Italia desvela el nexo mafioso del partido de Berlusconi

En Italia, todavía hay quien pone en duda la veracidad de los relatos del escritor Roberto Saviano en su best-seller Gomorra, aunque tras el golpe que asestó ayer en toda Italia la Fiscalía antimafia de Nápoles, pocos podrán achacar un exceso de imaginación al autor. La Policía detuvo a un total de 52 personas y decretó el arresto domiciliario de otras cinco en una gran operación contra el clan de los Casalesi. Entre los sospechosos hay capos, abogados y banqueros. Pero de todos los nombres destaca el de dos políticos del Pueblo de la Libertad (PdL) del ex primer ministro, Silvio Berlusconi. Se trata del diputado y coordinador del PdL en Campania, Nicola Cosentino, y del presidente de la provincia de Nápoles, Luigi Cesaro.

Los fiscales solicitaron ayer a la Cámara Baja el permiso para proceder al arresto del primero, que al ser parlamentario goza de inmunidad. Con respecto al segundo, por ahora, solo consta en el registro de personas investigadas.

Nicola Cosentino, exsubsecretario de Economía, podría ser desaforado

Pocos podrán extrañarse de que estos personajes hayan acabado en el punto de mira de los fiscales Antonello Ardituro, Giovanni Conzo, Henry John Woodcock, Francesco Curcio y Catello Maresca. Porque desafortunadamente para el pueblo campano, desde hace años se les relaciona constantemente con el entorno de los Casalesi, el tráfico de basuras en Nápoles y los negocios de la Camorra.

De hecho, para Cosentino apodado Nick o'mericano no es la primera petición que recibe la Cámara. En 2009 la extensa mayoría de la que gozaba Berlusconi impidió que la Fiscalía lo detuviera por considerarlo un "referente político nacional" de los negocios del clan, y en septiembre de 2010 los mismos diputados impidieron que se usaran contra él los pinchazos telefónicos que servían de prueba. Cesaro, conocido como Giggino, fue detenido ya en 1984 por su presunta colaboración con la Nueva Camorra Organizada, así que su hoja de servicios es de todo menos transparente.

Lo de ayer viene a confirmarlo. La operación parte de tres investigaciones paralelas. La primera se refiere a la financiación ilegal a los Casalesi para la construcción de un centro comercial en Casal di Principe. Según la investigación, Cesaro y Cosentino que era subsecretario de Economía de Berlusconi hicieron de intermediarios en 2008 con el banco Unicredit el más importante de Italia para que el capo Nicola Di Caterino y sus cuñados Cipriano Cristiano y Luigi Corvino (todos arrestados) pusieran en marcha el negocio gracias a un crédito de cinco millones y medio de euros a través de una sociedad ficticia.

La Policía cree que este político es un "referente" para el clan de los Casalesi

Cristiano y Corvino eran en 2007 alcalde y consejero regional de Casal di Principe. O'Americano, además, pudo haber conseguido además que el arquitecto técnico del ayuntamiento diera un permiso irregular para la construcción del complejo. El crédito fue concedido cuando ningún empresario italiano normal lo habría conseguido a causa de la crisis y por ello fueron detenidos ayer Alfredo Protino, director regional de Unicredit, y otros dos trabajadores más de la entidad.

Las otras dos investigaciones se refieren al negocio del cemento del clan, que encontró un filón de oro legal en el centro comercial, y a la posible compra de votos en las elecciones de 2007 y 2010.

Según la investigación, los Casalesi tenían un sistema para el fraude electoral que iba desde la sustracción de papeletas de los colegios al voto con documentos falsos.

Cosentino está acusado de concurso en asociación mafiosa, lavado de dinero y corrupción y engrosa una larga lista de políticos cercanos a Berlusconi que acaban envueltos en temas de mafia. El propio Il Cavaliere tiene antecedentes en estos negocios y 20 años después de su llegada a la política aún no ha explicado de dónde salió el dinero con el que construyó Milano 2, el pelotazo inmobiliario que le encumbró. El senador Marcello Dell'Utri, tiene todas las respuestas, una condena a siete años de cárcel y otra sentencia de hace un año que le definió como su "intermediario" oficial con Cosa Nostra.