El Consejo de Estado francés, máxima instancia administrativa del país, constató este jueves que el Gobierno francés incumple sus compromisos climáticos y le ha dado tres meses para justificarse, en una sentencia considerada "histórica" por los defensores del medio ambiente.

El tribunal señaló que Francia "está superando en los últimos años de forma regular los máximos de emisiones" de gases contaminantes que se fijó para alcanzar los objetivos marcados en el Acuerdo de París de 2015, que tiene como objetivo evitar que la temperatura media global del planeta supere los 2ºC.

Por ello, la justicia francesa pone en duda que se puedan cumplir esas metas, que pasan por reducir un 40% las emisiones en el horizonte de 2030 con respecto a las que el país tenía en 1990.

Antes de dictar sentencia, el Consejo de Estado da tres meses al Gobierno para justificar "que el rechazo a tomar medidas complementarias es compatible con el respeto a la trayectoria de reducción elegida para cumplir con los objetivos fijados para 2030". 

Reducir las emisiones en siete años

El tribunal constata que Francia viene incumpliendo sus objetivos en los últimos años, lo que le llevó a establecer en abril pasado una nueva trayectoria que fija el grueso de los recortes a partir de 2023 y obligará al país a afrontar en esos siete años "una reducción de emisiones a un ritmo nunca logrado hasta ahora". De no convencer, el Consejo de Estado podría imponer sanciones a Francia e, incluso, obligarle a cumplir esos compromisos, fijados en una ley.

La sentencia se produce después de que Damien Carême, el entonces alcalde ecologista del municipio de Grande-Synthe, al norte del litoral atlántico francés, recurriera en 2018 ante esta instancia por considerar a su ciudad en riesgo por la subida del nivel del mar provocada por el calentamiento climático.

El Consejo de Estado admitió la denuncia al considerar que la localidad estaba "particularmente expuesta" a ese peligro. Posteriormente, las alcaldías de París y Grenoble se sumaron al caso, al igual que una decena de ONG medioambientales.

"La decisión del Consejo de Estado es histórica porque a partir de ahora pasamos a una obligación de obtener resultados en materia de lucha contra el cambio climático", indicó la exministra de Ecología Corinne Lepage, quien también es abogada de Grande-Synthe en este caso. 

Países Bajos, una sentencia pionera 

En diciembre de 2019, el Tribunal Supremo de Países Bajos también realizó una sentencia histórica respecto a la responsabilidad climática de su país. La sentencia ratificó que el Gobierno tiene la obligación de reducir las emisiones contaminantes y que debía hacerlo, al menos, en un 25% para 2020.  

Al igual que Francia, el Ejecutivo del país había firmado el Acuerdo de París en la 21ª Cumbre del Clima. Finalmente, el Tribunal Supremo terminó obligando a Holanda a cumplir con sus compromisos, dando la razón a la ONG ecologista Urgenda, que fue quien llevó a los tribunales al Estado gracias al apoyo de La Haya (2015).