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Londres duda en mantener el arresto domiciliario sin pruebas

I. SÁENZ DE UGARTE

La ministra británica del Interior, Theresa May, quiere continuar con una de las medidas más polémicas de la lucha antiterrorista aprobada en los tiempos de Tony Blair: las 'órdenes de control' de sospechosos de terrorismo, que restringen sus derechos y les imponen una especie de arresto domiciliario sin necesidad de presentar una acusación formal en los tribunales. El Gobierno no ha tomado aún una decisión definitiva, pero se enfrenta al rechazo que causa la medida entre los liberales demócratas y algunos sectores del Partido Conservador.

Los sospechosos, de los que se desconoce su identidad, están confinados en sus casas la mayor parte del día. Algunos tienen prohibido ver a sus familias o incluso se vieron obligados a vivir en otra ciudad. No pueden utilizar ordenadores ni el transporte público.

Varias decisiones judiciales han cuestionado la legalidad de estas medidas, aprobadas en 2005. Desde entonces, 48 personas han pasado por esa situación. Actualmente, sólo son nueve. Los sospechosos controlados pueden recurrir ante los tribunales, pero no hacer público que les han aplicado la orden. En ese caso, serían acusados de desacato y condenados a una estancia en prisión.

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