El Gobierno británico se ofreció a EEUU para almacenar las bombas racimo en su territorio, con una 'excepción temporal' ocultada al Parlamento, según revela un cable diplomático estadounidense filtrado a Wikileaks del que informa hoy el diario The Guardian.

Reino Unido alquiló a EEUU la isla de Diego García, en el océano Índico, donde Norteamérica tiene un gran depósito para estas municiones, entre otras armas, según se ha filtrado. Sin embargo, esta postura choca con el acuerdo que Gran Bretaña firmó en 2008, en la Convención sobre Bombas Racimo, para prohibir el uso, almacenamiento y transferencia de estas últimas. Entre los signatarios faltaron EEUU, Rusia, China, la India o Pakistán.

La posición oficial de Londres pasa por permitir a Washington almacenar las bombas hasta 2013, tal y como aseguró el pasado abril en el Parlamento la entonces secretaria de Estado para la Defensa y la Seguridad Internacionales, Ann Taylor.

Uno de los cables filtrados a Wikileaks indica que el Foreign Office ofreció a EEUU la posibilidad de 'hacer una excepción temporal para misiones específicas', algo que ocultó, al Parlamento. La fuente revela que la mayoría de bombas racimo Estadounidenses se almacenan en barcos alrededor de Diego García en un aparente intento de burlar la prohibición para que sigan en suelo británico después de 2013.

El cable indica que el funcionario del Ministerio de Exteriores encargado de Política de Seguridad, Nicolas Pickar, 'reconfirmó que se permitiría a EEUU seguir almacenando en aguas' de Diego García.

Reino Unido se comprometió a no ayudar a los países a usar bombas racimo, según ha afirmado Thomas Nash, del grupo 'Cluster Munition Coalition', que combate el uso de esas armas. Para Nash esto último indica 'una falta de respeto hacia el Parlamento y las prácticas democráticas' por parte del Gobierno.

'No debería permitirse ningún tipo de excepciones y las bombas racimo deberían desaparecer para siempre de Diego García y sus alrededores', afirmó Nash, según el cual cualquier autorización especial debería ser aprobada por el Parlamento.