MÉXICO.- Las fuerzas de seguridad mexicanas han arrestado este viernes al exsecretario de Seguridad de Iguala Felipe Flores, considerado una figura clave en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014, presuntamente a manos de policías corruptos.

La Comisión Nacional de Seguridad ha informado a través de la red social Twitter de que Flores fue detenido a las 07.00 hora local (12.00 GMT) en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida hace dos años.

Una fuente de la Secretaría de Gobernación ha dicho que la captura se llevó a cabo "sin un solo disparo" en un operativo realizado por la Policía Federal, en coordinación con la Fiscalía General, la Marina, la Secretaría de la Defensa y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

Aunque ha calificado de "inesperado" el hecho de que la detención se concretara en Iguala, donde la noche del 26 de septiembre de 2014 los alumnos de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron atacados a tiros por policías, ha destacado que la "labor de inteligencia permitió conocer los detalles" de su paradero.

Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 han pedido que Flores no sea "un detenido más", sino que su arresto sea un paso "para llegar a la verdad". El portavoz de los familiares, Felipe de la Cruz, ha dicho que para ellos la noticia es "bien importante", ya que Flores es uno de los personajes "que hacen falta para ir completando el rompecabezas" de lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014. "Ojalá no sea un detenido más" como los más de cien "que están en la cárcel, pero ninguno de ellos por la desaparición forzada", ha afirmado.

La detención de Flores supondrá "un avance importantísimo en la investigación" del caso Iguala, ha asegurado la fuente.  Flores es considerado uno de los autores intelectuales de lo ocurrido a los jóvenes, junto con el entonces Alcalde de la ciudad, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, ambos en prisión desde noviembre de 2014.

En octubre de 2014, el entonces Fiscal General, Jesús Murillo, acusó tanto a Abarca como a Flores de inducir la represión de los estudiantes, que dejó seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos. Según la versión oficial, los jóvenes fueron detenidos por policías y entregados esa misma noche a miembros del cártel de Guerreros Unidos, quienes los asesinaron, incineraron en un vertedero y arrojaron sus restos a un río.

Dicha versión, calificada por el fiscal Murillo como la "verdad histórica", ha sido cuestionada por los familiares, los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estudiaron durante un año el caso y el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Al cumplirse dos años de la tragedia, el presidente Enrique Peña Nieto se ha comprometido a ampliar las investigaciones con el fin de "saber qué ocurrió" en Iguala. Por este caso hay 130 personas sujetas a proceso, casi todos detenidos, entre autoridades y policías municipales, así como jefes y operadores del crimen organizado.