Cuando los mexicanos deportados de Estados Unidos regresan a su país se sienten como aquel que vivía con la confianza de tener un plan B pero cuando recurre a el, se da cuenta de que no existe. Vivieron años, incluso vidas, ese país sintiéndose autóctonos y queriendo ser tratados como tal, pero la falta de un documento que pusiera "ciudadano americano" se lo impedía. Siempre les quedaba el consuelo de saber que tenían el pasaporte mexicano en el bolsillo, por lo menos, pertenecían a algún lugar. Pero cuando regresan a su país natal, se dan cuenta que los de aquí tampoco los reconocen como parte del grupo.

Lo primero que los mexicanos pierden al irse de Estados Unidos es la identidad, esa paz del que se siente en casa y que, en México, es la cima de una montaña de procesos burocráticos y de integración social que se puede tardar años en escalar. México lleva más de una década recibiendo a los llamados migrantes de retorno, mexicanos que se fueron a Estados Unidos ilegalmente y que, por deportación o decisión propia, deciden regresarse. Del pico de 601.356 en 2009, 2018 se cerró con 203.669 repatriaciones, según datos del gobierno mexicano, que no incluyen a los que regresan por iniciativa propia, por ejemplo, por miedo a una deportación.

Estados Unidos deportó 89.185 mexicanos hasta mayo de este año. A esta tasa de casi 600 depor-tados al mes en promedio, se les pueden acabar sumando los 1.807 que se espera que regresen con las redadas masivas que anunció Donald Trump y los afectados por las llamadas deportaciones express. Este lunes, el Departamento de Seguridad Interior anunció que se repatriarían los inmigran-tes que hubiesen entrado ilegalmente durante los últimos dos años, sin pasar antes por un juez de migración. Por el momento, el Gobierno de México no ha confirmado que haya connacionales afectados por estas medidas. Pero de ser así, esta es la realidad que encontrarán en el país que creían suyo.

"Little LA": un espejismo

Los deportados que llegan a la Ciudad de México terminan por visitar la Plaza de la República tarde o temprano, y no precisamente por el Monumento a la Revolución que hay en el centro, de los principales atractivos turísticos de la ciudad. En los edificios de alrededor están las oficinas de empresas que prestan servicios de atención telefónica, los conocidos call centers. Resolver las quejas de clientes se ha consolidado como el modus vivendi más inmediato que los repatriados encuentran en el país. El hecho de hablar un inglés casi nativo les permite ganar unos 10.000 pesos mensuales (unos 450 euros) por jornadas unas 10 horas, más de lo que se paga de media por trabajos no cuali-ficados en este país.

Esto ha hecho que esta zona de la ciudad se haya ha ganado el nombre de "Little LA", porque entre semana se llena de estos mexicanos de nacimiento pero americanos de cultura. Algunos lo venden como la gran oportunidad de los deportados en su país de origen. Pero para personas acostumbradas a ganar 450 euros en menos de tres días, que regresan motivados para ir a la universidad — que aquí sí es pública — o que se vieron forzados dejar sus negocios en Estados Unidos, esta vida les resulta frustrante.

El inglés también les abre puertas en la enseñanza de idiomas o en el sector turístico. Pero los call centers tienen la ventaja de que el contacto con el cliente es exclusivamente auditivo, no visual, con lo cual, poco importa la estética del trabajador. Y esto, para deportados que lucen tatuajes, es decisivo.

'Spanglish' y tatuajes: etiquetas del estigma social

Las dificultades para encontrar empleo formal es la primera toma de contacto de los deportados con la realidad: nacieron aquí pero no son uno más, un estigma que a muchos les acompaña duran-te su vida postdeportación. Y los elementos más sensibles que marcan la línea que divide a los mexicanos de los no-mexicanos son los tatuajes y el idioma.

Los primeros, porque, según cuentan testimonios, en Estados Unidos se tatúan cosas diferentes que en México. A esto se añade que en este país, la piel tatuada o perforada se asocia a bandas crimina-les, porque hay veces que los tatuajes identifican a los miembros de una pandilla. "Las mujeres no querían que los niños y sus hijas se acercaran a mí porque andaba tatuado", explica José de Santiago, un mexicano criado en Dallas (Texas) desde los 5 años de edad y que deportaron por segunda vez en marzo de este año. En su muñeca izquierda se lee "gangster" (pandillero) y su piel también luce en negro el nombre de la quadrilla que el lideraba en Texas: el Varrio 13.

El segundo, porque el idioma del pocho es el spanglish, una mezcla de palabras y expresiones en español e inglés. Para evitar discriminaciones en la escuela y facilitar la asimilación a la vida ameri-cana, muchas familias emigrantes adoptaron el inglés como idioma oficial en sus hogares en Estados Unidos. Pero en México, la dificultad para rodar las erres o decir "so" en vez de "entonces" les coloca al otro lado de la frontera norte. "Hombres mayores que venían a tomar unas chelitas (cer-vezas) en la tiendita de la esquina me decían que era gabacho (americano) porque no hablaba bien español. Les contesté que viví en Estados Unidos, y me dijeron: 'Aquí estás en México'", explica De Santiago, que no llega ni a los 30 años de edad. Como muchos emigrantes, salió de una zona rural en San Luis Potosí, uno de los estados federados del norte del país.

Cuando recuerda los primeros días después de la deportación en el rancho donde nació, su expresión de ceño fruncido da a entender la confusión que le genera ver que no lo reconocen como uno más. Durante toda su vida americana había tenido que esconder su lugar de nacimiento por miedo a que descubrieran su esta-tus de indocumentado, y ahora que puede manifestar su nacionalidad con libertad, se la niegan.

Expertos apuntan al clasismo que existe en la sociedad mexicana para explicar el rechazo que les produce que un connacional no hable bien el idioma. "Creo que los mexicanos que se quedaron y nunca salieron tienen una idea sobre una persona que habla inglés como rubia, blanca, de clase alta o un extranjero rubio. Por esto, les choca cuando alguien no cumple estas características", explica Rodrigo Domínguez, un investigador del think tank con sede en Washington Migration Policy Institute. Muchos de los deportados emigraron del campo y por dificultades económicas, dos características que suelen asociarse al perfil del mexicano de piel morena.

Identidad "nini": ni mexicano ni americano

Los deportados viven con resignación que Estados Unidos les cerrara la frontera y México, las puertas; pero no conformismo. Ante esta situación, las primeras generaciones de regresados empe-zaron a organizarse y a crear emprendimientos que hoy emplean a los recién repatriados. New Comienzos, por ejemplo, es una organización que, desde hace tres meses, ha puesto en marcha una compañía de intermediación logística con clientes estadounidenses. Hoy los recién deportados pue-den trabajar en inglés y cobrar las comisiones en dólares a los pocos meses de llegar a México. Deportados Brand es una marca de ropa que lanzaron y operan repatriados que superan los 40 años de edad, los que tienen aún más dificultades para integrarse en la vida laboral mexicana. Holacode es una escuela de programación que sólo acepta a repatriados o inmigrantes. Para inscribirse, sus estu-diantes no tienen que homologar los títulos y certificados de estudios que cursaron en su anterior vida, como sí requieren las universidades mexicanas. Ya llevan tres generaciones de egresados, muchos de ellos trabajando en compañías que tienen convenio con la escuela. Según explica su directora de Admisiones, Leni Álvarez, el salario más alto que ganan los exalumnos es de 47.000 pesos al mes (unos 2.135 euros), en Spotlight, del Banco Santander.

Junto con la fuente de ingresos, tan o más importante es el sentimiento de pertenencia que los de-portados recuperan en estos espacios. "Para él ha sido como una terapia, porque todos los alumnos tienen historias muy similares", comenta Alejandra Muñoz, hermana de uno de los estudiantes de la última promoción de Holacode, Donovan Muñoz. Él es el único de los tres hermanos que vive en México: lo deportaron de Oakland (California) en 2009, y desde entonces, no ha vuelto a ver a sus padres. Solo pueden visitarle sus dos hermanos porque son los únicos de la familia que tienen na-cionalidad estadounidense. El trauma de la separación familiar llevó a Alejandra Muñoz a estudiar Derecho y a especializarse en migración. "Cuando me llegan casos como el de mi hermano, siento que él es parte de ellos", afirma, con lágrimas en los ojos al ver a su hermano en birrete durante la ceremonia de graduación. Los diez años inmediatamente posteriores a su repatriación, trabajó en call centers y de albañil —creía que no había más futuro que ese en México.

Entrar en contacto con la comunidad pocha es recuperar la identidad para los regresados de Estados Unidos. Entre ellos pueden hablar sin miedo a mezclar frases en inglés y en español; recordar los bailes de fin de curso en high school (secundaria), o compartir los efectos del síndrome de estrés postraumático que muchos sufren durante los primeros años de su vida en México. Algunos cuentan que van por la calle con miedo a que los agarre "la migra", como llaman a los agentes de migración de Estados Unidos, o que prefieren no estrechar relaciones con amigos o parejas porque sien-ten que tarde o temprano se tendrán que ir.

Estos esfuerzos han surgido de la sociedad civil y del activismo pocho, pero expertos y activistas señalan que estas organizaciones solo pueden atender a un porcentaje limitado de todos los que regresan anualmente. Por el momento, el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha anunciado ninguna iniciativa encaminada a agilizar la reinstalación de los emigrantes retornados, a pesar de que el 97% de los mexicanos en el extranjero se encuentran en Estados Unidos — 11.3 millones — y que de éstos, el 48% son indocumentados, según datos del Gobierno de México.

Desde el Migration Policy Institute reconocen que la recepción de los deportados en los once pun-tos de entrada fronterizos mejoraron en los últimos cuatro años, con mejores condiciones de seguridad y de servicios de información. Pero aún "no existe política publica de reintegración de mi-grantes en México", señala Domínguez. La reforma que más urge, según el experto, es una revisión del cuerpo de leyes mexicanas para que los trámites burocráticos se adapten a la particular situación de los deportados. Porque reconstruir la identidad nacional de uno puede tardar tiempo, pero sensi-bilizar las normas mexicanas ayudaría a que los pochos recuperaran lo que los tuvo años durmien-do con un ojo abierto en Estados Unidos y que, finalmente, causó su deportación: los documentos.