21 de noviembre y a los disturbios vividos en las calles de Bogotá motivó la convocatoria de un nuevo paro este miércoles. Bajo la premisa de ser unas marchas pacíficas, con las que se pretende que el Gobierno abandone las propuestas para la reforma del sistema de pensiones y la flexibilización laboral, las organizaciones sindicales y de estudiantes reivindicaron sus derechos sin que se registraran enfrentamientos con los cuerpos de seguridad.

Un manifestante durante el paro nacional en Colombia. / EFE - Luis Eduardo Noriega

La huelga general convocada a principios de octubre por el Comando Nacional Unitario, que aglutina varios sindicatos como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Confederación General del Trabajo (CGT), entre otros, y por asociaciones de estudiantes, profesores, pensionados y diferentes movimientos sociales, busca transmitir el desacuerdo con las propuestas económicas de Duque. A su vez, los manifestantes reclaman seguridad y paz para el país debido al creciente número de asesinatos de líderes sociales, indígenas y campesinos, y exguerrilleros de las FARC que se acogieron al proceso de paz de 2016.

El ‘paquetazo de Duque’

El paquetazo, propuestas económicas ampliamente criticadas, incluye la flexibilización del mercado laboral y la reforma del organismo estatal de pensiones, Colpensiones. Jaime Salamandra explica que la reforma de las pensiones “busca que las personas trabajen mucho más tiempo, coticen mucho más dinero del que ganan y al final, cuando se van a pensionar, tienen una mesada cada vez más baja”.

En lo referente a la reforma laboral, el sindicalista lo tiene claro al afirmar que “quieren que las personas entre 18 y 25 años ganen un 75% de un salario mínimo que, por cierto, ya es un salario mínimo paupérrimo. Un salario mínimo que no alcanza para absolutamente nada. Y uno hace cálculos, y son muchas las personas que antes de sus 25 años ya han conformado familia, lo que significa que a una familia le estaría tocando vivir con menos de un salario mínimo”.

Por otro lado, expone que la reforma sugiere la “posibilidad de que la jornada laboral se diluya”. “Cuando plantean la posibilidad de trabajar por horas, en realidad, es una trampa porque en Colombia ya se puede trabajar por horas. Si están argumentando esto es para que se diluya ese límite que la ley impone a los empleadores y que puedan tasar o calcular la jornada laboral por horas. Si se quita ese límite, lo más seguro es que a muchas personas las contraten por medio tiempo, o por un cuatro de tiempo, y ahí nuestras condiciones de vida se van a ver cada vez más mermadas”, concluye Salamandra.

Pese a que el Gobierno argumentó en reiteradas ocasiones que no se había presentado ningún proyecto ante el Congreso en el que se incluyan las medidas citadas, puesto que estas no estaban definidas, los convocantes han rebatido los argumentos remitiéndose a las declaraciones del Gobierno en diferentes medios de comunicación del país.