BOGOTÁ.- El asesinato de líderes sociales sigue en Colombia. En lo que va de año ya se han producido 51 asesinatos. Según han confirmado fuentes de la delegación colombiana del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al menos 17 de ellos era defensores de los diálogos de paz entre el Gobierno y las FARC. Fueron asesinados por ser considerados “guerrilleros vestidos de civil” por los enemigos del proceso llevado a cabo en La Habana.

El pasado jueves fue encontrada degollada en su finca El Vergel, en el municipio de Corinto (Cauca), la líder social Cecilia Colcué, de 65 años. Era militante de la Marcha Patriótica, movimiento de izquierda que se desarrolla en las zonas rurales y que estaba vinculada a la Asociación de Trabajadores de las Zonas de Reserva Campesinas, que van a ser fundamentales para aplicar el primero de los acuerdos de paz firmados por el Ejecutivo y la guerrilla en la capital cubana.

Tanto el Defensor del Pueblo, como la exsenadora Piedad Córdoba y el propio ministro de Justicia, Juan Fernando Cristo, han condenado y mostrado su alarma por asesinatos como este. Para la comandancia de las FARC, la muerte de Colcué no es un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia contra dirigentes sociales: “No se podrá hacer realidad la paz estable y duradera si persiste el asesinato selectivo de líderes cívicos y populares. Estos hechos demuestran que es urgente la implementación inmediata en los territorios de las medidas acordadas en el punto sobre garantías de seguridad del acuerdo final”, comentan a este diario fuentes de la guerrilla.

El Departamento del Cauca, donde las FARC han mantenido una fuerte influencia durante décadas, se ha convertido en objetivo predilecto de los crímenes contra líderes sociales y campesinos, hasta el punto que el propio presidente, Juan Manuel Santos, ha ordenado la constitución de una comisión investigadora de alto nivel. Durante los últimos días, antes del asesinato de Cecilia Coicue, el Defensor del Pueblo llamó la atención sobre el incremento de las muertes selectivas en la región. El pasado 29 de agosto, según informaba el diario El Espectador, hombres armados vestidos con uniformes militares interceptaron en Almaguer (Cauca) el vehículo en el que viajaban los líderes campesinos Joel Meneses, Nereo Meneses y Ariel Sotelo. Los tres aparecieron muertos más tarde en el lugar conocido como Monte Oscuro.

El comandante guerrillero Pablo Catatumbo y el general Óscar Naranjo, antiguo director de la Policía, trabajaron codo con codo durante los últimos meses de las negociaciones de paz sobre temas relativos a la seguridad postconflicto. Ambos, en conversación con Público, destacan el trabajo realizado sobre el mapa de Colombia que culminará con el despliegue de un sistema especial de protección para desmovilizados y líderes campesinos.

El objetivo es que con la llegada de la paz, el paso de guerrilleros y milicianos a la vida civil no termine en asesinatos, masacres y exterminio, como sucedió con la Unión Patriótica, la fuerza civil que surgió tras el acuerdo de paz del presidente Belisario Betancur en 1984. Más de 3.000 miembros de la organización fueron asesinados, entre ellos dos candidatos a la Presidencia y 13 parlamentarios. Precisamente el hoy jefe negociador de las FARC en La Habana, Iván Márquez, fue uno de los desmovilizados en los años 80, elegido diputado antes de tener que volver al monte para salvar su vida y convertirse en comandante insurgente.

Durante el pasado fin de semana se produjeron nuevos crímenes en diferentes puntos de Colombia. En los últimos días, además, han aparecido en la región de Cesar panfletos firmados por el Grupo Armado de Limpieza Social (GALS) en los que se amenaza a dirigentes sociales de la región. El domingo, Néstor Iván Martínez. portavoz del Consejo Comunitario de las Comunidades Negras, fue asesinado en el municipio de Chiriguaná. Martínez recibió dos tiros en la cabeza. Estaba junto a su familia en la finca de su hermano. El mismo día, unas horas antes, María Fabiola Jiménez, de 69 años, líder comunitaria del municipio de Barbosa (Antioquia), viajaba en un autobus intermunicipal cuando un pasajero se levantó y le descerrajó siete tiros antes de huir tranquilamente.

El principal problema para que culmine satisfactoriamente el proceso de paz en Colombia será la persistencia de la violencia en las regiones y el rechazo a devolver millones de hectáreas a las víctimas expropiadas por caciques y paramilitares. Todo ello además de la supervivencia de una Colombia oligárquica que se ha beneficiado de la guerra en el último medio siglo y que se resiste a que se ratifique y se aplique el acuerdo final para el fin del conflicto.