MONTEVIDEO.- El 7 de diciembre de 2014 llegaba al aeropuerto de Montevideo un C-17 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que traía a bordo ─esposados, encapuchados y aún vestidos con el uniforme naranja que utilizaban en prisión─ a cuatro sirios, un tunecino y un palestino recién liberados de la cárcel de Guantánamo. Uruguay se convertía así en el primer país sudamericano en recibir en su territorio a ex detenidos de una prisión calificada de “campo de concentración” por organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional.

“Hemos ofrecido nuestra hospitalidad para seres humanos que sufrían un atroz secuestro”, explicaba el entonces presidente uruguayo José Mujica. Pocos meses antes Barack Obama había pedido “ayuda” para ir vaciando el campo de detención montado en tierra cubana en 2002 por su predecesor George W Bush y Uruguay había sido de los primeros en responder al llamamiento.

El acuerdo para la llegada
de 'los seis' a Uruguay establecía que la ONU no les reconociera la condición de refugiados y les obligaba a permanecer en el país un lapso de dos años

Las condiciones en las que que llegaron no estaban en la época demasiado claras, pero Mohammed Tahamatan, Ali al Shabaan, Abd Hadi Faraj, Ahmed Adnan Ahjam, Abdul Bin Mohammed Ourgy y Jihad Diyab estaban dejando atrás los infernales 12 años que habían pasado en Guantánamo en total aislamiento, a merced de arbitrariedades y torturas constantes y sin haber sido sometidos ni siquiera a un simulacro de juicio. “Los seis” podrían, por fin, reconstruir sus vidas.

Después se sabría que su estatuto en Uruguay era producto de un acuerdo privado con Estados Unidos que hacía que la ONU no les reconociera la condición de refugiados y que los obligaba a permanecer en el país por un lapso de dos años. Nada raro. Era la misma condición que Washington fija, hasta hoy, a todos los países que han aceptado recibir a expresos de Guantánamo. Lo raro era que el gobierno uruguayo no lo reconociera.

Cuando se entrevistó, en la propia cárcel instalada en territorio cubano, con los seis candidatos al refugio, el enviado especial de José Mujica se había comprometido a traerles a sus familias, a brindarles atención médica y psicológica, formación en lengua española y un dinero mensual suficientemente digno durante un período que vence en febrero próximo. Pocas de esas promesas se cumplieron. La mayor asistencia que “los seis” recibieron llegó sobre todo de la solidaridad de organizaciones sociales e individuos aislado. Además, en la mayor parte de los casos sus familias nunca llegaron.

Diyab es, de las casi 800 personas que pasaron por Guantánamo una de las que más resistencia presentó a sus carceleros, recurriendo al único método de protesta al que podía recurrir: la huelga de hambre

De los seis, Jihad Diyab era el único que estaba casado y con hijos. Cuando le detuvieron, en 2002 en Pakistán, el menor de sus vástagos no pasaba de los tres años. Tenía otros tres. Uno de ellos murió en la guerra, en Siria, al igual que otros 12 de sus familiares. Diyab es también el que más padeció las condiciones de detención en Guantánamo, donde, entre otros daños, le agravaron adrede una lesión en la columna vertebral causada por un accidente de tráfico.

Diyab es, de las casi 800 personas que pasaron por la cárcel estadounidense una de las que más resistencia presentó a sus carceleros, recurriendo al único método de protesta al que podía recurrir: la huelga de hambre. “Nunca lo hice para morir sino para tener la sensación de ser un hombre libre”, explicó al poco tiempo de llegar a Uruguay. En 2014, Diyab inició un juicio a Estados Unidos por la alimentación forzosa a que fue sometido durante su huelga de hambre. Washington no se lo perdona.

La promesa de la reunificación familiar en Montevideo nunca se concretó. Y si se hubiera concretado él no hubiera podido mantener a esposa, hijos y madre. Semiinválido, imposibilitado para trabajar y con un pobre manejo del español, los 500 dólares mensuales que recibe en uno de los países más caros de América Latina le hubieran sido imposibles para ofrecerles una vida digna. Sus cinco ex compañeros de cautiverio acamparon entre abril y mayo de 2015 en las afueras de la embajada estadounidense para reclamar que Washington se hiciera cargo de su sustento y asumiera su responsabilidad por los 12 años de vida que les habían robado. “Es un problema uruguayo”, respondieron los representantes estadounidenses.

Carteles y mensajes de apoyo a Jihad Diyab junto al Ministerio de Exteriores de Uruguay. - AFP

Diyab, por su estado físico, no pudo acompañarles, pero en esa misma época comenzó a plantear una nueva reivindicación: que le dejaran ir a un tercer país, de preferencia de Oriente Medio. “Es un hombre libre, puede ir donde quiera”, afirmaron las autoridades uruguayas. No era así. Un corto viaje a Buenos Aires (su madre es argentina) terminó con el sirio “invitado” a volver a Montevideo.

En junio pasado, sin avisar a sus allegados y tras pasar parte del mes del ramadán en el norte de Uruguay, Diyab cruzó la frontera seca con Brasil, consiguió dinero para atravesar el enorme país en autobús y, con unos pocos pertrechos y una bolsa de medicamentos, llegó a Venezuela. Pensó ─así se lo habían dicho─ que en Caracas le sería más fácil agenciarse asistencia para acercarse a Turquía, país en el que están instalados su mujer y sus hijos. Durante las semanas en que nada se supo de él, la prensa regional tejió todo tipo de historias sobre el díscolo y errante sirio que podría intentar vincularse a grupos yihadistas para cometer algún atentado durante los Juegos Olímpicos.

Detenido en Caracas, Diyab inició una huelga de hambre que prosiguió en Montevideo. A comienzos de septiembre dejó de ingerir líquidos durante diez días, lo que le condujo al coma

En Caracas, Diyab no consiguió la ayuda que pensaba. El 26 de julio decidió ir a pedirla al consulado uruguayo. Pocas horas después fue detenido por los servicios de inteligencia bolivarianos. “Venezuela me capturó porque Uruguay le dijo que yo era un criminal peligroso con documentos falsos”, contó un mes después, ya de vuelta en Montevideo, donde fue deportado el 30 de agosto tras pasar un mes en un limbo jurídico. “Venezuela se ofreció a darme asilo y traer a mi familia o facilitarme la llegada a otro país, pero Uruguay y Estados Unidos empezaron a presionar para que me devolvieran a Montevideo”, agregó. Todavía faltaban un par de meses para que se cumplieran los dos años de permanencia obligatoria que marcaba el acuerdo con Estados Unidos.

Estando detenido en Caracas, nada más enterarse de que sería deportado, Diyab inició una huelga de hambre que prosiguió tras regresar a Montevideo. A comienzos de septiembre dejó de ingerir líquidos durante diez días, lo que le condujo al coma. Reanimado en un hospital, aceptó interrumpir su medida cuando la cancillería uruguaya le prometió que intercedería ante terceros países (incluido Estados Unidos) para encontrarle un nuevo destino.

Tras el fracaso de las gestiones (Qatar, Turquía, Líbano habrían respondido que no lo aceptaban), el sirio retomó, el 3 de octubre, la huelga seca. Dos días después elevó un recurso de habeas data ante la Comisión de Refugiados de Uruguay. Pidió, entre otras cosas, que se le diera copia del acuerdo firmado en Guantánamo entre representantes de los gobiernos de Montevideo y Washington y que la cancillería local le comunicara con precisión qué gestiones estaba llevando a cabo para encontrarle un nuevo país y las respuestas recibidas. Si esas informaciones le eran brindadas, aceptaba levantar la protesta. Algunas le fueron entregadas. No la copia del acuerdo, del que, según Cancillería, “no hay existencia física”.

La familia de Diyab tiene la sensación de que EEUU  continúa manejando sus vidas. Que los países de acogida de los ex presos de Guantánamo terminan atados de pies y manos

Durante los mismos días, un integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo solicitó al papa Francisco que intercediera. El prelado argentino habría aceptado. El 22 de octubre, Jihad Diyab cesó su huelga de hambre, 68 días después de haberla comenzado. Había recibido una propuesta para instalarse en un tercer país, que el propio sirio ha mantenido hasta ahora en secreto. Lo único que se sabe es que no le ha llegado como consecuencia de gestiones oficiales sino desde “gente solidaria”, según ha comunicado el entorno del refugiado sirio.

El pasado viernes se conocieron por primera vez declaraciones de la familia de Diyab. Su mujer, Yusra al Hasne, Ahmad, su hijo menor, y un primo de Ahmad que no se identificó, conversaron en Estambul, donde están instalados desde hace dos años, con el semanario uruguayo Brecha y contaron lo que han padecido durante estos 14 años, desde que Jihad fue detenido, en 2002, hasta ahora. La sensación que tienen es que Estados Unidos continúa manejando sus vidas. Que los países de acogida de los ex presos de Guantánamo terminan atados de pies y manos y que pocas cosas pueden controlar. Ignoran por qué no pudieron concretar la reunificación familiar en Montevideo. Siempre hubo impedimentos formales, “casualidades”, “malos entendidos” que lo hicieron imposible.

“Estamos totalmente preparados para el viaje a Uruguay, pero no lo aceptan, no aceptan darnos el visado, desde el principio. Quién lo anula, no lo sabemos. Puede que sea Uruguay, puede que sea Estados Unidos”, dijo uno de ellos. De lo que sí están seguros es que si Estados Unidos hubiera movido un dedo Jihad podría haber encontrado refugio en un tercer país: Qatar, Líbano, Turquía, cualquiera. “¿Hasta cuándo se quedará la pesadilla de Guantánamo en nuestras vidas? Queremos que acabe", concluía Yurna al Hasne.