JERUSALÉN.- La ONG israelí Shurat ha-Din anunció ayer que acaba de presentar ante la Corte Penal Internacional denuncias por crímenes de guerra contra tres dirigentes palestinos, entre los que se encuentran el primer ministro RamiHamdala y Yibril Rayub. "Queremos que se den cuenta de que si recurren a la CPI serán ellos quienes acarrearán las peores consecuencias", comenta un portavoz de Shurat ha-Din, un grupo que se define a sí mismo como "una ONG de derechos humanos judía que lucha contra el terrorismo y el antisemitismo mundial" en Israel, Estados Unidos y varios países de Europa Occidental.

Esta no es la primera vez que Shurat ha-Din presenta una denuncia contra dirigentes palestinos ante la CPI. En septiembre ya denunció al líder de Hamás Jaled Mashal, y dos meses después, en noviembre, hizo lo propio con el presidente Mahmud Abás. Esta cadena de denuncias, que se irá ampliando en el futuro, tiene por objetivo hacer que los palestinos se desdigan y no recurran a la CPI, y si esto no puede ser, que los dirigentes palestinos reciban la misma medicina que los israelíes. En 2011 un diplomático de Estados Unidos filtró que Shurat ha-Din recibe el material que utiliza para presentar sus querellas directamente del gobierno israelí. 

Justamente Israel ha dicho que va a "pasar al ataque" después de que el 2 de enero los palestinos presentaran su solicitud de ingreso en la CPI. "Hemos cambiado del modo de defensa al modo de ataque, y hasta ahora solo hemos adoptado algunas medidas preliminares", ha dicho el director general del ministerio de Exteriores israelí.

Una de las estrategias que seguirá Israel, según han declarado algunos altos funcionarios, consistirá en utilizar distintos grupos pantalla proisraelíes de Estados Unidos y Europa para hacer frente a la nueva amenaza, implicando al mayor número posible de occidentales que simpatizan con el Estado judío.

El "modo de ataque" incluye una ofensiva diplomática en Estados Unidos al amparo del lobby judío AIPAC, que ya está movilizando a senadores y congresistas para que interrumpan la ayuda norteamericana a los palestinos, que se cifra en unos 400 millones de dólares anuales y que es vital para el sostenimiento de la Autoridad Nacional Palestina.

Varios senadores y congresistas han declarado en público que no habrá ningún problema para interrumpir esa ayuda puesto que ya han pasado una resolución que condiciona la ayuda a que los palestinos no recurran a la CPI.

En el seno del gobierno se ha filtrado esta semana que además Israel dará un impulso a organizaciones que simpatizan con Israel para que presenten denuncias en los tribunales ordinarios de Estados Unidos y Europa contra los dirigentes palestinos.

El primer ministro Benjamín Netanyahu ha celebrado desde el 2 de enero al menos tres reuniones ad hoc con sus ministros más cercanos para preparar una batería de medidas contra los palestinos, y la primera consecuencia ha sido la retención de los impuestos que Israel recauda en nombre de los palestinos.

Este dinero, aproximadamente 100 millones de euros al mes, se dedica a pagar los salarios de los funcionarios de la ANP. La remesa de diciembre, que Israel debía haber entregado el pasado viernes, ya está retenida, de manera que pronto se sentirán las consecuencias.

Los dirigentes israelíes indican que no están preocupados porque la ANP se encuentre en peligro de sufrir un colapso. Algunos ministros han dicho que lo que Israel tiene que hacer es disolver la ANP puesto que los acuerdos de Oslo de 1993 han dejado de existir. "La política del statu quo se ha terminado", ha sentenciado el titular de Exteriores Avigdor Lieberman.

Curiosamente la misma posición la defienden dirigentes palestinos como Saeb Erekat, jefe del equipo negociador, quien considera que lo más razonable es "devolver las llaves" de Cisjordania a Israel para que se haga cargo de los territorios ocupados y gestione la ocupación, puesto que es insostenible el statu quo, que consiste en que la ANP gestione la ocupación sin que Israel tenga que ocuparse de ella.

"Israel se va a encontrar pronto en la misma situación que existía en 1992", ha dicho Erekat en referencia a la presencia israelí en todos los territorios ocupados antes de los acuerdos de Oslo, lo que comportaba un enorme desgaste político, militar y económico que ahora le evita la ANP.

Aunque en el entorno de Netanyahu se insiste en que las medidas de castigo contra los palestinos no implicarán el desarrollo masivo de las colonias judías, el mismo día que Netanyahu se refería a este asunto en esos términos, Israel anunció la inminente construcción de otras 300 viviendas en la colonia de Bet El, cerca de Ramala. Esto muestra claramente que una cosa es lo que dicen los dirigentes israelíes para consumo de la opinión pública extranjera y otra muy distinta lo que hacen sobre el terreno para consumo de la opinión pública israelí.

Las medidas que Israel ya ha adoptado y va a seguir adoptando van a crear una fuerte inestabilidad en los territorios ocupados y una volatilidad que no permite hacer pronósticos pero que está abierta a un sinfín de posibilidades, algunas de ellas muy nefastas.

En Ramala se insiste en que la situación no puede continuar así. "Desde el año 2000 (cuando estalló la segunda intifada), Israel ha desprovisto a la ANP de todas sus competencias, con excepción del pago de los salarios de los funcionarios y la coordinación de seguridad, de manera que es muy poco lo que podemos perder", asegura un funcionario palestino.

En cuanto a Israel, todo indica que su gobierno va a seguir sin responder a las peticiones de los palestinos de que delimiten cuáles son sus fronteras, una situación que les permite seguir construyendo a destajo mientras la comunidad internacional, la única que mediante una fuerte presión podría resolver el conflicto, sigue con los brazos cruzados.