MADRID. -Khaled (nombre ficticio por razones de seguridad) salió huyendo de Siria después de estallar la guerra para evitar ser llamado al frente. Con 19 años y una formación como mecánico, dejó a su familia en Damasco y una inscripción en la universidad, y se marchó solo a España vía Líbano gracias a una visa para asistir durante 15 días a una conferencia en Granada. “Yo tuve mucha suerte, otras personas tienen que huir por mar, para mí ha sido más fácil", relata por teléfono a este periódico en un español fluido desde el centro de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) de Cullera (Valencia), donde vive.

Ahora lleva siete meses a la espera de que el Estado decida si le concede el estatus de refugiado. Mientras tanto, sobrevive con la ‘tarjeta roja’, un documento temporal que le autoriza a trabajar y a residir en España.

“Veo mi futuro oscuro. Ahora estoy viviendo en el centro, pero después necesito un trabajo y aún no lo he encontrado”, asegura.

Khaled forma parte del reducidísimo grupo de personas con protección internacional en España. Nuestro país es uno de los que más trabas pone a los inmigrantes en busca de asilo, un derecho recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La cifra de desplazados en el mundo ya alcanzó en 2014 los 59,5 millones de personas

Según CEAR, en 2014 un total de 5.947 personas solicitaron protección internacional en España, una cifra ínfima sobre todo si se compara con las 626.065 que lo pidieron en toda la Unión Europea. Es decir, España apenas recogió el 0,9% de las peticiones de la UE, donde otros Estados tramitaron una cantidad mucho mayor de solicitudes: Alemania (202.645), Suecia (81.180), Italia (64.25), Francia (62.735), Hungría (42.775) o Reino Unido (31.180).

“La política de blindaje de fronteras impide que los solicitantes lleguen a nuestras fronteras. No es una cuestión de que no quieran venir, sino de los impedimentos que se les ponen”, denuncia a Público Estrella Galán, secretaria general del colectivo.

Tampoco Khaled quiso quedarse. Primero viajó a Alemania para solicitar el asilo pensando que allí sería más fácil, pero después de diez meses las autoridades de aquel país se lo negaron por una ley que impide concedérselo a personas que tengan cualquier otro tipo de visado y lo mandaron de vuelta a España.

Aún así, ser solicitante de asilo no garantiza la protección internacional. La mayor parte de ellos, de hecho, son rechazados. De las 5.947 peticiones del año pasado, España sólo resolvió 3.614 casos, el 56% de forma desfavorable. Es también la tendencia más generalizada en Europa, con las salvedades de algunos países como Italia, que dio luz verde al 59% de los casos, o Suecia, al 77%. En 2014, el Gobierno de Budapest llegó a resolver de forma desfavorable el 91% de las solicitudes de asilo que le presentaron.

“La crisis de los refugiados es uno de los retos que definen el siglo XXI, pero la respuesta de la comunidad internacional es un vergonzoso fracaso. Necesitamos una reforma radical de la política y la práctica para crear una estrategia global coherente e integral”, denunció esta semana Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, con motivo del Día Mundial del Refugiado.

España sólo recibe el 0,9% de todas las solicitudes de asilo de la Unión Europea

Los últimos datos de la ONU, desvelados el jueves en un informe, dan cuenta de una crisis humanitaria sin precedentes. Según la Agencia para los Refugiados de las Naciones Unidas, durante 2014 se produjo el nivel de desplazamientos forzados más elevado del que se tiene registro: 59,5 millones de personas en todo el mundo han tenido que huir a consecuencia de la persecución, los conflictos, la violencia generalizada o las violaciones de los derechos humanos. Son 8,3 millones más que el año anterior y el mayor incremento en un solo año. Para hacerse una idea gráfica de la dimensión del drama, la cifra equivaldría a la población entera de Italia o de Reino Unido.

De ellos, 19,5 millones son refugiados (en su mayor parte procedentes de tres países: Siria, Afganistán y Somalia) que se reparten, sobre todo, entre las regiones en desarrollo y los países más pobres. Turquía, Pakistán y Líbano, con más de 1,5 millones de refugiados cada uno, son los principales países de acogida.

Mientras tanto, la Unión Europea, que de enero a marzo de 2015 ha recibido 185.000 solicitudes de asilo (86% más que en el mismo periodo de año anterior) sigue enfrascada en un debate sobre cuotas de refugiados para el que los Estados miembros no consiguen ponerse de acuerdo.

El plan inicial de Bruselas proponía reubicar en un plazo de dos años a 60.000 inmigrantes demandantes de asilo (40.000 que se encuentran actualmente en Grecia e Italia y 20.000 en terceros países no comunitarios) a través de un sistema de cupos obligatorios. A cada Estado miembro le sería asignado un número de demandantes en función de unos criterios calculados de población, PIB, o tasa de desempleo del país receptor, entre otros.

Amnistía: “La crisis de los refugiados es uno de los retos que definen el siglo XXI"

Pero no hay acuerdo. Buena parte de los países rechazan el carácter obligatorio de la propuesta y otros tantos la aceptan, pero piden que se revisen los criterios de distribución.

España lidera la oposición al plan europeo. El propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha propuesto que en contrapartida se establezca un sistema para acelerar la expulsión de quienes no reúnan las condiciones de asilo. El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, consideró asimismo que los criterios propuestos por la Comisión no eran “justos” ni “realistas”.

De seguirse el plan de Bruselas, a España le tocaría tramitar en torno a un 10% de las solicitudes de asilo, frente al 0,9% actual.

“Ante la dimensión del drama, proponer un reparto de 60.000 personas en claramente escaso. Pero lo entendemos como una propuesta de mínimos y aunque es insuficiente, solo cabe decir que sí. No cabe que los Estados estén pensando en sus intereses particulares. La respuesta de una negativa pone de manifiesto que no hay voluntad política para responder a un drama humanitario que requiere de una solución urgente”, dice Galán. “Cada minuto que pasa hay 30 personas más refugiadas en el mundo, la UE debería pensar en esto”.

Según el proyecto de investigación The Migrants Files, entre los años 2000 y 2015 la Unión Europea se ha gastado aproximadamente 13.000 millones de euros en impedir la entrada de inmigrantes a sus fronteras.