Donald Trump declaró el estado de emergencia ante la expansión del coronavirus en Estados Unidos el 13 de marzo. En estos 99 días, el paro (en cifras testimoniales en febrero) ha contagiado a 45 millones de personas y 120.000 estadounidenses han fallecido a causa de la covid-19. Entretanto, los milmillonarios han aumentado su fortuna en 584.000 millones de dólares (un 20% más) mientras que 29 nuevos nombres se han añadido a la lista, que pasa a tener 643 miembros.

Junto a esto, la administración Trump ha aprobado sotto voce reformas legales para desregular sectores como el energético o el industrial o atacar los derechos de los transexuales, y ha aprobado tres paquetes de ayudas dotados con más de dos billones de dólares (prepara un tercero de 3 billones), una cuantía que ha sido orientada hacia las grandes corporaciones en vez de a las familias y las pymes, en virtud de la vieja fórmula de Ronald Reagan: alimentemos las grandes bocas y que los pajarillos se coman las migajas. Varias organizaciones vinculan esta gestión política al hecho de que al menos siete ministerios clave de la administración Trump están en manos de exmiembros o antiguos lobistas de grandes corporaciones, que ahora hacen caja con la crisis.

Así lo denuncia Public Citizen, una organización con sede en Washington que investiga la labor de los lobbies y sus relaciones con el gobierno. El Departamento del Tesoro, clave en la gestión de los paquetes de ayuda por la covid-19, está en manos de Steven Mnuchin, que viene de Goldman Sachs; Comercio lo dirige Wilbur Ross, un banquero millonario con inversiones en las industrias textil, del carbón, el acero o la automoción; al frente de Salud está Diane Foley, exejecutiva de la industria farmacéutica y opuesta al derecho al aborto; el director de la Agencia de Protección Ambiental es Andrew Wheeler, un exlobista del carbón; Interior lo dirige Michaela Noble, exlobista del sector petrolero; Defensa, el general Mark Esper, que lo fue de Raytheon, una de las firmas contratistas de defensa militares más grandes de Estados Unidos; y la Comisión Federal de Comunicaciones la dirige el exabogado de Verizon Ajit Pai, defensor a ultranza de la desregulación.

Prácticamente todos ellos han estado envueltos en polémica en las últimas semanas. El caso más sonado ha rodeado a Mnuchin, al frente del Tesoro. Éste se ha negado ante el Congreso a dar la información de cómo se estaban repartiendo las cuantiosas ayudas públicas fijadas en los paquetes de emergencia de la covid-19. Las dudas se centran especialmente en los 700.000 millones de dólares supuestamente destinados a las pymes y que muchas asociaciones de empresarios dicen que no se están recibiendo. Mnuchin alegó ante el Congreso que no puede dar esa información porque, dijo, es "de los dueños" y "confidencial". Se ha ganado con eso una demanda del Centro para la Integridad Pública, una ONG que investiga "la democracia, los privilegios y el poder", según se autodefinen en su página web.

El gobierno está gastando miles de millones de dólares para afrontar el impacto económico de esta crisis y el público merece saber quiénes se están beneficiando de esas ayudas y quiénes no, puesto que la pandemia amenaza con empeorar la desigualdad de Estados Unidos", explica en un comunicado la directora de esta organización, Susan Smith Richardson, que denuncia que "el programa de cheques de ayuda se previó para ofrecer préstamos cancelables a pymes de menos de 500 empleados, sin embargo, varias compañías grandes, como Shake Shack y Ruth's Chris Steak House, han revelado que han recibido millones de dólares bajo ese programa mientras que numerosas pymes no lo han hecho".

Entretanto, cubriéndose con el espesor de la crisis del coronavirus, la administración Trump ha seguido desmontando la legislación ambiental, que está dejando al país con la estructura normativa que tenía incluso mucho antes de la era Obama. Según la cadena de radios públicas NPR, en las últimas semanas se han eliminado las regulaciones que afectaban a la eficiencia de los combustibles fósiles en coches y camiones, sobre contaminación del aire por la actividad de las centrales de energía y sobre la contaminación de aguas, y se están expandiendo las actividades de fracking en Alaska, todo ello con el visto bueno de la Agencia de Protección Ambiental y otros departamentos vinculados.

En Estados Unidos la Constitución no reconoce la salud como derecho fundamental, de manera que el acceso a la sanidad se realiza de manera general a través del contrato de trabajo, una de cuyas condiciones, además del salario, es el vínculo con una póliza médica privada. Pero con la crisis del coronavirus hay ya 45 millones de parados (y subiendo) en el país, de los que más de 25 millones habrían perdido su cobertura; éstos se suman a los más de 80 millones que o no tenían cobertura o la tenían muy mala. Ante esta situación, frente a la propuesta del senador Bernie Sanders de lanzar un plan de emergencia para implantar una sanidad gratuita y universal mientras dure la pandemia, el gobierno de Trump optó por repartir ayudas millonarias entre los hospitales y el sector de salud privado con el argumento de que es un sector esencial que no puede quebrar.

El resultado ha sido que estas empresas están llenando sus arcas al tiempo que a millones de estadounidenses se les limita el acceso a la salud en una situación crítica como la actual. El grupo United Health, la primera aseguradora médica del país, hizo en abril balance del primer trimestre del año: obtuvo 164 millones de dólares en beneficios, un 3,4% más que en el mismo período de 2019. La compañía admitió que la pandemia de la covid-19 está teniendo un "impacto mínimo" en sus objetivos y, de hecho, afirmó que el grupo "mantiene sus perspectivas de ganancias […] para todo el año en 2020".

En la misma línea, Public Citizen advierte en un comunicado de que "después de recibir un rescate de mil millones de dólares de fondos federales, la Corporación Estadounidense de Hospitales (HCA Healthcare, en inglés) está despidiendo o recortando el sueldo de decenas de miles de médicos y enfermeros mientras que su director general está perdiendo menos del 1 por ciento de su compensación anual". La HCA obtuvo 7.000 millones de dólares en beneficios en los últimos dos años.

No sólo la administración Trump está atacando y desreglando sectores productivos con la excusa o bajo la espesa crisis de la covid-19, también está haciendo lo mismo con la legislación que afecta a asuntos ideológicos. El último zarpazo llegó a finales de la semana pasada, cuando el gobierno liderado por el magnate neoyorkino desmanteló las políticas de Obama que prohibían a las compañías de seguros médicos privadas discriminar a los pacientes transgéneros y a las mujeres que buscaban abortos. Según el medio Político, la Casa Blanca trabajaba con denuedo a finales de abril en esta medida, justo cuando Estados Unidos sumaba cada día 30.000 nuevas infecciones por coronavirus.

En cuanto al nuevo paquete de ayudas, éste fue ya aprobado por la Cámara de los Diputados, de mayoría demócrata, el 15 de mayo, pero el Senado, cámara que controlan los republicanos, aún no han fijado la fecha de su debate y votación. La propuesta aprobada por la cámara baja fijó una dotación inicial de tres billones de dólares, pero los republicanos en el Senado quieren dejarlo en un billón, mientras que Trump apuesta por dos. En cualquier caso, el paquete salió de la Cámara de los Diputados lastrado por el voto en contra de más de una docena de demócratas progresistas, entre ellos, Pramila Jayapal, la promotora en esa cámara de el proyecto de sanidad pública gratuita y universal, que Bernie Sanders lidera en el Senado.

Jayapal explicó entonces en un comunicado que ese paquete de ayudas "no proporciona el suficiente alivio económico a las empresas, sobre todo las pymes, ni mantiene a los trabajadores en sus puestos de trabajo ni garantiza las nóminas. No podemos esperar a que la tasa de desempleo suba al 40% o 50%, lo que sucederá si no actuamos con audacia. Este es el nivel más alto de desempleo que hemos visto desde la Gran Depresión".

Además, la congresista denunció que el paquete de ayudas "tampoco garantiza una atención sanitaria asequible y accesible para todos. Más de 27 millones de personas han perdido su seguro médico porque perdieron su trabajo y se suman a los 87 millones de personas que ya estaban sin seguro o con seguro insuficiente. Ahora, más que nunca, la gente necesita saber que su acceso a la atención médica está garantizado". Si la propuesta ha salido así de una cámara demócrata no parece probable que los republicanos del Senado o la administración Trump vayan a mejorar mucho el enfoque hacia el sentido reclamado por Jayapal y el sector progresista demócrata.

Así que la red de seguridad social de los paquetes de ayudas se ha puesto, pero fundamentalmente por arriba, donde hacen negocio las grandes bocas de Reagan. Según el Instituto de Estudios sobre Políticas, los milmillonarios de Estados Unidos (aquéllos cuyas fortunas superan los mil millones de dólares) han incrementado su riqueza un 20% desde que empezó la pandemia; esto es, han acumulado 584.000 millones de dólares más. Ajenos a cualquier crisis, desde el 18 de marzo se han añadido a la lista de milmillonarios 29 nombres nuevos y ya componen ese club 643 nombres. Sus fortunas acumulan un total de 3,5 billones de dólares, es decir, siete veces el presupuesto de gasto de España de 2019.