Sin ceder ni un milímetro en su plan para desmantelar campamentos de gitanos y repatriar a sus ocupantes, el Gobierno francés quiere evitar que el malestar creciente en la Comisión Europea acabe traduciéndose en un proceso de infracción. El ministro francés de Inmigración, Éric Besson, y el secretario de Estado para Asuntos Europeos, Pierre Lellouche, acudieron ayer a Bruselas para rendir cuentas ante el Ejecutivo comunitario y defender con uñas y dientes la política de Nicolas Sarkozy.

La Comisión, que puede adoptar acciones contra Francia si entiende que estas repatriaciones vulneran la normativa de libre circulación de la Unión Europea (UE) o los derechos fundamentales de los gitanos, por el momento guarda silencio. Hoy, Bruselas analizará un informe elaborado al respecto por la comisaria de Justicia, Viviane Reding. Esta comparecerá ante el Parlamento Europeo el próximo martes y, para entonces, debería haber decidido si adopta medidas contra Francia.

Besson insistió ayer una y otra vez en que las repatriaciones de gitanos respetan 'escrupulosamente' la legalidad europea. Y, particularmente, la libertad de movimiento en la UE, que según el ministro de Inmigración no es 'incondicional' ni puede ser una excusa para realizar 'actividades criminales' o 'traficar con seres humanos'.

Por su parte, la delegación del Gobierno rumano, que también acudió a la Comisión en Bruselas, alzó el tono de su crítica contra Francia. Así, presionó paraque la UE investigue si las 'deportaciones voluntarias realmente fueron voluntarias', explicó tras la reunión su ministro de Trabajo, Bogdan Aurescu. Se refería al pago de 300 euros a cada gitano para que aceptase la repatriación y, en concreto, a las denuncias de que los gitanos habrían accedido a este acuerdo bajo presión. Si el retorno fue voluntario, el margen de la UE para intervenir sería mucho menor.

Desde el lado francés, Besson y Lellouche volvieron a echar balones al campo europeo. En su entrevista con la comisaria de Justicia, Reding, y su homóloga de Interior, Cecilia Malmström, Besson pidió que la UE ponga en marcha un 'plan de urgencia' y otro 'a medio plazo' para la 'integración' de los gitanos, especialmente en sus países de origen.

El responsable de la cartera de Inmigración también intentó hacer calar el mensaje de que las expulsiones no van dirigidas contra 'una determinada nacionalidad' o contra 'un grupo étnico en concreto', haciéndose eco de las inquietudes mostradas por la Comisión Europea en este sentido.

También enfatizó que las repatriaciones pese a que ascienden ya a casi mil expulsiones no están siendo efectuadas de forma 'colectiva', sino que son el fruto de un 'examen individualizado' de cada caso. Besson intentaba así refutar una de las acusaciones que más ampollas están levantando en Bruselas: la normativa europea prevé que en determinados casos (como la ausencia de un sustento económico) no se permita la libertad de movimientos en la UE. Sin embargo, esto no puede hacerse de forma colectiva, sino tras un examen individualizado de cada caso.

'La acción del Gobierno francés ha dado lugar a numerosas caricaturas y a amalgamas inaceptables', afirmó obstinado ante la prensa el ministro francés de Inmigración, que anunció que el jueves y viernes de la próxima semana viajará a Rumanía para tratar esta cuestión con el Ejecutivo de este país.