MADRID.- “No hay marcha atrás para la paz”. Así de rotundo y de optimista se muestra Enrique Santiago, abogado de las FARC en las negociaciones con el Gobierno de Colombia. Para el también secretario de Movimientos Sociales de IU la victoria del No en el plebiscito del pasado domingo no tiene validez jurídica.

Santiago, que conoce bien los complejos acuerdos de paz firmados el pasado 26 de septiembre, confirma que tienen plena vigencia a pesar de la consulta. “El pacto se ha negociado durante cuatro años. La Corte Constitucional de Colombia manifestó claramente que el referéndum no tenía ningún efecto jurídico, y que tan sólo atañe políticamente al presidente Santos, quien se comprometió a realizarlo”. De esta forma, “lo que está fuera de toda discusión es la validez del pacto acordado el 24 de agosto en La Habana”, declara Santiago a La Tuerka tras participar este miércoles en el debate de En Clave Tuerka Colombianos, más allá del silencio de los corderos.

“La fecha del 31 de Octubre no es un ultimátum. Es una orden a las fuerzas militares colombianas para mantener el cese al fuego bilateral”

Razones que le llevan, sin duda, a ser optimista en un momento en que muchos ponen en duda el fin del conflicto. Y más aún cuando el No ha vencido al Sí por una diferencia “casi inapreciable en el cómputo global”. “Estamos hablando de un 0,5%. Es decir, un 0,5% de los que han ido a depositar el voto, y un 0.01% de la población colombiana. Por tanto, bajo ningún concepto, una cifra así puede determinar el fin de una guerra de 52 años. En definitiva, este es un asunto que requiere de una solución política, de un gran acuerdo nacional, y además de un acuerdo que se debe alcanzar rápidamente”.

Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, aseguró el martes que prorrogaba el alto el fuego con la guerrilla hasta el 31 de octubre, y que fija esa fecha para llegar a un pacto con quienes han dicho No a los acuerdos en las urnas. Principalmente, con los exmandatarios Álvaro Úribe, y Andrés Pastrana, principales detractores de la paz que se ha negociado durante estos años.

“Tanto Uribe como Pastrana deberían entrar a un pacto nacional en Colombia. Porque, de hecho, el proceso de paz, por parte del Estado, ha sido consensuado con todas las fuerzas políticas (salvo el partido de Uribe), incluido el partido conservador de Pastrana ─de hecho, la rara avis dentro de su partido ha sido el mismo Pastrana─. Con lo cual, después de este resultado del plebiscito, lo lógico es que los partidos que hasta ahora no han entrado a ese pacto nacional terminen por entrar”.

De esta forma, para Santiago la fecha del 31 de octubre “no es ningún ultimátum”. “Yo creo que el presidente Santos lo que está haciendo es tratar de dar seguridad jurídica a esta situación que se ha generado después del plebiscito. Y lo que ha establecido, mediante decreto, es una orden a las fuerzas militares para que se cumpla el cese bilateral del fuego, al menos hasta el 31 de octubre. Y estoy convencido de que a partir de esa fecha se volverá a renovar este cese al fuego, si es que para entonces no hubiera empezado ya el proceso de dejación de armas”.

“El derecho a la paz no depende de lo que opinen los ciudadanos en un determinado momento. Es consustancial a la dignidad humana”

Santiago cree, además, que aunque los resultados de la consulta pudieran haberse visto alterados por las lluvias que descargaron con fuerza en toda la costa colombiana el día en que se celebró el plebiscito, éste no debe volver a convocarse, “pues un error no se corrige cometiendo el mismo error. A pesar, incluso, de que el resultado fuera otro”.

Y es que más allá del sentido democrático que se pueda observar en la convocatoria de un referéndum, para este abogado “hay derechos fundamentales que son indisponibles y que no dependen de la opinión de los ciudadanos. Los derechos fundamentales son consustanciales a la dignidad humana, entre ellos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la paz. Y no dependen de lo que opine nadie en un determinado momento”. Prueba de ello es que la consulta ha sido una decisión unilateral del presidente Santos y no fruto de las conversaciones de La Habana. Principalmente "porque se trata de una materia muy manipulable en un momento en el que no ha dado tiempo a que se conozcan en profundidad los contenidos", remarca Santiago.

Las negociaciones por la paz en Colombia se iniciaron oficialmente el 4 de septiembre de 2012, con Cuba y Noruega como garantes, y Chile y Venezuela como acompañantes, y han sido apoyadas por las Naciones Unidas y buena parte de la comunidad internacional durante todo este tiempo. Diálogos que se han desarrollado positivamente hasta la fecha de la firma, superando dos importantes reveses, el secuestro de un general en 2014 y un bombardeo inesperado del Ejército colombiano en 2015.