La pasada noche, la luz eléctrica llegó por primera vez en un año a L'Aquila, diluyendo por unos instantes las tinieblas de la ciudad fantasma italiana. Una iluminación todavía provisional, precaria, apuntalada, proyectada por la Academia de la Imagen para dar una señal de esperanza y acompañar a los miles de ciudadanos que han recorrido las calles para recordar a sus muertos y soñar con la reconstrucción.

La capital de la región de los Abruzos, joya arquitectónica y artística encaramada en el regazo de los Apeninos, se halla reducida a escombros desde que, a las 3.32 de la madrugada del 6 de abril de 2009, un terremoto de 5,8 grados en la escala de Richter devastó el valle y segó 308 vidas.

Los habitantes de la bella ciudad de las 99 iglesias y fuentes se juraron que devolverían el esplendor a sus calles. El primer ministro, Silvio Berlusconi, prometió ayuda en tiempo récord, pero hoy el descontento se ha extendido entre buena parte de los 70.000 habitantes del valle.

El Gobierno ha construido 4.449 casas prefabricadas y alojado a 14.657 personas. Todas ellas, en las afueras de la ciudad o en los pueblos. Pero el centro histórico de L'Aquila se halla todavía precintado y, abandonada a su suerte, la fisonomía de la ciudad es cada día más irreconocible. 'La estupenda fuente del siglo XV de la plaza de San Pedro está cubierta de escombros que el día del terremoto no estaban; se ha convertido en un vertedero', denuncia Pier Luigi Cervellati, de la asociación Italia Nostra. 'La ciudad histórica está como embalsamada. La misma catedral es la imagen de muerte y desolación, con el interior cubierto de residuos de hasta tres metros de altura que recubren los capiteles', añade Cervellati.

Hartos, varios cientos de ciudadanos se reúnen cada domingo en la ciudad armados con carretillas para retirar los despojos, desafiando los precintos y a la policía, que en varias ocasiones ha decomisado el material. Según la asociación Legambiente, quedan 4,5 millones de toneladas de escombros por recoger. Además, todavía permanecen sin hogar otras 15.000 personas, que hoy se hallan esparcidas en hoteles de la costa, casas de familiares y hasta cuarteles militares. Su impaciencia crece por momentos.

Lo peor, sin embargo, son las sospechas de que buena parte de la tragedia podría haberse evitado. La Justicia investiga a Protección Civil por homicidio involuntario, al no haber adoptado suficientes medidas de prevención antisísmica. 'Para nosotros hoy es un día difícil', explica Antonietta Centofanti, que representa a las familias de los jóvenes fallecidos en la Casa del Estudiante. Hoy su antorcha será un símbolo: 'Espero que la investigación arroje luz sobre las responsabilidades de quienes debían defender a nuestros hijos y nietos de un terremoto largamente anunciado desde hacía meses', dice Centofani.