Tras una larga década de complejas investigaciones y deliberaciones, el Tribunal Especial para Líbano (TEL) de la ONU, creado exprofeso para juzgar el asesinato del primer ministro libanés Rafik Hariri, ocurrido en Beirut en 2005, dictó el martes su veredicto condenando a un miembro de Hizbolá y exculpando a otros tres sospechosos de la organización chií, una decisión que fue bien acogida por la mitad de los libaneses y rechazada por la otra mitad.

El exprimer ministro Saad Hariri declaró que acepta el veredicto del tribunal con sede en las cercanías de La Haya y que ahora espera "un castigo justo" para quienes asesinaron a su padre, una opinión que comparten quienes desde el minuto uno, antes de que comenzara la investigación, ya atribuyeron el crimen sin ningún género de duda a Siria y Hizbolá.

En estos tres lustros las cosas han cambiado mucho. Líbano se ha hundido en una letal crisis económica y el sectarismo intrínseco que domina su vida política ha conducido al país a una situación que vuelve a parecer irreversible y que puede indicar que nos hallamos en los preámbulos de una revolución, aunque tampoco existen garantías de que el sistema vaya a colapsarse.

Hace ya bastantes años que Saad Hariri hizo las paces con Siria. Es más, los cuatro altos generales sirios que durante cuatro años fueron investigados por la justicia y condenados por las masas, fueron exonerados de toda culpa en 2009 tras varios escándalos que mostraron que la supuesta trama entre Siria y Hizbolá nunca existió y que tanto Siria como Hizbolá habían sido elegidos de antemano como cabezas de turco.

Hizbolá se negó a dar detalles de los cuatro sospechosos argumentando que el juicio era una "conspiración" politizada, de manera que no ha colaborado con la investigación. De hecho, los sospechosos se hallan en paradero desconocido y Hizbolá, que formalmente no ha sido acusada por falta de pruebas, ha dicho que nunca los entregará.

El martes fue la primera vez en la historia que un tribunal internacional occidental dictó una sentencia en ausencia de los acusados, y que lo hizo sin pruebas, sin una grabación de video, sin una grabación de audio, sin testigos que hayan visto u oído lo ocurrido en Beirut en febrero de 2005, y sin que ni siquiera se haya verificado una miserable transferencia de dinero.

Los interrogantes que se investigaron durante más de dos lustros siguen siendo interrogantes después del veredicto. Dos desconocidos condujeron el vehículo trufado de explosivos hasta el lugar del crimen. No se ha logrado saber quién telefoneó a Aljazeera y a Reuters para acreditar el atentado. Y la identidad del mismo suicida que se inmoló continúa siendo un misterio pese a los millones de dólares y cientos de abogados e investigadores que han participado en la prolija, enrevesada e incierta investigación.

Algunas estimaciones indican que en los últimos 15 años Líbano se ha gastado en ese circo internacional más de 1.000 millones de dólares, una cantidad desproporcionada para ese pequeño país sumido en una crisis económica y política permanente. Con ese dinero, Líbano podría haber tapado algunos agujeros que necesita tapar desde tiempo inmemorial.

Con recursos prácticamente ilimitados, el TEL ha declarado culpable solo a una persona, Salim Ayyash, miembro de Hizbolá, con unas pruebas no menos sospechosas. El TEL no ha aportado grabaciones de llamadas, ni contenido de mensajes, sino un análisis del movimiento geográfico del su teléfono celular basado en conjeturas que especulan con que el sospechoso llevaba dos teléfonos al mismo tiempo, aunque el TEL no aporta pruebas que lo certifiquen.

Para complicar más el argumento decisivo del TEL, resulta que en enero de 2005, un mes antes del crimen, Ayyash estaba en Arabia Saudí realizando una peregrinación religiosa, y usó sus tarjetas bancarias en las ciudades de la Meca y Medina. No obstante, su número de teléfono libanés continuó funcionando en Líbano, una circunstancia que según los detractores desbarata la teoría aceptada por el tribunal.

Los mismos detractores indican que el TEL no tuvo en cuenta declaraciones que implicaban a un grupo de Al Qaeda. Según miembros de este grupo, el vehículo trufado de explosivos fue preparado en el norte de Líbano, pero el TEL seguía empeñado en que el vehículo había llegado de Siria. El TEL tampoco tuvo en cuenta precisas declaraciones de miembros de Al Qaeda con respecto al crimen puesto que contradecían las obsesiones del tribunal.

El TEL no encontró pruebas que vinculen a otros tres sospechosos. Los tres eran miembros de Hizbolá, de manera que los magistrados parecen querer indicar que el juicio no ha estado politizado. Este es un argumento válido para la mitad del país, pero no para la otra mitad, que considera que el veredicto contra Ayyash sin pruebas concluyentes demuestra que el tribunal estaba politizado.

No está claro que este nebuloso episodio haya concluido. El abogado designado para defender los intereses de Ayyash ya ha indicado que apelará, y la fiscalía no descarta que la resolución sea revocada. Es probable que el juicio se repita y que se prolongue unos cuantos años más.