La corrupción ya ha hecho caer a seis ministros de Dilma Rousseff y, en los últimos días, están en el punto de mira los titulares de Trabajo y Ciudades, Carlos Lupi y Mario Negroponte. Desde hace meses, los escándalos se suceden en Brasil casi diariamente en las portadas de los periódicos, poniendo a prueba la aclamada paciencia de los brasileños y la firmeza de la presidenta. Sin embargo, hay un asunto que, tras meses de investigación, sigue silenciado. Afecta a la cúpula del Ejército y podría ser el mayor caso de desviación de dinero público en el que las Fuerzas Armadas brasileñas se han visto involucradas en toda su historia.

El comandante del Ejército, el general Enzo Martins Peri, es uno de los 25 oficiales sospechosos de protagonizar el escándalo de corrupción más destacado de las Fuerzas Armadas en la historia de Brasil. Entre ellos, siete generales y ocho coroneles integrarían una trama que falsificó licitaciones, infló contratos, duplicó pagos y, en fin, desvió dinero público por al menos 15 millones de reales (unos seis millones de euros) entre 2003 y 2009, según los cálculos del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU).

15 altos mandos desviaron dinero público por valor de seis millones de euros

Según el semanario Carta Capital, Peri habría beneficiado a empresas ligadas a militares y exmilitares mientras estuvo al mando del Departamento de Ingeniería y Construcción (DEC) entre 2003 y 2007. También estarían vinculados a la red el Instituto Militar de Ingeniería (IME) y el Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes (DNIT), que ya ha sido acusado de participar en el caso que llevó a la detención de una treintena de funcionarios del Ministerio de Transportes.

Hubo "fraude generalizado" entre estas instituciones y las empresas fantasma de la organización, concluyó el Tribunal. Las cifras dan muestra de ello: mientras Peri estuvo al frente del DEC se firmaron 27 acuerdos con la Fundación Ricardo Franco, que subcontrató a 15 empresas ligadas a los uniformados, algunos de ellos retirados.

El TCU considera al mayor Washing-ton Luiz de Paula como responsable de la red de empresas fachada, de las que eran socios sus familiares y una serie de naranjas, como se denomina en Brasil a falsas personas jurídicas o físicas. Algunas de esas personas viven en favelas como el Complexo do Alemão, en Río de Janeiro. Cuando los individuos en cuestión fueron interrogados, negaron conocer la existencia de la empresa de la que supuestamente eran dueños. Mientras tanto, el mayor, con unos ingresos mensuales estimados en 4.800 euros, acumulaba un patrimonio de cuatro millones de euros en inmuebles, según la citada revista. En un solo año, la cuenta del mayor movió alrededor de 400.000 euros (en moneda brasileña).

La Justicia tendrá que posicionarse sobre la situación de privilegio de la que gozan los oficiales

El TCU apunta a la "conducta culposa" de los dirigentes máximos del IME y el DEC. Algunos contratos se pagaron inmediatamente después de ser suscritos, a menudo sin que mediase documentación alguna. Y todo se hizo de forma sorprendentemente abierta, con el descaro que da la sensación de impunidad. Parece que el Ejército tuvo conocimiento de las anomalías, pero, con el pretexto de preservar la imagen de la institución, prefirió ignorar y blindar el asunto. Para el Tribunal, el comandante debería ser acusado de omisión aun cuando no se demuestre su implicación en la red corrupta.

Queda por ver si está cercano el fin del largo periplo de este caso, que comenzaba su andadura con una denuncia anónima en 2009. El asunto pasó de una institución a otra, de un cajón a otro, sin consecuencia alguna. Tuvo que ser el Tribunal de Cuentas de la Unión el que tomase la iniciativa de auditar las actividades del IME, el DEC y el DNIT. Y el caso llegó así, el pasado 15 de agosto, a la Procuraduría General de la República, donde el informe duerme en algún otro cajón.

El Tribunal Superior Militar sólo ha condenado a un general en toda su historia

Ahora es el procurador general, Roberto Gurgel, quien tendrá que decidir si lo investiga, como pide el Ministerio Público. También deberá posicionarse sobre un tema espinoso: la situación de privilegio de la que gozan en Brasil los generales, que sólo pueden ser juzgados por el Tribunal Superior Militar. En toda su historia, esta institución sólo ha condenado a un general, que además fue posteriormente absuelto por el Tribunal Supremo Federal.

La revista Carta Capital explica que bajo el escándalo se oculta una realidad que a menudo pasa desaper-cibida para la sociedad civil: el conflicto latente entre los oficiales ingenieros y los oficiales de combate.

El general Peri es un caso raro de ingeniero al mando del Ejército. Como era previsible, bajo su autoridad los ingenieros obtuvieron puestos de influencia y, con ello, también levantaron suspicacia en el otro sector. Asegura el semanario que el militar que efectuó la denuncia recibió presiones. De unos, para mantenerse en silencio; y de otros, para promover nuevas denuncias.