Quien ofrezca ayuda legal en China puede acabar entre rejas. Es lo que le ha ocurrido al activista Huang Qi, quien fue condenado en noviembre a tres años de cárcel por "posesión ilegal de secretos de estado", sentencia habitual para encerrar a activistas de derechos humanos y disidentes políticos en China.

Huang había sido detenido en junio de 2008 tras intentar ayudar a las familias que perdieron a sus hijos al derrumbarse centenares de escuelas durante el devastador terremoto que azotó la provincia de Sichuán en mayo de ese mismo año.

Al conocer el veredicto, su esposa, Zeng Li, dijo a la prensa occidental que se trataba de una "venganza" por la implicación de Huang en la defensa de las víctimas del terremoto de Sichuán, en el que murieron alrededor de 10.000 niños, según el Gobierno chino.

Huang ofrecía ayuda legal a los padres que querían denunciar a las autoridades por la construcción defectuosa de las escuelas, que se derrumbaron como castillos de arena durante el temblor, en plena hora de clase.

"Huang Qi debería ser tratado como un ciudadano modelo"

La baja calidad de los edificios ha sido relacionada con la corrupción de los funcionarios locales, que ahorraron en material para sacar provecho de los subsidios del Gobierno central en educación pública.

"Huang Qi debería ser tratado como un ciudadano modelo, comprometido con el Estado de derecho pero, en lugar de esto, ha sido víctima de la ambigüedad de la legislación china sobre secretos de Estado", dijo en un comunicado Sam Zarifi, director de Amnistía Internacional para Asia y el Pacífico.

Zafiri recordó, además, que Huang no tuvo derecho a un juicio justo ni pudo contar con un abogado defensor. El juicio de Huang fue a puerta cerrada: su esposa sólo pudo entrar para escuchar la sentencia y los abogados del activista no pudieron viajar a Chengdu, al no ser avisados con antelación.