El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este lunes a las diez de la mañana en el Palacio de la Moncloa para ofrecer una declaración oficial sobre Venezuela, en la que reconocerá al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente encargado para que organice la convocatoria de elecciones, han informado fuentes de la Secretaría de Estado de Comunicación.

Esta comparecencia tiene lugar una vez que ayer domingo se cumplió el plazo de ocho días que Sánchez dio a Nicolás Maduro para convocar elecciones libres y democráticas, antes de reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela.

Sánchez, de manera coordinada con los Gobiernos de Francia, Alemania y Reino Unido, avanzó que España reconocería formalmente a Guaidó si Nicolás Maduro no convocaba elecciones. Los cuatro países fueron un paso más allá que el conjunto de la UE, donde las reticencias de varios países impidieron una posición conjunta en ese sentido. También el jueves pasado el Parlamento Europeo reconoció a Guadió en una resolución apoyada por la mayoría de la Cámara y sus cuatro principales partidos.

"No buscamos poner o quitar gobiernos en Venezuela, queremos democracia y elecciones libres y transparentes con las garantías necesarias para que un Gobierno represente al pueblo venezolano", fueron las palabras de Sánchez.

Ahora, está por ver cómo se plasma este reconocimiento y en qué se traduce. Por el momento, Moncloa solo ha hecho saber que se hará de manera expresa y clara. La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, no respondió este viernes, en el Consejo de Ministros, a la pregunta de si el Ejecutivo aceptará a un nuevo embajador nombrado por Guaidó.

El reconocimiento del Parlamento Europeo

Portugal, Polonia, Bélgica y Países Bajos también se han sumado este ultimátum, aunque se espera que "otros" también reconozcan a Guaidó, entre ellos Dinamarca y República Checa.

Austria, uno de los países que rechazó en un primer momento su reconocimiento cambió de opinión este domingo después de la conversación que mantuvo el canciller, Sebastian Kurz, con Juan Guaidó. "Si Maduro no responde a la petición de la UE para elecciones libres y justas, aceptaremos y apoyaremos a Juan Guaidó como presidente 'ad interim' de Venezuela", dijo en Twitter el canciller.

Italia ha sido el país que se ha mantenido más reacio en la UE a reconocer a Guaidó, aunque Grecia, Chipre y Eslovaquia también mostraron reservas a un reconocimiento explícito, mientras que Luxemburgo ha insistido en la necesidad de sopesar "las consecuencias jurídicas" y Suecia ha descartado un reconocimiento expreso atendiendo al principio de que "se reconocen estados, no personalidades", han explicado varias fuentes diplomáticas. Hasta ahora, todos los países europeos se han acogido a este principio recogido en la llamada 'doctrina Estrada'.

Suecia planteó a sus socios europeos una fórmula de compromiso para "aceptar el papel de Guaidó en su capacidad institucional como presidente de la Asamblea Nacional para avanzar en los preparativos de elecciones libres y justas", propuesta que únicamente rechazó Italia.

De este modo, la alta representante de la UE, Federica Mogherini, dejó en manos de los Estados la cuestión del reconocimiento. El pleno de la Eurocámara reconoció a Guaidó este jueves como presidente interino "legítimo" de Venezuela en una propuesta consensuada por los grupos popular, socialista, conservador y liberal, que salió adelante por 439 votos a favor, 104 en contra (entre ellos los de IU, Podemos y ERC) y 88 abstenciones. Eso sí, los Gobiernos de los 28 países miembros decidieron crear un grupo de contacto internacional para facilitar la celebración de las elecciones presidenciales que reclama.

Cumbre internacional sobre Venezuela

En el grupo, que se reunirá por primera vez el próximo 7 de febrero en Montevideo, participarán España, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Suecia, Países Bajos y Reino Unido, por parte de la UE, así como Ecuador, Costa Rica, Uruguay y Bolivia, por el momento. El grupo, que estará coordinado por la Unión Europea, tendrá un mandato "limitado" de 90 días para promover "un entendimiento común y un enfoque concertado entre los actores internacionales clave" con el objetivo de lograr una solución "pacífica y democrática". Si en ese plazo no logra resultados se pondrá fin a su labor.