Como adelantó Público, España y Reino Unido llegaron in extremis a un principio de acuerdo sobre Gibraltar el día 31 de diciembre, a 12 horas de que acabara el plazo de negociación. Este lunes se conocía el contenido íntegro del acuerdo que contempla la demolición de la valla física que rodea el Peñón y la instauración de un mecanismo de "doble llave" para acceder a la colonia británica, por el que ambos países tendrán que aprobar la entrada de los visitantes a Gibraltar. El texto, difundido por El País, contiene las líneas generales del acuerdo, que tendrán que ser desarrolladas en un tratado con la Comisión para entrar en vigor en un plazo máximo de seis meses.

El acuerdo se abre con cuatro artículos en donde se subraya que el contenido que de ahí se sigue no implica una reformulación del marco de soberanía y jurisdicción gibraltareño, sino que mediará en "ciertas áreas que sean competencia de la UE". 

Gibraltar seguirá siendo una puerta de entrada a Europa

Uno de los puntos que más preocupaban era el referido a la entrada y salida de personas. El acuerdo entre la UE y Reino Unido contendrá disposiciones para  eliminar las barreras físicas del Peñón e imponer las partes más relevantes del acuerdo Schenguen de movilidad europea. "España, como Estado vecino miembro de Schengen, será responsable de la implementación de los controles. Reino Unido no los implementará", señala el texto.

Para garantizar el cumplimiento de los acuerdos europeos se ha dispuesto un sistema de doble llave de entrada. Gibraltar decidirá primero si autoriza o deniega la entrada al visitante, usando su propia base de datos. España decidirá después, y en base a los criterios de la UE,  si autoriza o deniega la entrada en el área Schengen (en la que se integra Gibraltar), utilizando la base de datos Schengen. "Ambas decisiones serán acumulativas"; explicita el pacto, pues los dos permisos son imprescindibles para acceder al Peñón.

A los rechazados en la frontera de Gibraltar, se les aplicarán las normas Schengen sobre devolución al país de partida. Las autoridades gibraltareñas serán las competentes para la concesión del asilo, pero su decisión estará sujeta a consulta con la Comisión Europea para comprobar que es acorde con la legislación de la UE.

La legislación aduanera

El futuro tratado incluirá una "solución a la medida", basada en la adaptación a Gibraltar de la unión aduanera de la UE, de la que hasta ahora estaba excluida. Se eliminarán, por innecesarios, los controles aduaneros en la frontera pero "serán necesarias medidas que eviten distorsiones en el mercado interior, especialmente en la economía de la región" vecina, Andalucía. Para ello, Gibraltar deberá aplicar "en lo sustancial" los mismos aranceles y política comercial que la UE, lo que incluye derechos aduaneros, IVA, prohibiciones y restricciones por razones de seguridad; así como facilitar a la Unión estadísticas fiables sobre sus importaciones de bienes, informa El País.

El pacto traerá beneficios para los gibraltareños

Dado el desequilibrio entre las economías de los territorios andaluces que circundan el Peñón y Gibraltar, el acuerdo podría incluir la creación de un mecanismo financiero de cohesión entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar en materia de formación y empleo. "Los fondos de la UE podrían contribuir a este mecanismo", señala el pacto. 

Además, el pacto incluirá un capítulo para coordinar los servicios de Seguridad Social de quienes trabajen en Gibraltar y residan en España y viceversa. Las previsiones serán similares a las del tratado entre la UE y el Reino Unido y nunca inferiores, en protección y derechos, a las del tratado de retirada.

Lo dispuesto en el pacto no es definitivo

Existirá un periodo de transición durante un "razonable periodo de implementación" de cuatro años. España "pedirá asistencia operacional de la Agencia Europea de Fronteras y Guarda Costas (Frontex) para tareas relacionadas con los controles Schengen y la protección de las fronteras exteriores", en una misión conjunta. En el caso de que, transcurridos los cuatros años, alguna de las partes (España o Reino Unido, incluidos los gibraltareños) "no esté satisfecha con los resultados", el acuerdo se dará por terminado, previa celebración de consultas.