Un Tribunal de la ciudad argentina de Rosario (provincia de Santa Fe, centro) condenó a dos expolicías provinciales por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar del país (1976-1983) contra cuatro militantes de la agrupación Montoneros, informaron este martes fuentes judiciales.

Los exagentes Mario Alfredo Marcote (el Cura) y Julio Héctor Fermoselle (el Pollo), quienes pertenecieron al Servicio de Informaciones de la Policía de la provincia de Santa Fe, fueron sentenciados a penas de 17 años y 14 años y 6 meses de prisión, respectivamente, según detalló el Ministerio Público Fiscal en un comunicado.

En el momento de los hechos, el Servicio de Informaciones de la Policía provincial se encargaba de obtener y clasificar informaciones de inteligencia, funcionando además como un centro clandestino de detención y tortura.

Los jueces Jorge Sebastián Gallino, Cintia Graciela Gómez y Mateo Busaniche consideraron a ambos expolicías como penalmente responsables de los delitos de privación ilegítima de la libertad y violación agravada, además del delito de aplicación de tormentos en el caso de Marcote, en perjuicio de Nilda Virginia Folch (la Polaca), José Baravalle, Ricardo Miguel Chomicki y Graciela Porta, integrantes de los Montoneros, una organización guerrillera de signo peronista.

Asimismo, el Tribunal decidió mantener la prisión preventiva que estaba cumpliendo Fermoselle y ordenó "anotar formalmente" en calidad de detenido a Marcote.

Los hechos juzgados

Según la acusación, el 28 de junio de 1976 José Baravalle fue secuestrado por personal policial y, posteriormente, alojado en las instalaciones del Servicio de Informaciones, en donde permaneció hasta octubre de 1977 "por su condición de militante de la juventud peronista".

Por su parte, Graciela Porta fue secuestrada el 23 de febrero de 1977 y quedó confinada en aquella dependencia policial en compañía de Baravalle, con quien luego terminó casándose.

De acuerdo a la Fiscalía, Ricardo Miguel Chomicki y Nilda Virginia Folch fueron secuestrados por policías vestidos de civil el 1 de diciembre de 1976 a la salida de un bar en Rosario y fueron trasladados al Servicio de Informaciones, "donde los sometieron a sesiones de torturas".

En ese lugar, Folch fue abusada sexualmente por los dos condenados junto a un tercer hombre, que todavía no ha sido identificado.

Pérdida de la identidad

Si bien muchas víctimas en otros procesos similares sostuvieron que Baravalle, Porta, Chomicki y Folch colaboraron con los imputados en la búsqueda y detención de militantes políticos y sociales, el juicio consiguió probar que estas personas estaban sujetas "al control total y discrecional de sus secuestradores".

En ese sentido, los fiscales destacaron el carácter "despersonalizador" del aparato represor instaurado en la dictadura y recordó las palabras de Baravalle en la nota que escribió antes de suicidarse en 2008: "Es tremendo pasar de ser víctima a verdugo (...). Mi única culpa es que no he podido resistir la tortura. ¿Cuál es el límite humano? Pido disculpas a todos los amigos y familiares", expresó en la misiva.