Trump señala a los ecologistas como otro de sus grupos de oposición incómoda

La Administración Trump ha activado sus tentáculos de poder para actuar contra movimientos sociales de corte ecologista. Aparentemente, nada nuevo en el orden de prioridades que maneja el alma neocon que gobierna sin escrúpulos el Grand Old Party (GOP) y que, en materia de lucha contra la crisis climática, no solo ha vuelto a sacar a EEUU de los Acuerdos de París, sino que, en contra de todo criterio científico, se ha comprometido a restaurar la Vieja Economía fósil que ha dominado el orden mundial en el último siglo. Sin embargo, la actual cruzada anti-verde tiene visos de ser mucho más cruenta en manos de la versión Trump 2.0. 

La venganza política con elevado voltaje de crispación social, el endurecimiento de los objetivos presidenciales de este mandato que contiene el Project 2025 -la hoja de ruta trumpista diseñada por la Heritage Foundation-, la llegada de milmillonarios a las entrañas de la Administración y de puestos claves del equipo económico y, en definitiva, una fórmula gubernamental defensora de una oligarquía o aristocracia que pretende conservar los privilegios de grandes patrimonios y multinacionales, ha puesto su punto de mira sobre la defensa del medio ambiente.

Un selecto grupo de altos funcionarios de la Casa Blanca trabaja en la elaboración de órdenes ejecutivas -el brazo legislativo de un mandatario tan presidencialista como el republicano- para debilitar la capacidad de influencia de estos movimientos en la sociedad civil americana. Con ese leitmotiv que domina la gestión trumpista: despojar a las distintas organizaciones ecologistas, muchas de ellas configuradas como entidades sin ánimo de lucro, de las exenciones tributarias de las que se han beneficiado para realizar su labor de concienciación civil. Detrás de este viraje se encuentra el compromiso adquirido en campaña electoral por el inquilino del Despacho Oval de incrementar la producción de petróleo, gas y carbón.

Fuentes conocedoras de esta maniobra aseguran a Bloomberg que la iniciativa forma parte de una más amplia estrategia de Washington para utilizar el código tributario estadounidense o la financiación gubernamental con el propósito de aislar a los grupos que manifiestan rechazo a la agenda energética de Trump y que, incluso, se extendería a otros que no operan directamente en el combate contra la catástrofe climática. A pesar de que, probablemente, este nuevo intento de saltarse la seguridad jurídica y la legislación vigente -una revocación a la exención de tributos- generaría impugnaciones en los tribunales y podría desembocar en reclamaciones millonarias a la Administración.

Entre otras acusaciones infundadas, intensificadas en eventos conmemorativos como el reciente del Día de la Tierra, se les acusa de tener vínculos con gobiernos extranjeros y obtener recursos financieros fluidos de regímenes como el de China. De hecho, a instancia de algunos congresistas republicanos especialmente críticos con grupos ecologistas y mensajes reivindicativos contra la postura de rechazo de la Casa Blanca a la neutralidad energética, la Administración podría poner en marcha una auténtica caza de brujas. Con posibles investigaciones judiciales de actividades programadas o desarrolladas por organizaciones ambientales y cambios legislativos que podrían interrumpir líneas de donaciones privadas en marcha.

Las fuentes consultadas por Bloomberg exigieron hablar bajo anonimato por ser un asunto que está bajo secreto de las deliberaciones gubernamentales, pero reconocieron su intención de avanzarlo por estar en juego la subsistencia de iniciativas vinculadas a fundaciones filantrópicas.

Combate al ecologista y a la libertad de cátedra

La maniobra de Trump se produce en paralelo a otra polémica decisión federal; en este caso, en contra de la libertad de cátedra, que ha identificado en la Universidad de Harvard, sobre la que pretende que pierda su estatus de exenta de impuestos, para lo cual ha dado orden al Servicio de Impuestos Internos (IRS, según sus siglas en inglés) de que la incluya como "entidad política", tras la negativa a acometer cambios en su gestión por parte del prestigioso centro académico, por cuyas aulas han pasado varios presidentes americanos, como Barack Obama. También las universidades de Columbia y Princeton están en el ojo del huracán.

El propio Trump sugirió hace unas fechas el objetivo que persigue. Afirmó que su gabinete "hará en las próximas semanas algunas declaraciones" sobre grupos que "parecen tan ricos y fuertes pero que, luego, se desmoronan" y, mencionando expresamente al grupo de vigilancia sobre la buena gobernanza Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética, precisó que "la única caridad a la que se dedican es a perseguir a Donald Trump". De igual modo que congresistas republicanos vienen señalando a Code Pink, la Liga de Votantes por la Conservación y el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales como arquetipo de movimiento crítico con la Casa Blanca.

Cualquier intento de revocar el estatus de exención fiscal a destacados grupos ecologistas sería una amenaza para alguna de las organizaciones que llevan décadas promoviendo la limitación de sustancias químicas tóxicas, de la contaminación atmosférica o de las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global. Además de dejar sin fondos a los movimientos climáticos que han presionado a Estados e instituciones estadounidenses para que reduzcan drásticamente la propagación de CO2 y adopten fuentes energéticas renovables.

En un momento en el que Trump acaba de firmar otra orden ejecutiva que exige a la polémica fiscal general, Pam Bondi, que emprenda acciones legales contra leyes o regulaciones estatales que impidan la utilización de petróleo y gas, incluyendo políticas destinadas a abordar la crisis climática y la justicia ambiental.

O cuando la Casa Blanca admite también estar explorando herramientas comerciales específicas para combatir las reglas de juego europeas que rigen los criterios ESG -Environment, Social and Goverment- en los mercados de capitales y, en concreto, para lograr que la UE desmantele la Directiva de Diligencia Debida sobre Sostenibilidad Corporativa (CSDD, según sus siglas inglesas) y que prepara su secretario de Comercio, Howard Lutnick, el banquero de Wall Street predilecto de Elon Musk. Bajo el argumento del alcance "extraterritorial" y las "potenciales consecuencias negativas" que su cumplimiento ocasiona a las empresas estadounidenses.

De hecho, la Cámara de Comercio Americana ante la UE (AmCham) ha solicitado expresamente a Bruselas que detenga los principales puntos de su marco ESG.

Las consecuencias también podrían repercutir en el extranjero y afectar a organizaciones que operan en otros países y reciben apoyo estadounidense.

La independencia de la agencia IRS, en entredicho

El IRS determina si una organización sin fines de lucro pierde su estatus, pero se supone que la agencia debe hacer cumplir las leyes fiscales federales con independencia, sin fines partidistas. En principio, debe suprimir tal privilegio a aquéllas que participen en campaña políticas o tengan ingresos excesivos no relacionados con su misión principal o no presentan declaraciones anuales como contribuyentes al IRS. Pero ahora parece que sus cargos tienen la encomienda de actuar contra lo que Trump denomina la "nueva estafa verde" que prometió desmantelar nada más sacar otra vez a EEUU de los Acuerdos de París.

En paralelo, esta exigencia desreguladora que parte del actual inquilino de la Casa Blanca tiene visos de convertirse en un ariete contra las inversiones ESG. Entre otras razones porque en 2024 las grandes gestoras, con BlackRock a la cabeza, han admitido que sus carteras se han vuelto menos verdes y más propensas a engrosar activos fósiles por su mayor rendimiento bursátil en el último bienio.

Aun así, y para disgusto de Larry Fink, el consejero delegado e BlackRock, que cada vez muestra un mayor alineamiento de intereses con la Administración Trump, los capitales ESG han mostrado una fuerte resiliencia. En 2023, alcanzaron los 25,13 billones de dólares -una cifra muy similar a la de 2022- y en 2024, ejercicio a los que los agoreros del mercado auguraban incluso un receso, se registraron 29,86 billones, un valor similar al del PIB de EEUU, según los datos de Precedence Research, firma de análisis. Las proyecciones de incrementos anuales promedios alcanzan el 18,82% entre 2024 y 2034.

Mientras, Europa domina el mercado de fondos sostenibles, alertan los expertos de Morningstar. Si bien, movimientos como Greenpeace han demandado a la UE por aceptar la energía nuclear y el gas dentro de sus etiquetas verdes, mientras profesionales liberales como consultores o asesores legales han cargado contra los elevados estándares de las auditorías medioambientales europeas. Las Big Four -KPMG, Deloitte, PwC y EY- han intensificado su presión sobre Bruselas con la intención de hacerse con el monopolio auditor de los criterios ESG en Europa y acaparar las certificaciones informadas que acreditan la validez de los proyectos sostenibles de cada compañía a inversores, grupos de interés y accionistas.

Frente a ellas, firmas de menor dimensión, especialmente pymes, pretenden entrar en un negocio que moviliza al año 8.000 millones de dólares en tarifas profesionales. Alguna de ellas, gestoras, otras, relacionados con el mundo jurídico y los despachos de abogados.

La cruzada ideológica republicana, al ataque

Mientras, en EEUU, varios gobernadores republicanos ya prohibieron el uso de valores verdes en sus fondos de pensiones estatales privados o sus emisiones de deuda, entre otras inversiones oficiales, antecediendo al viraje que se preveía bajo las riendas de Trump en la Casa Blanca. La derecha trumpista americana ya declaró la guerra a las inversiones verdes hace más de un año, cuando congresistas y autoridades estatales como el gobernador de Florida, Ron de Santis, salieron en tropel a criticar la legislación ESG europea, a su juicio antiliberal, porque atentaba contra la industria, los bancos y los granjeros estadounidenses.

Los planes de pensiones estatales con sello soberano y bajo gestión de líderes republicanos, que suponen una parte sustancial del ahorro de los retiros laborales de millones de pensionistas estadounidenses, dejaron de invertir en valores verdes. También por considerarlos una bandera de lo que llaman woke capitalism -rechazo despectivo a todo intento de avance, en este caso, a establecer unas reglas de juego ordenadas del mercado- de la antigua Administración Biden.

El Grand Old Party (GOP) contra la ciencia. Así lo expresaron dos de sus congresistas ya en 2024, cuando el Congreso no tenía la doble mayoría cameral republicana con la que cuenta Trump. Tanto el senador Tim Scott, miembro del Comité Bancario de la Cámara Alta, como James Comer, que participa en el de Supervisión y Contabilidad de la Cámara de Representantes. Ambos escribieron sendas misivas al Departamento del Tesoro que entonces dirigía Janet Yellen, y a la SEC (Securities and Exchange Commision), la CNMV estadounidense, en la que arremetían contra "el estilo de regulación climática de la UE" por considerarlo "dañino y perjudicial" para los sectores agrícola, energético y financiero de EEUU.

Ahora, con un Congreso proclive a aprobar cualquier iniciativa de la Casa Blanca, pese a que en EEUU no reina la disciplina de voto de las formaciones políticas, la persecución de los estados de ideología republicana hacia los movimientos medioambientalistas estaría garantizada.