El juez Matthew Nicklin, con voz suave y amables ademanes, ha cerrado este martes la vista preliminar el juzgado número 13 del Tribunal Supremo de Londres sobre la inmunidad del rey emérito para ser procesado en los tribunales ingleses por la demanda de acoso, difamación y vigilancia ilegal presentada por Corinna Larsen contra Juan Carlos I.

Entre este lunes y martes en los que se han presentado las argumentaciones de las dos partes, el juez ha interrumpido en muchas ocasiones, siempre con buenas maneras, a los abogados del rey emérito y de su examante. Los letrados pertenecen a lucrativos bufetes, como Clifford Chance, el que representa al ex jefe del Estado español (y que se ocupó del caso Thyssen contra Thyssen, que se dirimió en Bermuda entre el barón fallecido contra sus hijos para repartir la herencia), y Three Raymond Building, que representa a Corinna Larsen.

La capacidad de Juan Carlos I durante su reinado para proceder en actos privados o públicos ha sido uno de los temas analizados en activa y en pasiva y hasta en pluscuamperfecto. ¿Dónde empieza o acaba lo público y lo privado? Este es uno de los interrogantes que tendrá que resolver el juez en los próximos días. En una de sus benévolas interrupciones a Sir Daniel Bethelem, abogado del emérito, el juez dijo: "Vamos a ver cómo pudo producirse esto; el rey llama al general Sanz Roldán, jefe del CNI, y este, en periodo sabático, junto a sus ayudantes y medios, también en periodo sabático, les dice que vengan aquí [Londres] para llevar a cabo ciertas actividades; y después regresan y se acaba el sabático". El juez enfatizó el término "sabático". Las "actividades" a las que alude hacen referencia a los presuntos delitos que la examante del rey le atribuye.

En otra de sus interrupciones, el juez Nicklin rebatió al abogado del rey el argumento histórico que le retrotrajo hasta el Tratado de Utrech de 1713 para enmarcar las buenas relaciones entre Reino Unido y España durante siglos. "La historia siempre es muy interesante, pero aquí es prácticamente irrelevante", apostilló el juez. El abogado del rey aduce que "la inmunidad soberana del jefe de Estado debe ser mantenida en todos sus actos". Para defender la inviolabilidad del emérito, Sir Daniel Bethelem alegó leyes y convenciones nacionales e internacionales, entre ellas la ley de Inmunidad del Estado (SIA, en inglés) que rige en Reino Unido desde 1978 o la Convención de Viena de 1961. El periodo previo o posterior a la abdicación del rey en junio de 2014 es otro de los términos a considerar así como si Juan Carlos pertenece o no a la Casa Real y a la institución monárquica.

La examante presentó la demanda civil en diciembre de 2020: lo hace con el nombre de Corinna Zu Sayn-Wittgenstein-Sayn contra Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón. Según la empresaria alemana, el rey la agasajaba con obras de arte, joyas y "regalos financieros", incluidos los 65 millones de euros en junio de 2012 que después le reclamó abriendo la etapa del desamor. Como pruebas de acoso cita un agujero que simulaba una bala en su casa de campo de Shropshire (oeste de Inglaterra) el 21 de junio de 2017 mientras ella dormía. Otras pruebas del memorial de agravios son el encuentro de un libro sobre la muerte de la princesa Diana en las mesitas de noche de sus apartamentos de Mónaco y Suiza o las amenazas a sus hijos.

Corinna ha asistido, aplicada, a la vista judicial, rodeada de abogados y empleadas de la firma de relaciones públicas que la representa. Ha tomado notas y parecía seguir las deliberaciones hasta que se diluían en los tecnicismos.

El turno del abogado defensor de la aristócrata, James Lewis, resultó también estimulante para el juez, aunque el letrado iba al grano con más frecuencia que sir Daniel. "Cuando se acaba la jefatura del Estado, se acaba la inmunidad; eso está claro". Y continuó: "Maltratar o acosar a una mujer con la que el acusado tuvo una relación sentimental es un asunto privado. Es casi ridículo sostener que el Estado español es el que cometió los actos". Corina separa el rey del Estado para no aceptar la inmunidad de Juan Carlos I.

Lewis acudió también a la jurisprudencia que sentó el caso del fallecido dictador Augusto Pinochet sobre inmunidad de jefes de Estado. Recordó que lord Steyn, uno de los cinco jueces que formaban el tribunal de aquel caso, manifestó en aquella ocasión lo siguiente: "Si un jefe de Estado mata al jardinero en un ataque de rabia, quién, estando en sus cabales, podría atribuirlo a su papel como jefe de Estado?". La realidad es que en el caso dictador chileno, finalmente le fue retirada la inmunidad para ser procesado, pero se libró de ello por edad y salud.

Otros de los casos comparativos que han surgido en la vista preliminar diferencian la inmunidad soberana de la diplomática u otras, y hacen referencia a la familia real de Arabia Saudí  y a la de Catar.

Por lo que respecta a Juan Carlos, aunque los abogados de Corinna y del acusado no quieren aventurarse a pronosticar el veredicto del juez, otras otras fuentes de la abogacía que prefieren mantener el anonimato auguran escenarios como que al rey emérito "se le podría retirar la inmunidad, y sin embargo podría librarse de ser juzgado aquí [Londres] por el hecho de que el acusado no es ciudadano británico, la denunciante tampoco y algunos de los presuntos delitos se cometieron fuera de Gran Bretaña". "Ahí podría haber alguna razón para que los tribunales ingleses se desentendieran del caso", continúan dichas fuentes

La inviolabilidad del rey emérito es la primera cuestión que, como vista preliminar, llega a los tribunales ingleses. Otra podría ser la "naturaleza de los delitos", lo cual prolongaría el proceso durante largo tiempo hasta llegar (en caso de que así suceda) al juicio que quiere Corinna contra Juan Carlos y agentes del CNI, incluido su exdirector, Félix Sanz Roldán.

Un caso en el que convergen el culebrón, las altas finanzas, el poder político y las cloacas del Estado, Villarejo mediante.

Corinna pide una indemnización por haber perdido ingresos y trabajos desde que rompió su relación sentimental con el emérito. También pide una orden de alejamiento de 150 metros. Desde Abu Dabi a Londres es lo único que tiene garantizado.