Italia ha dado el primer paso para considerar la gestación subrogada (conocida también como vientres de alquiler) como un "delito universal". Este miércoles la Cámara de los Diputados aprobó un texto impulsado por el partido Fratelli d'Italia, liderado por la primera ministra, Giorgia Meloni, y propuesto por la diputada de este partido Carolina Varchi, apellido que ha dado nombre a la ley.

El texto propone penas de prisión que pueden ir entre los tres meses y los dos años y multas que podrían alcanzar un millón de euros para las personas que viajen al extranjero donde esta práctica esté legalizada para estos procedimientos.

Italia ya consideraba ilegal esta práctica por una ley de 2004, pero ahora endurece los términos y la considera ilegal incluso realizada en terceros países. En su presentación, Viachi afirmó que "la maternidad es única, insustituible y no subrogable" y añadió que "la maternidad no puede darse a cambio de una tarifa porque un hijo no es comercializable".

Una votación dividida dentro de los partidos

La votación ha sido no sólo ajustada, sino muy dispar y con grandes divisiones internas entre los distintos partidos. La mayoría de la izquierda se posicionó a favor de una enmienda para legalizar lo que llaman "la gestación subrogada solidaria", es decir, en la que la madre gestante no recibe una remuneración económica más allá de los gastos ocasionados. Los verdes se manifestaron en contra. También el partido demócrata (de izquierdas) se dividió entre los católicos (mayoría en el grupo) y los que están a favor de esta práctica y la agrupación Cinco Estrellas dio libertad de voto a sus diputados.

La votación final acabó con 166 votos a favor de la ley Vianchi, 109 en contra y cuatro abstenciones. La norma tiene que pasar ahora un trámite en el Senado antes de convertirse en ley.

Temores a una persecución LGTBI+

A pesar de que la mayoría de las familias que recurren a la práctica de los vientres de alquiler son parejas heterosexuales que tienen problemas para concebir, gran parte de la población ha interpretado estas medidas como una vuelta de tuerca contra la comunidad LGTBI+.

Hace unos meses el Gobierno italiano, además, había emitido una orden para que los alcaldes no registren bebés nacidos de parejas homosexuales, tanto si son concebidas por vientres de alquiler, como se se trata de mujeres lesbianas que han sido madres por inseminación en el extranjero.

De hecho, recientemente la fiscalía de la región de Padua ha emitido órdenes a una treintena de parejas de lesbianas para que se presenten ante la Justicia para evaluar si las madres no gestantes deben perder su condición de madres. Algunas de estas parejas, tal como reflejan medios italianos han comenzado los trámites de adopción de las madres no gestantes de sus propios hijos, por las dudas de que la Justicia acabe anulando su maternidad.