La administración de Donald Trump ha dado un nuevo paso en su cada vez más hostil política hacia Cuba abriendo la puerta a que los ciudadanos americanos –o descendientes— presenten demandas judiciales en Estados Unidos por las propiedades que les fueron confiscadas a raíz de las nacionalizaciones al inicio de la Revolución, hace 60 años.

Se trata de una medida amparada por el Título III de la ley Helms-Burton de 1996 que ningún gobierno anterior se había atrevido a implementar por el riesgo de colapsar el sistema de justicia. Según un oficial del Departamento de Estados, todas las reclamaciones potenciales oscilan entre 75.000 y 200.000. Pero por el momento, el gobierno norteamericano solo permitirá hacerlo al alrededor de 200 entidades y subentidades públicas incluidas en la Lista de Entidades Cubanas Restringidas. Se trata de hoteles, inmobiliarias, explotadores turísticos y sociedades de negocio, entre otros, que mayoritariamente cuelgan del conglomerado militar-industrial GAESA del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Desde hace dos años, Estados Unidos prohíbe a sus ciudadanos realizar transacciones financieras con estas entidades por sus vínculos con las fuerzas de seguridad.

Hasta ahora todos los gobiernos norteamericanos suspendían cada seis meses los efectos del Título III, pero en esta ocasión la prórroga solo ha sido de un mes y ha dejado fuera a las mencionadas entidades. Si se permitiera iniciar acciones legales a todos los potenciales demandantes, algunas empresas europeas estarían sujetas a recibir denuncias en tribunales americanos. El oficial del Departamento de Estado destacó que Washington había dialogado al respecto con sus aliados europeos y que de momento no se contemplaba esa posibilidad. Pero el corto plazo de 30 días es una señal inquietante que desde la Casa Blanca quieren usar para generar incertidumbre entre los inversores extranjeros en la isla. "No podemos prever la decisión del secretario de Estado después de los 30 días", dijo el oficial.

La medida supone un salto de calidad en la hostilidad hacia Cuba por parte de Trump pero también tiene un alto componente simbólico ya que difícilmente tendrán un impacto real sobre las entidades de la lista. Además, algunas de estas empresas gubernamentales tienen colaboraciones en forma de empresas mixtas con contrapartes extranjeras. En el caso de España, cadenas como Meliá o Iberostar operan en hoteles incluidos en las sancionadas. El oficial norteamericano no dejó claro cómo se iba a operar en estos casos ya que aseguró que cuando se tratara de empresas mixtas, la parte extranjera no estaría afectada, pero la cubana sí. Algo complejo de entender al estar unidas en una ‘joint venture’.

Represalia por Venezuela

La puesta en marcha parcial del Título III de la Ley Helms-Burton se interpreta como una represalia a la isla por su apoyo a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, a pesar de que oficialmente la razón debe estar basada en dos supuestos: el interés nacional de Estados Unidos o la “transición a la democracia”.

Asimismo, en su explicación, el oficial del Departamento de Estado recriminó a Cuba su apoyo a la Revolución Bolivariana y al hecho de tener a Rusia y a China como aliados. Esta ley de 1996 se creó para permitir a los cubanoamericanos llevar a los tribunales a todas las empresas, cubanas o extranjeras, beneficiadas por las nacionalizaciones, y sirvió para recrudecer el bloqueo de Washington sobre la isla.

Respuesta de Cuba

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba respondió condenando la "nueva escalada en la conducta agresiva de los Estados Unidos" contra el país. La Habana afirma que las nacionalizaciones cubanas fueron legales y que en su día se compensó a los perjudicados de otros países como España, pero que Estados Unidos rechazó.

También se comprometió con las empresas extranjeras que operan en Cuba a garantizar las inversiones y los proyectos conjuntos. Desde el ejecutivo se ven estas medidas como un intento de recrudecer el bloqueo sobre la isla y “asfixiar” su economía para imponer un gobierno alineado con Washington.

Desde que en 2017 se hiciera público el listado de entidades sancionadas, el impacto se centró sobre todo en la caída del turismo americano, pero Cuba ha ido sorteando las dificultades con soluciones imaginativas. Por ejemplo, el hotel internacional de Varadero será propiedad de la inmobiliaria del Turismo, de los hoteles del MINTUR, a diferencia de como anteriormente se hacia en que los nuevos hoteles pasaban a ser de ALMEST, perteneciente a GAESA.

A pequeña escala, la voluntad de castigar a establecimientos estatales ha llegado hasta varios visitantes que rechazan consumir en ellos. Ante esta situación, algunos restauradores han optado por afirmar que pertenecen al sector privado sin que el turista de a pie se percate.