El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a Rusia a indemnizar con 10.000 euros a la demandante que denunció hace siete años el incumplimiento por parte de las autoridades de ese país de salvaguardar el derecho de manifestación, en este caso, del colectivo LGTBI, en el proceso Berkman v. Rusia. 

La corte internacional ha declarado admisible la solicitud de demanda y ha manifestado el incumplimiento de varios artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos relacionados con la libertad de reunión y la discriminación. Entre ellos, el artículo 5, que sostiene que "toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad", y el artículo 11, que informa sobre el derecho de las personas a la "libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación". 

El 12 de octubre de 2013, un grupo reducido de manifestantes del colectivo LGTBI se reunieron en el gran parque de San Petersburgo llamado Campo de Marte para reivindicar el Día Internacional de la salida del armario. Los convocantes informaron previamente, el 27 de septiembre de ese año, a las autoridades de la marcha. La demandante llegó a la manifestación, en la que había "unas veinte o treinta personas". Sin embargo, la reunión apenas pudo realizarse porque había más de 100 contramanifestantes "agresivos", según explicó la litigante.

"Muchos de ellos vestían trajes nacionales y estaban armados con látigos". Ha explicado, además, que los contrarios a la marcha "insultaron, empujaron y golpearon a los participantes" y que la Policía detuvo a algunos de ellos, pero al poco tiempo los dejaron en libertad. Eso hizo que los ultraconservadores "continuaran con sus ataques verbales y la presión física sobre los activistas LGBTI".

Finalmente, los agentes de policía detuvieron a unos cuantos manifestantes, pero, entre ellos, se encontraba la demandante, que argumentó que los cuerpos de seguridad habían llevado solo a los participantes del Día Internacional de la salida del armario. Hoy el TEDH le da la razón. La sentencia indica que "las autoridades rusas no garantizaron el desarrollo pacífico de una reunión pública en San Petersburgo". En su momento, el Gobierno aseguró que noventa y tres personas habían sido detenidas durante el encuentro "por su alteración del orden público".

Yolanda Rueda, coordinadora de la Comisión Penal de Juezas y Jueces para la Democracia, ha asegurado: "Me parece una muy buena e importante decisión en la línea del TEDH de no convertir los derechos en papel mojado sino imponer a los Estados la obligación de garantizar su ejercicio real, posible y efectivo". La magistrada, en relación a la sentencia, ha expresado que "entre las medidas que debió adoptar el Estado, destaca hacer declaraciones públicas para promover la tolerancia, monitorear las actividades de los grupos homofóbicos o asegurar un perímetro seguro".