"No hay marcha atrás". Esta es una de las conclusiones del presidente de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Ricardo Lorenzetti, que ha presentado un informe sobre el curso de los juicios que desde hace cuatro años investigan los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la última dictadura (1976-1983), en la que desaparecieron unas 30.000 personas.

"Podemos decir que estamos en presencia de uno de los procesos de investigación en materia de delitos de lesa humanidad más importantes del mundo", sostiene Lorenzetti. Desde 2006 hasta julio de 2010 se han concluido 26 juicios, entre los que se incluye el del último dictador argentino, Reynaldo Bignone, que fue condenado a 25 años de prisión por ordenar la tortura de 56 víctimas de 1976 a 1978.

Otros 11 procesos siguen en trámite, como el que juzga al dictador Rafael Videla y el que investiga los crímenes cometidos en el centro clandestino de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), por donde pasaron más 5.000 personas, de las que apenas sobrevivió un centenar.

El informe recoge los detalles de siete juicios más que ya tienen fecha de comienzo para este año. "Esto es el resultado del esfuerzo institucional de los tres poderes del Estado en el marco del Estado de derecho", proclamó el presidente del máximo tribunal. "Ha sido una decisión de toda la sociedad. Y no hay marcha atrás porque es una idea que ha madurado, y no hay nada más poderoso que una idea a la que le llega su tiempo".

Horas más tarde, la presidenta Cristina Fernández alabó como "ejemplo de independencia" a la Corte Suprema, cuyos integrantes, con el apoyo del Senado, fueron designados por el ex presidente Néstor Kirchner durante su mandato (2003-2007).

"Tengo la tranquilidad de que el camino de la democracia es este, no es el de la venganza", dijo la mandataria. "Esta cuestión no era propiedad de ninguna ideología, no era cuestión de izquierda o derecha, sino que en una sociedad democrática los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y juzgados por los jueces con las garantías que la Constitución otorga".

Al presentar el informe, el presidente del Supremo estuvo acompañado por el juez español Baltasar Garzón, el premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel, y dirigentes de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Garzón se ha comprometido a colaborar con el Gobierno argentino en programas de defensa de los Derechos Humanos y viajó a la ciudad de Córdoba (centro del país) para asistir a una de las audiencias del juicio en el que Videla y otros 30 represores están acusados de torturar y fusilar a 31 presos políticos.

Algunos de los familiares de los represores lo abuchearon a la salida de los tribunales federales. "Vivan los cristianos de España, vivan los falangistas, vaya [a] por los terroristas de ETA", increparon al magistrado.

Garzón no fue el único agredido. Alberto Aprea, portavoz de uno de los procesados, el ex general Luciano Benjamín Menéndez, le propinó un golpe en el rostro a un periodista de Radio Nacional de Argentina, Aldo Blanco, cuando trató de fotografiar a los que insultaban al juez Garzón.

El Ejecutivo argentino, a través de su ministro de Justicia Julio Alak, repudió el incidente que atribuyó a "grupos minúsculos que no se resignan a la política permanente, inexorable y ejemplar que desde 2003 lleva a cabo el Gobierno nacional".

Tras participar en la presentación del informe de la Corte Suprema, Baltasar Garzón se dirigió al Senado para respaldar la candidatura de las Abuelas de Plaza de Mayo al Premio Nobel de la Paz. "Las Abuelas y las Madres ya tienen el premio ganado", señaló Garzón. "Ya es tiempo de conceder el premio Nobel a aquellos que luchan desde la indefensión y el desamparo más absoluto para que se haga justicia".

Junto a él se encontraba la senadora Isabel Allende, que también acudió a Buenos Aires para apoyar esta propuesta. "Las Abuelas son un referente moral a nivel universal", dijo la hija del ex presidente chileno Salvador Allende, asesinado en el golpe de Pinochet. "En esta búsqueda de los niños secuestrados, de sus nietos, [las Abuelas] han creado en el mundo entero conciencia sobre estos hechos deleznables que nunca más deben repetirse".

Esta organización humanitaria ha podido hasta ahora recuperar la identidad de 101 hijos de desaparecidos que fueron apropiados por los militares durante el régimen de represión. Las Abuelas esperan identificar todavía a otros 400 nietos que nacieron en cautiverio durante la dictadura.