@Alopezdemiguel

MADRID.- El foco mediático y la alerta de sindicatos, organizaciones civiles y otras fuerzas políticas hicieron mella en el grupo socialista en el Europarlamento, pero finalmente han decidido no forzar que se posponga la votación de la Directiva de Secretos Comerciales, que previsiblemente será aprobada este mismo jueves en Estrasburgo.

Tal y como informó este diario el miércoles, la presión sobre el grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D), en un contexto de "alarma social" tras la publicación de los papeles de Panamá, llevó al PSOE y a otros partidos de esta familia a pedir su aplazamiento dentro del grupo, pero hoy el S&D ha decido ser "coherente" y respaldará un texto que cuenta con su absoluto respaldo, pero también con el del Partido Popular Europeo y el de los liberales.

Ramón Jáuregui: "Se ha marcado la excepción de los 'whistleblowers con rotunda claridad"

"A lo largo de siete meses de negociación el texto se ha ido mejorando", asegura a Público Ramón Jáuregui, eurodiputado del PSOE, que rechaza que la normativa, que incorpora una vaga definición del concepto "secreto comercial", vaya contra la libertad de expresión o información o deje sin protección a los whistleblowers, a los que considera absolutamente necesarios. "Se ha marcado la excepción con rotunda claridad", afirma el que fuera ministro de Presidencia durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque también apostilla que durante la votación su grupo pedirá la creación de una directiva específica para proteger a los confidentes.

Sin embargo, esta iniciativa no se tramitará con la nueva norma, ni tampoco están a tiempo de presentar nuevas enmiendas, por lo que el polémico texto actual se mantendrá intacto, y previsiblemente se convertirá en normativa tras el Pleno, y este jueves no se materializará más que en palabras.

El eurodiputado socialista reconoce que existió división en el grupo incluso durante la tarde del jueves, pero asegura que han decidido seguir adelante con la votación para evitar que siga creciendo la oposición al texto, a su juicio inmerecida. "Se ha montado una montaña", reconoce Jáuregui, que resta importancia a las críticas de la Federación Alemana de Sindicatos (DGB), que alerta de los peligros de esta directiva. "Los sindicatos están equivocados, nos vamos a reunir con ellos", replica el diputado, que también contradice al whistleblower Antoine Deltour, que contribuyó a destapar el caso de los acuerdos secretos entre más de 300 multinacionales y Luxemburgo para pagar menos impuestos (LuxLeaks). 

En un correo electrónico remitido a eurodiputados publicado por este diario durante el miércoles, Deltour asegura que la normativa  no protege a los filtradores como él, que está ideada para favorecer a las corporaciones. Si se aprueba, afirma, será "imposible acceder a información crucial para el bien público".  "Nunca podría ser sancionado con arreglo a esta ley", responde Jáuregui. 

Si todo sale según lo previsto, el Europarlamento se posicionará sobre esta directiva durante la mañana del jueves. El grupo de Los Verdes y la mayoría del grupo de la Izquierda Unitaria Europea (GUE/NGL) votarán en contra, y piden que se aplace la votación, pero los números no cuadran si no cuentan con el respaldo de los socialdemócratas.

Una directiva "dictada por lobbies"

La Directiva ha cosechado las críticas de varias fuerzas políticas, entre ellas Podemos, integrada en el GUE. En una nota de prensa remitida recientemente, el eurodiputado de la formación morada Miguel Urbán denuncia el peso de los lobbies en su redacción, y advierte de los riesgos que esto conlleva. 

Kucharz: "Es un ataque directo al trabajo de periodistas y sus fuentes, 'whistleblowers', a la libertad de expresión y al derecho de acceso a información de interés público"

"El problema surge del hecho de que una legislación que debería haber regulado la competencia leal entre las empresas se ha transformado - al calor de las exigencias de los lobbies empresariales europeos - en la regulación de un derecho general al secreto empresarial, que puede poner en riesgo tanto los derechos fundamentales de expresión e información como, precisamente por la restricción de estos, el interés público en general", afirma. 

Por otro lado, más de un centenar de organizaciones han pedido a los europarlamentarios que voten contra la normativa, y una campaña ciudadana ha recogido más de 150.000 firmas con la misma intención. Tom Kucharz, miembro de Ecologistas en Acción, define esta directiva como "un ataque directo al trabajo de periodistas y sus fuentes, whistleblowers, a la libertad de expresión y al derecho de acceso a información de interés público".

"Esto no va a ser una batalla fácil", advierte Kucharz: "Las corporaciones transnacionales han estado presionando a la Comisión Europea y a la bancada neoliberal de conservadores, liberales y socialdemócratas para que impulsen esta directiva desde hace años, y estos actores de la mayoría neoliberal del Parlamento Europeo están muy influenciados por el texto, mientras el público en general apenas sabe nada al respecto", denuncia.