Para el campo andaluz, que exporta más de 500.000 toneladas anuales de tomate a la UE (el 64% del total español), el acuerdo de ayer de Bruselas con Rabat supuso el segundo mazazo en menos de un año, justo cuando las empresas empezaban a levantar cabeza del desprestigio y la pérdida de contratos que dejó la crisis del E. coli, en mayo de 2011. A pesar de popularizarse como la crisis del pepino, desplomó las ventas de todos los productos agrícolas nacionales.

El tomate español será el más perjudicado por las condiciones del nuevo convenio con Marruecos, que aumentará las ventas de este producto hasta las 258.000 toneladas, en 2014. Pero no será el único, según denunciaron ayer las organizaciones agrarias Asaja,Upa, Fepex y Coag. Estos colectivos alertaron de que la liberalización total de las ventas 'agravará la pérdida de empleo y la crisis en España'. Sólo se salvan de esta barra libre tomates, pepinos, fresas, clementinas, ajos, calabacines y azúcar, aunque también aumentan sus partidas.

El sector español más afectado por el convenio es el tomate andaluz

En Valencia, la liberalización de la compra de naranjas y otros cítricos supondrá la pérdida de 16.000 hectáreas de cultivos, 200.000 millones de euros y de unos 640.000 jornales, según Ava-Asaja.

La Consejera andaluza de Agricultura, Clara Aguilera, de la mano de los colectivos agrarios, denunció la 'desventaja' con la que se encuentran los productos españoles para competir con Marruecos, que tiene menores costes de producción por tener mano de obra más barata (los salarios en Marruecos son entre diez y 15 veces inferiores) y estar exento de los requisitos fito-sanitarios de calidad y seguridad obligatorios para los productos europeos.

Coag recurrirá el acuerdo ante el Tribunal de Justicia Europeo

Coag calculó que el acuerdo amenaza 450.000 empleos en España y anunció que recurrirá el acuerdo ante el Tribunal de Justicia Europeo por tres motivos. En primer lugar, la organización considera que el convenio vulnera la normativa comunitaria sobre derechos fundamentales de los consumidores, por la falta de fiabilidad del etiquetado de procedencia de los productos.

Además, Coag considera que la no exigencia de unos requisitos mínimos en materia laboral, medioambiental y social provoca un 'desequilibrio evidente' y una 'competencia desleal'.

Por último, Coag coincidió con Upa y Asaja en denunciar que la UE no puede avalar acuerdos de asociación con un firmante que vulnera constantemente la legalidad internacional: 'Marruecos realiza una apropiación indebida de productos del territorio saharaui, a pesar de que la ONU no reconoce su soberanía sobre los territorios del Sáhara Occidental', criticó el responsable de la comisión ejecutiva de Coag, Miguel Padilla.

Fepex y Upa denunciaron también que el Parlamento Europeo no ha tenido en cuenta los 'reiterados incumplimientos del protocolo en vigor por parte de Marruecos, confirmados por la Oficina de Lucha Contra el Fraude de la UE (Olaf)', que no han sido objeto de 'ninguna' actuación por parte de la Comisión Europea.

En este sentido, el secretario general de Upa, Lorenzo Ramos, exigió participar en los mecanismos de control de las importaciones ya que, a su juicio, Marruecos incumplió de forma sistemática los cupos y precios de venta del anterior acuerdo.