El presidente de la República de Irlanda, Michael D. Higgins, ratificó este martes la nueva Ley de Protección de la Vida durante el Embarazo 2013, concebida como una ley del aborto pero que sólo legaliza la interrupción de un embarazo cuando la vida de la madre corra peligro, lo que incluye la amenaza de suicidio. La norma descarta supuestos como el de violación o que el feto sufra algún tipod e deficiencia o malformación, algo que ha desatado las críticas de los sectores más progresistas de la sociedad. 4.000 irlandesas viajan cada año a Reino Unido para abortar. Los médicos conservan la posibilidad de abstenerse por prejuicios religiosos.

Después de estudiar el documento durante una semana, el presidente, cuyo cargo es principalmente representativo, estampó su rúbrica sobre la primera ley del aborto que tiene este país, mayoritariamente católico, desde su fundación en 1921. Durante este proceso, Higgins contó con la asistencia del Consejo de Estado, compuesto, entre otros, por ex primeros ministros, expresidentes y miembros de la judicatura.

Todas las partes coincidieron en que la llamada Ley de Protección de la Vida durante el Embarazo 2013 cumple con los contenidos de la Constiución, que defiende el derecho a la vida tanto de la madre como del no nacido. En caso de duda respecto a su constitucionalidad, el presidente, un histórico del Partido Laborista, podría haber remitido el texto al Tribunal Supremo para someterlo a un examen, lo que hubiese demorado significativamente su entrada en vigor.

Desde hoy, la ley redactada por el Gobierno de coalición entre conservadores y laboristas permite el aborto cuando la vida de la madre corre un peligro 'real y sustancial', lo que incluye también la amenaza de suicido.

Sus críticos, no obstante, consideran que es una de las más restrictivas de Europa, pues prohíbe, por ejemplo, la interrupción del embarazo en casos de violación o cuando el feto sufre malformaciones.

Durante décadas, el aborto ha sido ilegal en este país menos cuando la vida de la madre estaba en riesgo, pero sólo se recogía de manera vaga en la Constitución y estaba, además, sujeto a la interpretación de los médicos, que normalmente se negaban a interrumpir embarazos por miedo a consecuencias legales o por convicciones religiosas. Por contra, la nueva ley establece con más claridad en qué casos se autorizará la interrupción del embarazo cuando la vida de la madre esté en peligro e incluye la controvertida cláusula del suicido, lo que, según los sectores más conservadores, abrirá la puerta a los 'abortos a la carta'.

Respecto a la cuestión del suicido, la ley establece que un comité de tres expertos, compuesto por dos psiquiatras y un obstétrico, evalúe a través de un historial y entrevistas el estado de salud físico y mental de la madre. Si los expertos dan luz verde, será la madre la que decida seguir adelante con una interrupción, pero si ésta es denegada ella será la única que podrá apelar la decisión ante otra instancia médica compuesta por otros tres especialistas.

Aún con estas restricciones, el Gobierno confía en que evitará que casi 4.000 mujeres ─ según los datos oficiales ─ viajen a Reino Unido para someterse a un aborto y que no se repitan casos como el de Savita Halappanavar, la mujer india que falleció en un hospital irlandés después de que se le denegara un aborto pese a su embarazo problemático. Savita, de 31 años y embarazada de 17 semanas, falleció el 28 de octubre de 2012 de septicemia en un hospital de Galway (oeste de Irlanda), después de que los médicos se negaran a practicarle un aborto tras alegar que estaba en un 'país católico' y la ley lo impedía mientras latiera el corazón del feto, pese a que el estado de la mujer empeoraba.

A partir de ahora, las interrupciones del embarazo en casos no considerados 'de urgencia' se practicarán en unidades de ginecología del servicio público de salud, después de que dos médicos certifiquen que existe un 'riesgo sustancial y real' para la vida de la madre. Si se trata de una emergencia, un solo médico podrá decidir si es necesario practicar un aborto para salvar la vida de la embarazada.

Los médicos podrán negarse a practicar un aborto por 'objeción de conciencia', si bien el hospital seguirá obligado a ofrecer la interrupción del embarazo en casos pertinentes.