El primer ministro británico Gordon Brown ha sufrido la primera baja en su gabinete, a menos de un año de llegar al poder. Irregularidades en una serie de donaciones forzaron ayer la salida de Peter Hain, ministro de Empleo y Pensiones. El veterano político, protagonista del movimiento antiapartheid de Sudáfrica, dimitió al conocer que su caso está en manos de la Policía. 'No tengo más alternativa que dimitir', dijo tras garantizar su colaboración con la investigación para 'limpiar mi nombre'.

El Gobierno de Tony Blair acabó en medio de escándalos por las donaciones a partidos. El anterior primer ministro salió de Downing Street con una investigación abierta sobre el llamado escándalo de 'dinero por honores', que llevó a la detención de miembros de su entorno.

Blair sufrió también la humillación de ser el primer mandatario británico al que la Policía interrogó en calidad de testigo. Nadie fue acusado de ofrecer títulos de lord en pago a donaciones al Partido Laborista. Pero la controversia dañó al Ejecutivo y sigue enturbiando el prestigio del laborismo.

Hain ha perdido sus cargos por no declarar a la Comisión Electoral donaciones por unos 140,000 euros que recibió durante las elecciones internas del pasado junio. Aspiraba a ser la mano derecha de Brown, pero quedó en penúltima posición. Ayer pagó fuerte su derrota cuando el ente supervisor de la transparencia e integridad de las carreras electorales solicitó la intervención de Scotland Yard.

Todos manchados

Brown había resistido el embiste de los conservadores, que pedían la cabeza de Hain. Apartó el problema mientras intentaba sortear la crisis del banco Northern Rock y su declive en los sondeos. Aceptó la dimisión sin vacilaciones.

Ninguno de los principales partidos tiene un saldo limpio en el capítulo de las donaciones. El comité de control del Parlamento está investigando al número dos de los tories, John Osborne, por otra supuesta irregularidad.

Pero sobre todo los laboristas sufren las consecuencias de la ruptura de negociaciones sobre la reforma del sistema de financiación de los partidos. El consenso sobre una fórmula se rompió el pasado octubre. La reforma es la gran asignatura pendiente de Brown.

Empieza la batalla por la polémica ley antiterrorista

El Gobierno británico confirmó ayer su intención de extender el periodo de detención de sospechosos de terrorismo hasta un límite de 42 días, sin necesidad de presentar cargos. Jacqui Smith, ministra del Interior, resaltó que la prolongación del actual plazo de 28 días se aplicará en “circunstancias excepcionales” y con las debidas garantías judiciales. La Cámara de los Comunes supervisará cada caso, aunque con efecto retrospectivo, una vez que el sospechoso lleve un mes en comisaría. Las salvaguardas no han disuadido a la férrea oposición contra una medida que puede alienar a la comunidad musulmana. La policía reconoce, además, que nunca ha necesitado retener a un presunto terrorista más allá de los 28 días permitidos. El Gobierno de Brown se enfrenta a una enconada batalla parlamentaria. Unos 40 diputados laboristas están dispuestos a votar con la oposición en contra. Tony Blair tropezó con una oposición similar cuando, en 2005, quiso extender el plazo a 90 días. Fue su primera derrota parlamentaria.