La Comisión Europea más derechizada de la historia ha convertido el rearme en su gran prioridad en detrimento de la lucha contra el cambio climático y la agenda verde, que impulsó la misma Ursula von der Leyen en la anterior legislatura. Poco a poco, Bruselas ha ido diluyendo sus medidas ecologistas, hasta el punto de que la vicepresidenta y titular de Transición Limpia de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha propuesto este miércoles varias “flexibilizaciones” para que los Estados miembros consigan cumplir con el hito de reducir un 90% las emisiones de dióxido de carbono para el 2040 respecto a los niveles registrados en 1990 en la Unión Europea.

La medida más polémica es la de permitir que los Estados contabilicen como propia la rebaja de emisiones contaminantes que consigan potenciar en países terceros (normalmente en economías más pobres) a través de inversiones y de compras de derechos de emisiones. De esta manera, los países europeos podrían, en la práctica, contaminar más de lo que marcan los objetivos climáticos que se habían propuesto en un primer momento.

Se trata de una fórmula que ya se contempla en el Acuerdo de Kyoto y el de París, y que se conoce como créditos internacionales. Sin embargo, Ribera de momento pone limitaciones: se podrá empezar a utilizar a partir de 2036, y como máximo solo se podrán comprar las emisiones equivalentes al 3% de las que la Unión Europea registró en 1990. Además, los Estados miembros deberán asegurarse de que los países terceros realmente desplieguen medidas y proyectos que consigan reducir la contaminación con controles fiables e independientes.

Además, Bruselas propone que los objetivos climáticos ya no se dividan por sectores económicos y que, a partir de ahora, los sectores que contaminen más lo pueden compensar con los que superan los hitos climáticos con creces. No obstante, la Comisión Europea no concreta que sectores podrían compensar a cuáles y hasta qué punto.

A pesar de todas estas flexibilizaciones, Ribera ha conseguido presentar una propuesta legislativa para que se ratifique el objetivo de la Unión Europea de reducir un 90% las emisiones de CO₂. La intención de la titular de Transición Limpia de la Comisión Europea, que es de las pocas voces socialistas y ecologistas que quedan en Bruselas, es atar más corto a los Estados miembros para que legalmente se vean obligados a continuar rebajando las emisiones contaminantes, aunque sea con todo tipo de excepciones.

Actualmente, la normativa europea solo exige a los Estados miembros y a la UE que el 2030 hayan reducido las emisiones de CO₂ un 55% y que en 2050 alcanzan la neutralidad climática. En este sentido, la ratificación del objetivo del 2040 quiere ser una garantía de que las administraciones siguen la senda correcta de reducción.

Sin embargo, la propuesta presentada por Ribera tiene que ser negociada y aprobada por los Estados miembros, que mayoritariamente están presionando a Bruselas para justamente rebajar las ambiciones de la agenda verde. Así, las flexibilizaciones para alcanzar los hitos climáticos, pretenden en parte convencer a los Estados miembros para que la tramiten y no la bloqueen.

De hecho, algunos líderes europeos presionaron la Comisión Europea para que ni presentara la propuesta de este miércoles de Ribera. El más claro en este sentido fue el presidente francés, Emmanuel Macron, que en el Consejo Europeo de la semana pasada pidió públicamente aplazar la presentación de esta normativa y centrarse en la legislación que va vinculada al hito del 2030.

El desmantelamiento de la agenda verde

Más allá de la propuesta de Ribera, la Comisión Europea lleva presentando todo tipo de flexibilizaciones de la agenda verde desde que inició la actual legislatura. Así, Bruselas ha aplazado algunos de los límites de contaminación de los coches de combustión por presión de la industria automovilística, ha reducido el nombre de controles ecologistas a las pequeñas y medianas empresas, y, entre otras, ha incluido varias excepciones en los condicionantes ecologistas para los agricultores que quieran beneficiarse de las subvenciones de la política agrícola común (PAC).

La Comisión Europea está desmantelando la agenda verde porque los Estados miembros se lo piden y por primera vez en el Parlamento Europeo ya no es necesario el apoyo del Partido Socialista Europeo, ni los verdes y los liberales para que el Partido Popular Europeo pueda sacar adelante iniciativas junto con el apoyo de la extrema derecha. En este contexto, en la UE más derechizada de la historia, Ribera intenta salvar los muebles de la agenda verde europea, aunque con excepciones que rebajan, y mucho, sus ambiciones.