Las familias de los presos muertos en Chile demandan al Estado

Los familiares de los 81 presos que murieron en el incendio de la cárcel de San Miguel, ocurrido en la madrugada del miércoles, han comenzado a tomar acciones legales contra el Estado chileno.

Hoy se interpuso la primera querella en contra del Estado chileno. Lo hizo la madre de una de las víctimas mortales, Diego Portugués, de 22 años, que cumplía cinco años de condena por homicidio calificado. Por ser primerizo y tener buena conducta, dentro de dos meses salía en libertad.

Otros familiares estudian querellas similares contra la Gendarmería (guardia de prisiones) y el Estado de Chile. Los acusan de negligencia, tanto por el hacinamiento en que mantenían la prisión donde ocurrieron los hechos como por el escaso número de guardas que custodiaban el penal cuando se declaró el incendio.

La causa del fuego en la torre 5 ya ha sido determinada. Fue una riña entre presos, según las investigaciones de la fiscalía. Un interno estuvo amenazando a otro que dormía en un sector de privilegiados (habilitada para reos primerizos y de buena conducta). A través de la reja que los separaba, el reo intentó alcanzar a quien le amenazaba con un lanzallamas artesanal que había fabricado con una bombona de butano, una manguera y un mechero. Pero el fuego alcanzó una colchoneta y, asustado, el preso tiró la bombona al suelo y la manguera comenzó a lanzar fuego en distintas direcciones.

De las 149 personas que había en ese sector del penal, 81 murieron. De momento sólo han sido identificados 31 cadáveres. Las autoridades han pedido a los familiares que entreguen muestras de sangre al Servicio Médico Legal para agilizar las tareas de reconocimiento.