MADRID.- El Gobierno de Brasil ha hecho su último intento para tratar de paralizar el proceso de destitución de Dilma Rousseff. La Abogacía General del Estado, que defiende a la presidenta, ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo para denunciar la existencia de "vicios" en el impeachment contra la mandataria y pedir a la Corte que suspenda el juicio político por el presunto "desvío de poder" de Eduardo Cunha, el presidente de la Cámara de Diputados que inició el proceso.

El principal argumento del Abogado General del Estado, José Eduardo Cardozo, es el fallo emitido la semana pasada por el Supremo para cesar a Cunha, declarado adversario de la presidenta brasileña, por impulsar la aprobación de determinada legislación a cambio de favores políticos e incluso dinero. El abogado sostiene que estos tratos podrían incluir el impeachment. Cardozo ha recordado que, según la resolución del máximo órgano jurisdiccional de Brasil, Cunha "se valió de su condición de presidente de la Cámara de Diputados para, en un continuo desvío de poder, atender sus propios intereses".

Para la Abogacía es evidente que la decisión de Cunha de aceptar la denuncia contra Rousseff por irregularidades contables es una "venganza" política por la negativa de la base aliada del Gobierno en el Congreso a frenar la investigación en su contra en el Consejo de Ética. No es la primera vez que la decisión de Cunha de abrir un proceso contra Rousseff llega al Supremo. En diciembre el alto tribunal desechó una denuncia por parcialidad contra el ex presidente de la cámara baja alegando que esta característica no es exigible a políticos.

El documento entregado este martes a la Corte Suprema denuncia esa "inmoral conducta" y sostiene que ese hecho le confiere a todo el proceso una "nulidad de inicio" que pide que sea reconocida por el tribunal. Entre otros vicios, la demanda cita que muchos de los diputados que aceptaron las denuncias contra Rousseff habían manifestado su posición antes de la votación, lo que no podrían haber hecho pues actuaban como jueces y no como parlamentarios.

Este es el último intento del Gobierno de frenar el proceso antes de que el pleno del Senado vote este miércoles sobre la destitución de Rousseff. Si al menos 41 de los 81 senadores apoyan el proceso,la presidenta será destituida temporalmente. Tras una investigación de un máximo de 180 días, se celebraría un juicio político en el Senado dirigido por el presidente del Tribunal Supremo. Si dos tercios de los senadores (54), habiendo un quórum de 42, respaldan la destitución, ésta será definitiva.

"Cansada de los desleales y los traidores, pero no de luchar"

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, por su parte, ha señalado que está "cansada de los desleales y los traidores, pero no de luchar". Rousseff animó a los miles de asistentes a una conferencia sobre políticas para la mujer a "luchar", porque Brasil "también está cansado de los desleales, los traidores y los golpistas".

La respuesta del auditorio fue inmediata, con un coro que gritó "no habrá golpe, habrá lucha", una frase que se ha convertido en un himno en todas las manifestaciones de apoyo a la mandataria. Rousseff volvió a negar que las maniobras fiscales irregulares que se le atribuyen constituyan un "crimen de responsabilidad", que es como la Constitución define las causas para la destitución de un mandatario, y reiteró su tesis de que la democracia brasileña está en peligro.

"Es un momento muy importante y decisivo para la democracia brasileña" y también para "la historia de este país, que dirá cuánto de violencia contra la mujer y de prejuicio ha habido en todo este proceso ilegal", afirmó.