Primero sonó el teléfono: una, dos, tres veces. "Tienen a tu marido", escuchó al otro lado de la línea Soledad Nkene cuando por fin descolgó. Después vino el shock. Su esposo, Martín Obiang, exiliado de Guinea Ecuatorial y residente en España desde hacía una década, había sido secuestrado en algún lugar de África y llevado a la fuerza a su país de origen, donde un año antes había sido condenado in absentia (sin estar presente en el juicio) por participar en un supuesto golpe de Estado en 2017.

"¡Si mi marido pisa Guinea lo van a matar!", recuerda haberle gritado a la Policía en la comisaría de la localidad madrileña de Alcalá de Henares cuando fue a denunciar la desaparición de Martín Obiang al día siguiente. Era la misma comisaría que había visitado apenas unos meses antes, cuando acudió junto a su marido a tratar de presentar una denuncia porque un coche los seguía mientras llevaban a sus hijos al colegio o al salir de su casa.

En aquel momento, los agentes le dijeron que "sin agresión no había delito", asegura Nkene. Sí pudo denunciar otro de los ecuatoguineanos secuestrados junto a su marido, Bienvenido Ndong, quien un año antes de su desaparición había alertado a las autoridades de que dos coches le seguían e interpuso entonces una denuncia en la comisaría de Fuenlabrada. Por eso, Soledad Nkene defiende que el secuestro comenzó en Madrid, mucho antes de la desaparición.

Martín Obiang, Bienvenido Ndong y los españoles Julio Obama y Feliciano Efa, todos ellos residentes en España y miembros del grupo opositor Movimiento por la Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República (MLGE3R), viajaron a Juba (Sudán del Sur) para hacer negocios a finales de 2019. Allí fueron retenidos, subidos a un avión y trasladados hasta Guinea Ecuatorial, donde fueron torturados y encarcelados, según la querella de la acusación, a la que ha tenido acceso Público.

Los presuntos autores del secuestro y las torturas fueron Carmelo Obiang, hijo del actual presidente de Guinea Ecuatorial y secretario de Estado de Seguridad Exterior, y otros dos altos cargos de la seguridad interior y exterior del país africano: Nicolás Obama e Isaac Nguema. Todos ellos están siendo investigados en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, a raíz de una querella presentada por el MLGE3R en un intento de traer de vuelta a los secuestrados.

Independientemente de cómo se resuelva la causa, no todos volverán. Uno de ellos, el español Julio Obama, falleció el 15 enero de 2023 mientras cumplía condena en la cárcel de Mongomo. Desde entonces, el Gobierno español ha tratado de repatriar su cuerpo sin éxito. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha eludido hacer declaraciones a este medio sobre el estado de las negociaciones de la repatriación del cuerpo, alegando que se trata de un asunto que está en manos de la Justicia.

El organismo público sí ha manifestado que, "en relación con la investigación abierta en la Audiencia Nacional, el Gobierno español ha trasladado al de la República de Guinea Ecuatorial su escrupuloso respeto por el principio de independencia judicial y la división de poderes".

"Guinea Ecuatorial es una de las peores dictaduras no sólo de África, sino del mundo", explica David Soler, periodista y fundador de África Mundi, un medio digital especializado en información sobre el continente. El totalitarismo no se debe únicamente a su pasado como colonia española, de la que se independizó en 1968 durante los últimos coletazos del franquismo, añade el experto. Desde aquel momento, España "no ha movido un dedo" por influir en la política de su antigua provincia.

A partir de aquel momento ambos países mantuvieron una relación cordial, discreta en términos políticos pero relevante en el ámbito comercial. El país africano es uno de los mayores productores de petróleo de la región. El crudo supone casi el 70% de las exportaciones de este país a España, según el Observatory of Economic Complexity (OEC). Por su parte, España es el segundo importador después de EEUU, de acuerdo con el informe económico y comercial del país de 2020, elaborado por la entidad pública ICEX (España Exportación e Inversiones).

El poder en Guinea Ecuatorial lleva casi 44 años en manos de Teodoro Obiang, líder del Partido Democrático, que gobierna desde 1979. Aquel año Obiang dio un golpe de Estado contra el entonces presidente, Francisco Macías Nguema, su tío, al que acabó fusilando. Durante todos estos años de dictadura, la oposición ha sido duramente reprimida dentro y fuera del país, haciendo de las detenciones secretas en el exterior una práctica habitual.

Así lo refleja un informe elaborado por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional al que Público también ha tenido acceso, en el que se recogen hasta 14 secuestros a opositores en diferentes países africanos desde 1998 hasta la actualidad y que demuestra que la desaparición de los cuatro hombres en España no es un hecho aislado. Este número asciende a 34 si se tiene en cuenta el recuento realizado por la acusación en un escrito basado en informes de organismos internacionales

El informe policial concluye que "los opositores [al régimen de Obiang], aunque hayan recibido protección política internacional en la mayoría de los casos, no están libres del peligro de ser detenidos en terceros países, pudiendo ser deportados posteriormente a Guinea Ecuatorial, donde son torturados y procesados en macro-juicios políticos sin fundamento legal ni garantías".

Y continúa: "La actuación de las autoridades ecuatoguineanas en relación a la detención ilegal, traslado forzoso, tortura y condena injusta a los opositores, responde a un patrón que se observa en el caso investigado y que se repite en la mayoría de los casos".

Los tentáculos del régimen de Obiang

Cuando era pequeña, Soledad Nkene recuerda haber escuchado alguna que otra leyenda sobre personas que desaparecían. Años después, ya residente en España, supo de la desaparición de "unos italianos" que habían sido llevados a la fuerza a Guinea Ecuatorial y encarcelados; eran noticias lejanas que llegaban por redes sociales. "¿Quién sabe qué es verdad en redes sociales?", se preguntaba. "Jamás imaginamos que nos pudiera pasar a nosotros", lamenta.

Aquel caso ocurrido en Italia era el del secuestro de Francisco Micha, ecuatoguineano con residencia permanente en España, y de Fulgencio Obiang, ciudadano italiano también de origen ecuatoguineano. Ambos habían sido detenidos en Togo en 2018, a donde viajaron desde Italia atraídos por una oferta laboral.

Los dos eran activistas y pertenecían a la Coalición Restauradora del Estado Democrático (CORED), un movimiento político formado por ecuatoguineanos exiliados y opositores al régimen de Obiang. Francisco Micha se había significado políticamente desde muy joven, aún durante el Gobierno de Macías, según explican a Público un amigo y la esposa del desaparecido. Aquello lo obligó al exilio en Gabón a una edad temprana y, posteriormente, a España, donde residió desde finales de los años noventa y donde nacieron sus cinco hijos.

En 2017, la CORED se involucró como parte civil en la causa abierta en Francia que condenaría a Teodorín Nguema, vicepresidente de Guinea Ecuatorial e hijo de Teodoro Obiang, por blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos. La mujer de Micha cree que aquello agudizó el hostigamiento del régimen contra los miembros del movimiento opositor.

Tras el intento de golpe de Estado de 2017, el Gobierno ecuatoguineano inició una brutal ofensiva contra la oposición, que desembocó en un macrojuicio que tuvo lugar en marzo de 2019. En él, Francisco Micha y Fulgencio Obiang, pero también tres de los otros cuatro miembros del MLGE3R residentes en España y secuestrados en 2020, fueron condenados in absentia a penas de hasta 60 años de cárcel.

Aquel juicio fue la última noticia que los familiares de Francisco Micha y Fulgencio Obiang tuvieron de sus allegados. "No sé nada de él, si está vivo o si está muerto", lamenta Susana Mikue, esposa de Micha, quien había denunciado la desaparición en la comisaría de Puente de Vallecas tras diez días sin noticias de su marido, según las informaciones recogidas por la Policía Nacional en su informe. Poco después supo que había sido secuestrado y llevado a la fuerza a Guinea Ecuatorial para ser procesado en el macrojuicio de 2019.

Desde entonces, Susana Mikue dice no haber obtenido más información de la Policía sobre el paradero de Micha. El desaparecido no tenía nacionalidad española y, según el testimonio de su mujer, le había sido rechazada la solicitud de asilo político. Dado su estatus de residente permanente, la capacidad de intervención de las autoridades españolas se encuentra jurídicamente limitada.

Fulgencio Obiang, en cambio, sí tenía la nacionalidad italiana. De nuevo según el citado informe, la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione indicó a España que la policía italiana había iniciado una investigación sobre la desaparición de su ciudadano a raíz de una denuncia interpuesta por su hermana, María Clara Ada.

Por el momento, la mujer asegura no tener conocimiento del paradero de Fulgencio Obiang, y lo último que supo fue de él fue su encarcelamiento en 2019. Cada día que pasa, desde hace cinco años, se sobresalta al recibir una llamada telefónica. "No sé qué noticia voy a recibir", evidencia.

María Clara sabía que el secuestro de su hermano era una posibilidad, por eso le pidió que no viajara a Togo. En su genealogía familiar está grabado el secuestro en Benín de su primo José Abeso Nsue Ncharna en 2010 y su posterior ejecución junto a otros excargos del Ejército ecuatoguineano. Todos ellos habían sido acusados de participar en otro intento de golpe de Estado que tuvo lugar en 2004.

Bélgica, España, Italia, Benín o Nigeria… Son muchos los rincones que el régimen de Obiang ha demostrado poder alcanzar. La Policía Nacional española ha recopilado en su informe hasta 14 casos de secuestros de exiliados en Europa u otros países africanos. Como el del refugiado Juan Ondó Abaga, secuestrado en 2005 en Benín. O el de Cipriano Nguema Mba, también refugiado en Bélgica y secuestrado en dos ocasiones, primero en 2008 en Camerún y, tras lograr huir, en Nigeria en 2014. Cuatro años después Cipriano volvió a Bélgica tras ser indultado por el presidente de Guinea.

En el caso de los secuestros a residentes en Europa, confirman fuentes policiales, el patrón es similar: una oferta de trabajo seductora, una importante reunión o un encuentro ineludible que viene acompañado de un billete de avión a un país africano afín al régimen ecuatoguineano y que se resuelve con la detención y el traslado forzoso del opositor a Guinea Ecuatorial.

Algunos de los países en los que son secuestrados los opositores destacan por ser dictaduras familiares como la de Obiang, confirma David Soler. "Guinea Ecuatorial no tiene grandes enemigos en la región, tampoco grandes amigos. La mayoría [de los países donde ocurren los secuestros] tienen gobiernos más o menos autoritarios y, en general, se apoyan".

Según el informe policial, la persecución de los opositores en el extranjero, como parte de la estrategia de represión a quienes se enfrentan al régimen de Obiang, se ha endurecido en los últimos años, especialmente desde el último supuesto golpe de Estado contra Obiang.

Ya en 2007, el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, tras un viaje Guinea Ecuatorial, expresó preocupación por la práctica habitual de las detenciones clandestinas, que empezaron a generalizarse a partir de los años 2000 a raíz del "trasiego relacionado con los presos de Al Qaeda", explica a este medio Manuela Carmena, exrelatora y directora del Grupo de Trabajo de la ONU que visitó el país en 2007 junto a la también exrelatora Soledad Villagra.

De hecho, ambas recogieron en un informe posterior que habían entrevistado a otras cuatro personas detenidas en Libreville (Gabón) y conducidas en secreto a la prisión de Bata (Guinea Ecuatorial). Durante 18 meses, el gobierno ecuatoguineano no reconoció tener bajo su tutela a estas personas, que simplemente habían desaparecido del mapa.

Torturas, detenciones secretas y un sistema judicial dictatorial

El hombre que habla a la cámara lleva un mono rojo. Acerca la boca al micrófono y con la voz temblorosa, dice: "Pido perdón al pueblo de Guinea Ecuatorial [...], pido perdón al jefe de Estado, su excelencia. Me siento un traidor porque él me ha tratado como su hijo [...]. Pido clemencia". Se trata de Martín Obiang, durante su declaración final en el juicio militar al que fue sometido en Guinea Ecuatorial tras su secuestro en Sudán del Sur. Uno tras otro, los acusados pasan frente a la cámara repitiendo el mismo ejercicio.

El juicio que encarceló a los residentes en España se enmarcó dentro de los procesos judiciales que tuvieron lugar tras el supuesto golpe de Estado de 2017. En ellos, 112 personas fueron declaradas culpables y condenadas hasta a 58 años de prisión, según recogió en su informe la Clooney Foundation for Justice, una organización sin ánimo de lucro dedicada a combatir la injusticia contra periodistas, mujeres, minorías y la comunidad LGTBIQ+ en todo el mundo.

En el texto, la fundación se hace eco de las conclusiones del ex relator especial de torturas de la ONU, Juan E. Méndez, quien como parte del Centro de Derechos Humanos de la American Bar Association, acudió a los juicios y recogió testimonios sobre cómo los malos tratos a los acusados se repetían durante el proceso judicial.

Incluso señaló que los tribunales se basaron en confesiones obtenidas bajo tortura, según reza el informe. El mismo expresidente de la Corte Suprema del país, Juan Carlos Ondo, aseguró en una entrevista que esta práctica era habitual en sus cárceles.

El maltrato a los presos políticos en Guinea Ecuatorial se expresa de diferentes formas. "¿Por qué los presos políticos no tienen derecho a ser visitados por sus familias?", se pregunta María Clara Ada, hermana de Fulgencio Obiang. Desde que fuera detenido su hermano, asegura no haber podido hablar con él. Lo mismo ocurre con los familiares de Martín Obiang, Francisco Micha y otros tantos opositores: nada se sabe de ellos desde que entraron en prisión.

"En la Constitución ecuatoguineana hay parte de los principios fundamentales de la dictadura franquista", explica Carmena en declaraciones a Público. Por ejemplo, la inexistencia de la separación de poderes, que a pesar de la reforma de la Carta Magna en 2012, continúa atando la judicatura al mandato presidencial.

El poder judicial es así una extensión de la autoridad de Obiang, que en su persecución a los opositores se deforma hasta superar sus propios límites territoriales. "¿Cómo pueden practicar su ley fuera de su frontera?", plantea desesperada Susana Mikue, esposa de Francisco Micha. Sabe que por más que se lo cuestione no obtendrá respuesta. Pero también sabe que esa pregunta la perseguirá "hasta el día en que muera".

*Se ha modificado esta información para incluir la motivación de la acusación en la presentación de la querella