Estrasburgo condena a España por malos tratos a una nigeriana

España tendrá que indemnizar con 30.000 euros a una mujer nigeriana que denunció haber sido agredida e insultada por agentes de la Policía Nacional en Palma de Mallorca cuando ejercía la prostitución, en julio de 2005. Así lo establece el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una sentencia hecha pública hoy, que condena al Estado español por no haber investigado suficientemente los hechos denunciados.

La organización de Derechos Humanos Women's Link Worldwide, que llevó el caso hasta el tribunal de Estrasburgo, emitió hoy un comunicado en el que señala que es una de las indemnizaciones más altas concedidas por dicha instancia judicial por un caso de violencia policial y discriminación.

La mujer, Beauty Solomon, denunció que en julio de 2005 fue detenida por la Policía Nacional cuando ejercía la prostitución en la zona de la playa de El Arenal, en Palma de Mallorca, y que en comisaría fue golpeada con una porra y que los agentes la insultaron llamándola "puta negra". Sus denuncias no prosperaron en España en ningún juzgado, por lo que la organización de derechos humanos citada recurrió a Estrasburgo en 2008.

El TEDH, en su sentencia, señala que las investigaciones de la denuncia realizadas por las autoridades españolas "no fueron suficientemente efectivas", pese a la obligacion especial que existe en estos casos de indagar si existen motivaciones racistas. Por ello, España vulneró los artículos de la Convención de Derechos Humanos que prohíben el trato inhumano o degradante así como la discriminación.

Según el comunicado de Women's Link Worlwide, Beauty Solomon, que tiene residencia legal en España, ha declarado, tras conocer el fallo: "Estoy muy emocionada de que por fin se haya hecho justicia y estoy muy agradecida al equipo de Women's Link Worlwide. Espero que este caso ayude a que esta situación no se vuelva a repetir".

Por su parte, Viviana Waisman, de la misma organización, destacó que confía en que la sentencia sirva para que las autoridades pertinentes del Estado español cumplan con sus obligaciones de proteger y condenar la violencia y la discriminación sin importar contra quien se cometa".