El Parlamento Europeo está a favor de que la incitación al terrorismo, el reclutamiento y el entrenamiento de terroristas sean un delito en toda la UE, pero pidió a los Estados miembros más medidas para proteger la libertad y los derechos de los ciudadanos en el marco de la lucha contra la violencia.

El pleno de la Eurocámara aprobó un informe consultivo elaborado por la socialista francesa Roselyne Lefrançois, en el que se respalda el acuerdo de los gobiernos de la Unión para incluir estos tres delitos en el código penal de los países comunitarios que aún no los tipifiquen como tales.

La propuesta de revisión del arsenal legislativo antiterrorista de la UE pretende evitar que las bandas armadas utilicen las ventajas de Internet para difundir propaganda, reclutar adeptos, difundir manuales de adiestramiento o planificar atentados.

Sin embargo, los eurodiputados proponen algunas modificaciones en los textos: defienden criminalizar el concepto de 'incitación pública' al terrorismo y no el de 'provocación pública', tal y como proponía la Comisión Europea (CE), con el fin de 'dejar claro' el comportamiento penado, explicó hoy la ponente.

También consideran que sólo se debería sancionar un comportamiento si crea un 'peligro manifiesto' y no solamente hipotético.

Además, los eurodiputados subrayan la necesidad de garantizar que la decisión marco no impida la expresión de puntos de vista 'radicales, polémicos o controvertidos', incluso sobre el terrorismo.

Para algunos grupos, la nueva legislación podría atentar contra la libertad de expresión, mientras que otros parlamentarios consideran que 'no existe riesgo alguno' en este sentido, pues 'no se trata de crear delitos de opinión', como señaló el eurodiputado del PP Luis de Grandes.

'La banda terrorista ETA no está en la lista de Grupos Terroristas de la UE porque sean independentistas; lo están porque, para la consecución de sus fines, no usan la palabra sino la violencia, el secuestro, la extorsión y el asesinato. En el Parlamento español hablan con toda libertad grupos que propugnan abiertamente la independencia, y lo hacen con toda legitimidad', afirmó el parlamentario español.

Los recientes atentados de ETA estuvieron muy presentes en el debate, en el que la socialista Bárbara Dürhkop lamentó que el endurecimiento de la lucha contra el terrorismo llegue dos días después de que la banda se cobrase una nueva víctima mortal.

La decisión respaldada hoy por el PE incluye también a Internet, de forma que quienes usen la red para divulgar cómo fabricar bombas o para captar terroristas serán incriminados igual que si actuaran de forma física.

En cualquier caso, los eurodiputados dejaron claro que esa referencia tiene que circunscribirse al ámbito público y que el contenido de las comunicaciones privadas, como los correos electróncos, debe ser protegido.

El eurodiputado del PP, Luís de Grandes, que ha sido ponente de la propuesta en la comisión Jurídica de la Eurocámara, subrayó que este cambio legislativo supone 'un esfuerzo meritorio por parte de la UE para a actualizar los instrumentos jurídicos que permiten combatir el ciberterrorismo y otros medios que los terroristas vienen utilizando cada día con más eficacia'.

'Era inexcusable que la UE diera una respuesta contundente porque las tecnologías modernas de información y comunicación desempeñan cada vez un papel mayor en la propagación de la amenaza terrorista' destacó Luís de Grandes. 

'Internet es una herramienta rápida, barata, fácilmente accesible y de alcance mundial, que los terroristas aprovechan para difundir propaganda, movilizar y reclutar adeptos, divulgar manuales e instrucciones o adiestrar comandos e incluso planificar atentados', según el comunicado enviado por  la oficina de información del PP.

En paralelo, el PE se pronunció en otro informe sobre el acuerdo alcanzado en noviembre de 2007 por los países para mejorar la protección de datos personales en el marco de la lucha antiterrorisa.

La Eurocámara, que considera que se trata de un pacto 'de mínimos', cree que resulta problemático que las directrices sólo se vayan a aplicar en el intercambio de información entre países, y no en el tratamiento de datos en el interior de cada Estado miembro, como se preveía inicialmente.

En la misma línea, el comisario europeo de Justicia e Interior, Jacques Barrot, defendió hoy ir más allá y avanzó que Bruselas, que en el futuro debe hacer una evaluación de la legislación, volverá a proponer ampliar el ámbito de la decisión al tratamiento de datos a escala nacional.