MADRID.– Cuatro años de ofensiva del Gobierno del PP en todos los frentes han sido inútiles, porque Fabian Picardo, actual ministro principal de Gibraltar que lidera la coalición laborista-liberal, bajo la candidatura de la Alianza, es el indiscutible favorito en las elecciones que se celebran en El Peñón este jueves, 26 de noviembre. La Alianza es la suma de los socialistas laboristas de Picardo, GSLP, y el Partido Liberal, de Joseph García.

Las dos encuestas publicadas, las de la GBC (televisión local) y La Crónica (el periódico gibraltareño de más tirada), le dan a Picardo una ventaja de más de 30 puntos (67% a 33%) sobre la candidatura del GSD, partido de centro-derecha al que pertenece Peter Caruana –quien gobernó durante quince años, hasta ser desbancado por Picardo en diciembre de 2011– y que actualmente encabeza Daniel Feetham.

Una economía que crece a un ritmo del 10% anual

Después de cuatro años de continuos encontronazos con el Gobierno del PP, que se puso como principal objetivo asfixiar la economía de Gibraltar y provocar la derrota electoral de la Alianza, Picardo afronta la recta final de la campaña con una ventaja muy clara, en gran medida porque durante su mandato la economía gibraltareña no ha parado de crecer por encima del 10% del PIB anual. Esta economía boyante le ha permitido a Picardo crear el Banco de Gibraltar y la Universidad de Gibraltar, iniciar las obras de la nueva central eléctrica de gas natural y rehabilitar o construir un buen número de viviendas sociales, para una población de 32.000 habitantes en la que hay poco más de 150 parados contabilizados.

Al mismo tiempo, el Gobierno de Picardo ha firmado el acuerdo –impulsado por España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido en la cumbre del G-5 en 2014– que tiene como objetivo luchar contra el fraude y la evasión fiscal. Por tanto, Gibraltar se ha comprometido con 53 territorios, entre los que se encuentra España, a intercambiar información tributaria automáticamente, de forma que ha quedado fuera de la lista negra paneuropea de paraísos fiscales publicada en junio por la Comisión Europea y en la que figuran 30 países o territorios.

Igualmente, Gibraltar ha implementado con EEUU la Ley de Cumplimiento Tributario para Cuentas Extranjeras (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), por lo que John Koskinen, comisario del Departamento del Tesoro en Washington, DC, acaba de anunciar “la consecución de un destacado hito: el intercambio electrónico de información financiera entre las administraciones fiscales” estadounidense y gibraltareña, que "permite mejorar la detección de los casos en los que no se comunican las cuentas en el extranjero ni los ingresos atribuibles a sus titulares”.

No obstante, la política de hostigamiento del Gobierno de Rajoy hacia Gibraltar no ha cesado, y se ha manifestado continuamente con colas peatonales y de vehículos en la frontera de La Línea. Pese a ello, Picardo no ha cedido a las pretensiones del ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, de acabar con el Foro Tripartito de Diálogo, que pactaron España, el Reino Unido y Gibraltar en el Acuerdo de Córdoba, firmado en 2006.

En este sentido, Margallo ha cosechado un soberano fracaso, tras incumplir un acuerdo internacional, además de ser reconvenido varias veces desde Bruselas por impedir el libre tránsito en una frontera de la Unión Europea (ya que Gibraltar pertenece a la UE desde 1973, veintidós años antes que España).

De hecho, los mayores perjudicados por ese constante bloqueo fronterizo han sido los trabajadores españoles del Campo de Gibraltar, que tienen en el Peñón una oferta de empleo vital para una de las regiones con mayor paro de toda Europa. Pero la agenda patriótica de Margallo, que inició su mandato con el eslogan "Gibraltar español" en su primera visita a Londres, ha estado durante cuatro años por encima de los intereses de los ciudadanos de La Línea, San Roque, Algeciras y otras localidades de la depauperada región.

El gran motivo de discordia esgrimido por el Gobierno, el arrecife artificial creado por Gibraltar, acabó recibiendo el visto bueno de la UE

Uno de los mayores motivos de discordia esgrimidos por el Gobierno español, la creación de un arrecife artificial en la costa gibraltareña –los famosos bloques de hormigón con pinchos–, que derivó en una auténtica crisis pesquera, acabó recibiendo el visto bueno de la UE, y puso en evidencia la sobreactuación del PP en un asunto que solo sirvió como cortina de humo para tapar los escándalos de la Gürtel, los papeles de Bárcenas o la trama Púnica en Madrid.

Casi todos los veranos de esta legislatura, en cuanto salía a la luz un nuevo episodio de corrupción del Partido Popular, estallaba de inmediato un nuevo conflicto con Gibraltar, provocada por alguna incursión de patrulleras de la Guardia Civil, hasta que esa aparente relación de causa-efecto acabó siendo incluso objeto de burla en las redes sociales españolas.

En la costa española, por cierto, hay unos 130 arrecifes similares. Además, en la zona donde se colocaron los bloques, no se podía pescar según la legislación pesquera andaluza (española). Por consiguiente, el casus belli de Margallo no era más que una maniobra de distracción.

Al final, el PP ha tenido que recoger velas tras fracasar esa política de acoso a Gibraltar. Desde hace unos meses, y tras la conferencia de Miguel Ángel Moratinos en San Roque en octubre –en la que, presentado por el propio Picardo, reivindicó el Foro Tripartito y la soberanía española sobre El Peñón– los populares han cambiado su discurso y se muestran más dialogantes. Incluso el presidente la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, el popular Luis Ángel Fernández, ha invitado recientemente a Picardo a un acto empresarial.

Y el principal artillero de Margallo en la comarca, el alcalde de Algeciras y vicepresidente de la Comisión de Exteriores en el Congreso, José Ignacio Landaluce, ha sido relegado a la lista del Senado, aunque fue uno de los pocos alcaldes que logró la mayoría absoluta en ciudades de más de 100.000 habitantes en Andalucía en las pasadas elecciones municipales.

"Los ciudadanos de La Línea son los grandes sacrificados de la política de Estado y han visto perjudicados sus intereses comerciales", dice el diputado De la Encina

Aunque quizá lo más llamativo de ese súbito giro de 180 grados en la política del PP hacia Gibraltar, ya casi en vísperas de las generales del 20-D, fue el anuncio del delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, animando y conminando a la Mancomunidad a buscar vías de cooperación y dialogo con El Peñón. El diputado socialista por Cádiz en el Congreso Salvador de la Encina denunció que, tras cuatro años de "nulos avances" en ese campo, la nueva iniciativa gubernamental "en realidad se debe a que llegan las elecciones y utilizan a los campogibraltareños como moneda de cambio electoral".

En declaraciones a Público, De la Encina subraya que es preciso cooperar con el próximo Gobierno gibraltareño: “La única manera de relacionarnos es el diálogo y las políticas de buena convivencia que beneficien a los ciudadanos de la Línea y de Gibraltar, que son los grandes sacrificados de la política de Estado y han visto perjudicados sus intereses comerciales”. Por lo que aboga por “crear condiciones de igualdad fiscal y desarrollo económico para que dejen de ser los grandes perjudicados”.

"Está muy bien ondear la bandera, pero de esto no comen los ciudadanos”, afirma De la Encina, aunque matiza que dice eso “sin renunciar a la soberanía”. El parlamentario confía en que en la nueva legislatura, ya sin un Gobierno del PP, "se pueda avanzar en temas aduaneros, fiscales, económicos, sanitarios, educativos, policiales, medioambientales y en relaciones entre autoridades marítimas".

Por su parte, Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque, vicepresidente de Diputación y vicesecretario provincial del PSOE, coincide en plantear “cauces de diálogo que deben fructificar, buscar la oportunidad de seguir trabajando.” En cuanto al vencedor de las elecciones de este jueves en El Peñón, espera un “interlocutor que permita plantear economías compartidas y establecer puntos de encuentro para cooperar” y “trabajar conjuntamente en las bases para asentar las vías de diálogo" en materias de educación, medioambiente y otras.

“A nivel de administración local hay buena relación para cooperar, en especial en lo que afecta a los ciudadanos”, constata Ruiz Boix.