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La exfiscal, la eterna candidata y la hija del dictador: tres mujeres para presidir Guatemala

El país centroamericano da inicio a una campaña electoral de tres meses, en la que por primera vez las principales candidatas son mujeres. Los guatemaltecos deciden si se mantiene la ventana de oportunidad democratizadora abierta en las protestas de 2015 o regresan al modelo autoritario y dominado por las élites.

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De izquierda a derecha, las candidatas a la Presidencia de Guatemala, Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); Thelma Aldana, del Movimiento Semilla; y Zury Ríos, cabeza de lista del partido Valor. REUTERS

Por primera vez en la historia, una mujer podría ser presidenta de Guatemala. Sandra Torres, candidata por segunda vez de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); Thelma Aldana, exfiscal general y aspirante por el Movimiento Semilla; y Zury Ríos, cabeza de lista del partido Valor e hija del exdictador y condenado por genocidio Efraín Ríos Montt, son las aspirantes con más posibilidades para liderar el gobierno del país centroamericano tras las elecciones presidenciales que tendrán lugar el 26 de junio.

Guatemala es terriblemente conservadora; todo el triángulo norte de Centroamérica lo es. Sin embargo, el debate de la campaña que comenzó el 18 de marzo no se centra en la inédita posibilidad de que una mujer lidere su Ejecutivo. La disputa es otra.

“Estas son unas elecciones en las que se define regresión al autoritarismo o mantener abierta la ventana al reformismo democrático”, dice Enrique Naveda, coordinador de Plaza Pública, uno medio digital guatemalteco.

Las cifras de Guatemala son demoledoras. Seis de cada diez de sus ciudadanos son pobres. En 2018 se registraron 3,881 asesinatos, con una tasa de 22 homicidios por cada 100.000 habitantes. La ONU considera que existe “pandemia” de violencia cuando esta cifra supera las 10 muertes violentas por cada 100,000. Al menos un millón de guatemaltecos vive en Estados Unidos.

Existen dos lógicas que pugnan en estos comicios. Por un lado, la de quienes quieren continuar con el camino iniciado en 2015, durante la conocida como “primavera chapina” y que aboga por una democratización de las instituciones. En aquel entonces, Aldana como fiscal general e Iván Velásquez, al frente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una institución auspiciada por la ONU, acusaron al entonces presidente, Otto Pérez Molina, de estar al frente de una trama corrupta conocida como “La Línea”. Lleva encarcelado desde entonces.

Manifestación el pasado otoño contra la decisión del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, de cerrar la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. AFP/ Johan Ordóñez

Por el otro lado aparecen grupos que no siempre comparten intereses pero que, en un contexto en el que sus privilegios han sido puestos en cuestión, forman parte de una única alianza. Aquí aparece la oligarquía tradicional, los grandes empresarios agrupados en torno a CACIF (Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, que une a las principales patronales), militares y élites políticas tradicionales. Esta alianza ha sido bautizada por sus detractores como “pacto de corruptos”.

Estos grupos observan los avances anticorrupción como una amenaza. Pero claro, nadie puede presentarse a sí mismo como enemigo de las investigaciones contra los corruptos y partidario de la impunidad. Así que han logrado imponer otro discurso. Dicen que lo que el presidente defiende es la “soberanía” guatemalteca, amenazada por una supuesta alianza izquierdista que estaría capitaneada por la ONU. Su máximo exponente: lo que ellos denominan “ideología de género”, los derechos de las mujeres y de la población LGTBI.

En estas elecciones se decide si regresamos a lo que teníamos antes o existe oportunidad de cambio”, dice Mariela Chang, politóloga de la Universidad Marroquín.

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, entre el rey de España Felipe VI y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en la última Cumbre Iberoaméricana, en Antigua Guatemala. AFP/Edwin Bercian

Los últimos años han venido marcados por la guerra declarada por el actual presidente, Jimmy Morales, contra la CICIG. El mandatario, un actor cómico que se presentó como outsider pero que concurrió con FCN Nación, partido fundado por militares, llegó a la política con el lema “ni corrupto ni ladrón”.

Al principio, incluso pidió públicamente a la CICIG que le investigase. Pero una cosa era la campaña y otra la realidad. Cuando comenzaron a hacerse públicas sospechas sobre tramas corruptas que le salpicaban a él y a su familia, inició su ofensiva contra la agencia anticorrupción.

Oficialmente, la CICIG debería haber terminado su mandato el 3 de septiembre, aunque había posibilidad de renovarlo. Morales se negó. No contento con ello, el 8 de enero, dio por concluidos los trabajos de la agencia. Un día después la Corte de Constitucionalidad anuló la decisión, pero en la práctica, la CICIG está prácticamente desmantelada.

La ofensiva autoritaria no se ha quedado aquí. Antes de que se cierre las sesiones parlamentarais, los diputados quieren aprobar una ley de amnistía que beneficiará a los militares acusados de crímenes contra la humanidad durante el conflicto armado interno (1960-1996) que fue calificado como “genocidio” por la ONU.

Thelma Aldana, exfiscal general y aspirante por el Movimiento Semilla. REUTERS

Thelma Aldana es la única que ha prometido que restituirá la CICIG si sale elegida. La antigua fiscal general es una mujer conservadora que lidera Semilla, un grupo de tendencia progresista que ganó peso tras las protestas de 2015. Les une un proyecto de regeneración y democratización.

La inscripción de Aldana ha sido rocambolesca. El Tribunal Supremo Electoral la confirmó como candidata el 19 de marzo. Tres horas antes, se filtró que existía una orden de captura en su contra por, supuestamente, haber creado una plaza fantasma cuando se encontraba al frente del Ministerio Público. Ella niega los cargos y denuncia una campaña en su contra.

Por el momento se encuentra en El Salvador. Ser candidata le otorga inmunidad. Sin embargo, el ministro de Gobernación y uno de los más fieles aliados del presidente Morales, Enrique Degenhart, ha advertido de que la orden sigue vigente y que será arrestada si pone un pie en Guatemala.

La persecución contra Semilla ha sido constante. La semana pasada, Samuel Pérez, su secretario general, denunció seguimientos con un pick up sin placas que, posteriormente, apareció con matrículas oficiales.

Sandra Torres, candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). REUTERS

Sandra Torres, que podría considerarse la aspirante del establishment, tiene una larga trayectoria en política. Estuvo casada con Álvaro Colom, presidente de Guatemala entre 2008 y 2012 y actualmente imputado por corrupción en una investigación liderada por la CICIG (a la que la derecha siempre ha acusado de aplicar “justicia selectiva”).

En 2011 se divorció para poder presentarse a las próximas elecciones, ya que la ley guatemalteca impide que los parientes directos de presidente y vicepresidente puedan concurrir. Los jueces no le permitieron participar en los comicios.

En 2015 sí que lideró la lista de la UNE, aunque fue derrotada en segunda vuelta por Jimmy Morales. Ahora podría ser la candidata de sectores empresariales y élites que tienen miedo del discurso regenerador de Aldana pero que tampoco ven con buenos ojos a una ultra como Zury Ríos.

Zury Ríos, la hija del general Efraín Ríos Montt, Zury Ríos, y , cabeza de lista del partido Valor. REUTERS

La hija del general Efraín Ríos Montt, Zury Ríos, representa los sectores más ultras del país. El dictador, que gobernó Guatemala entre 1982 y 1983, murió en abril de 2018. Cinco años atrás fue condenado por genocidio, aunque el proceso se anuló por cuestiones de forma y nunca más volvió a ser juzgado. Tras su muerte, su hija reivindicó su memoria defendiendo que jamás fue encontrado culpable.

Aunque el debate no se dirige hacia el género en el país centroamericano, territorio conservador en una de las partes del mundo más conservadoras. “Estas elecciones van en torno a valores morales, más que políticos”, considera Marielos Chang, que cree que los partidos van a centrar sus discursos en hacer mención a la familia, Dios y la patria. Guatemala es un país muy conservador en el que se vive actualmente un auge del fundamentalismo evangélico. Habrá que ver hasta qué punto estas iglesias tienen capacidad para influir en el voto.

Nadie puede prever cómo van a discurrir los próximos comicios. Un ejemplo que ilustra el nivel que pueden adquirir algunos candidatos. La semana pasada, dos sicarios asesinaron a un taxista en Mixco, un municipio del extrarradio de la capital. Antes de que fuesen arrestados, una turba los capturó, los linchó y les prendió fuego. Los dos murieron. Uno de ellos era menor de edad. A pesar de ello, Roberto Arzú, también candidato a la presidencia e hijo del expresidente Álvaro Arzú, fallecido en 2018, publicitó un video del linchamiento con el lema “o se rinden o se mueren”.

La violencia suele estar presente en campaña. Por el momento, el partido más golpeado ha sido el Movimiento de Liberación de los Pueblos (MPL), una formación campesina surgida de los Comités de Desarrollo Campesinos (Codeca) que han denunciado el asesinato de varios candidatos.

Los últimos años han sido críticos para Guatemala. Las esperanzas regeneradoras de 2015 se han diluido, las movilizaciones han menguado y las elecciones son la última esperanza para una ciudadanía que observa, apática, cómo las élites tradicionales recuperan su espacio después de tres años de desconcierto.