Israel aprueba la primera ley de la polémica reforma judicial de Netanyahu

El Parlamento israelí, conocido como la Knéset, ha aprobado este lunes la primera ley de la polémica reforma judicial impulsada por el Gobierno de Benjamín Netanyahu. Consiste en la norma que anula la doctrina de la razonabilidad, que permitía al Tribunal Supremo revisar y revocar decisiones o nombramientos gubernamentales. Esta doctrina es vista por los movimientos sociales como una garantía democrática fundamental frente a abusos de poder.

La primera ley de la reforma salió adelante con 64 votos a favor –todos los diputados de los partidos de la coalición de Gobierno– y cero en contra, ya que se ausentaron de la votación los 56 diputados del bloque opositor.

"Hemos dado el primer paso en el importante proceso histórico de corregir el sistema legal y restaurar los poderes que le fueron quitados al gobierno y la Knéset durante muchos años", ha afirmado el ministro de Justicia, Yariv Levin, arquitecto de la reforma judicial, tras la aprobación de la ley. 

Una ley que se votó en una sesión plenaria que comenzó el domingo, después de 30 horas de intensos debates entre Gobierno y oposición. Todo ello, mientras miles de manifestantes acampaban frente a la Knéset desde la noche del sábado en contra de la reforma, vista como una amenaza a la democracia al socavar la separación de poderes y la independencia de la Justicia.

Mientras la oleada de protestas aumenta, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se recupera de una cirugía cardíaca de urgencia. El mandatario se ha sometido a una operación para la implantación de un marcapasos en el pecho, que ha resultado exitosa.

La reforma ha provocado una fractura social

Ante la fuerte división social generada, el presidente, Isaac Herzog, ha promovido varios intentos de negociación para que Gobierno y oposición llegasen a un acuerdo de consenso, pero los esfuerzos no han dado sus frutos.

Horas antes de la votación, Herzog apeló al "entendimiento" y la "responsabilidad" de las partes para lograr un consenso ante lo que describió como una "emergencia nacional" por la profunda fractura social que ha provocado la reforma, que ha desatado las mayores protestas de la historia de Israel.

El presidente israelí se reunió este domingo por separado con Netanyahu y con los líderes de la oposición, Yair Lapid y Benny Gantz. El objetivo del encuentro es intentar retomar las negociaciones que empezaron en abril, pero que se rompieron en junio, cuando el gobierno decidió seguir adelante unilateralmente con la reforma.

Esto revitalizó el movimiento de protestas, que no ha cesado en siete meses, con manifestaciones masivas en las últimas semanas –este sábado más de 550.000 personas salieron a las calles en todo el país–.

La última jornada de protestas, de este lunes, ha dejado 19 detenidos y cinco heridos leves en altercados con la Policía. De hecho, las autoridades tuvieron que emplear cañones de agua para dispersar a los manifestantes, ya que bloqueaban los accesos al aeropuerto.

La oposición recurrirá ante el Supremo 

El jefe de la oposición israelí, Yair Lapid, ha adelantado que apelarán ante el Tribunal Supremo esta ley. "Mañana por la mañana recurriremos ante el Tribunal Supremo esta legislación, la cancelación unilateral del carácter democrático del Estado de Israel y la forma antidemocrática y depredadora en que se llevaron a cabo las discusiones en el comité constitucional de la Knéset", indicó el político en su cuenta de Twitter.

"Esta es la crisis más grave que hemos enfrentado y no fue causada por nuestros enemigos sino por un gobierno extremista y radical", denunció Lapid, quien acusó además a Netanyahu de haberse convertido en "un títere de un grupo de extremistas y mesiánicos".

Por otra parte, el Movimiento para un Gobierno de Calidad en Israel, una importante ONG local, ha anunciado que ya recurrió la ley ante el Supremo y advierte de que se trata de "una ley inconstitucional porque cambia fundamentalmente la estructura básica de la democracia parlamentaria israelí y la naturaleza del régimen".

La ONG argumenta que, en la práctica, la ley "deroga el poder judicial y daña gravemente el delicado tejido de la separación de poderes y el sistema de contrapesos en el Estado de Israel" y "da poder ilimitado al poder Ejecutivo".